MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El alto Comisionado de Derechos
Humanos de la Organización de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, inició este
lunes el trámite de la demanda presentada por la revista Proceso en contra de la decisión del Estado
mexicano de destruir toda evidencia de la elección de Felipe Calderón como
presidente.
La
sección de Peticiones e Investigaciones del Alto Comisionado informó que la
demanda del director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, se apoya en el
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de la ONU.
El
Protocolo fue admitido sin reservas por México el 15 de marzo de 2002, durante
el gobierno del antecesor de Calderón, Vicente Fox, 36 años después de que se
sometiera a adhesión a los firmantes del Pacto.
El
pasado jueves 25, Rodríguez Castañeda presentó ante el Comité de Derechos
Humanos una denuncia en contra del Estado mexicano por considerar que la
decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) de destruir todo registro de la
elección presidencial de 2006 viola sus derechos humanos protegidos en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En su
escrito a la ONU, publicado en el número actual de Proceso (1778), el director del semanario se
quejó de la falta de recursos legales en México para garantizar que cualquier
ciudadano acceda a la información electoral, como decidieron el propio IFE, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Rodríguez
Castañeda dice también que al negar ese acceso, México viola el artículo 19 del
Pacto Internacional, referido al derecho universal de buscar, recibir y
difundir informaciones, sin que en el caso operen restricciones relacionadas
con la seguridad nacional.
De
acuerdo con sus propias disposiciones, el Comité de Derechos Humanos de la ONU
puede estar al tanto de asuntos que ya hayan sido conocidos por otras
instancias internaciones, como en el caso de las boletas electorales lo hizo la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En
noviembre pasado, el organismo interamericano se negó a darle entrada a la
demanda de Rodríguez Castañeda, quien alegó violaciones a la Convención
Americana de Derechos Humanos por la decisión del Estado mexicano de negarle
acceso a las boletas de la cuestionada elección presidencial del 2006.
Fuente: Proceso
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