México, (EFE).- Los casos de tortura en México aumentaron
alrededor del 500% en los últimos seis años, en el marco de la lucha contra el
narcotráfico emprendida por la administración de Felipe Calderón Hinojosa,
según un informe presentado ayer por varias Organizaciones No Gubernamentales
(ONG).
El documento, titulado “Situación de la Tortura en México”, será llevado
este martes 30 de octubre ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas
en Ginebra (Suiza), órgano encargado de supervisar la aplicación de la
Convención contra la Tortura, a la que México se sumó en 1986.
“La tortura
sigue siendo una herramienta constantemente utilizada por las fuerzas de
seguridad y fomentada por el actual pasivo de las autoridades ministeriales y
judiciales”, dijo en rueda de prensa en la capital mexicana la portavoz de la
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), Agnieszka
Rzczynska.
Este informe, realizado por las 73 organizaciones que constituyen la
Red TDT, junto con la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la
Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), muestra la
“preocupación” que suscita una “situación agravada por la falta de avances en
políticas públicas”.
El texto incluye los datos de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), que muestran un incremento de más de 300% entre las
392 denuncias recabadas en 2007 y las 1,669 de 2011, y aquellos casos
documentados por organizaciones de la sociedad civil.
“Es difícil contar con
cifras, pues la mayoría de casos no se denuncian, pero a pesar del subregistro,
el número de casos del 2006 a la fecha ha aumentado en un 500 por ciento”,
precisó el portavoz del colectivo contra la tortura y la impunidad, Javier Enríquez.
De acuerdo con el informe, “la militarización de la guerra contra el crimen” es
uno de los principales factores que ha motivado este incremento y, como prueba,
señalan el aumento de las denuncias en contra de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena).
Mientras en 2006 hubo 182 denuncias por tortura contra este
organismo, en 2011 fueron 1,626, lo que “da una idea del incremento de
violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército”.
“Lo que plasmamos
es una preocupación de que la tortura es fomentada por el diseño de las
actuales políticas públicas en materia de seguridad pública, especialmente por
la participación de las fuerzas militares en la detención, retención e
interrogación de civiles”, aseveró Rzczynska.
Los firmantes del informe denuncian,
además, la existencia de un modo de operar “enmarcado en un patrón de lucha
contra el crimen organizado” que comienza por una “detención arbitraria” y
culmina en un proceso judicial donde se admiten declaraciones bajo tortura.
Asimismo, precisan que las palizas, los intentos de asfixia, el simulacro de
ejecución, la atadura de extremidades o las amenazas de muerte al detenido y a
su familia son las formas más habituales de tortura, en medio de una situación
caracterizada por la falta de contacto con abogados o autoridades judiciales.
“La tortura es tolerada por un sistema que utiliza criterios judiciales para
admitir como pruebas las confesiones arrancadas mediante tortura o coacción y
por la negativa de realizar investigación en los casos de tortura”, afirmó
Rzczynska.
Ante esta situación, confiaron en que las resoluciones que emita el
Comité contra la Tortura hagan al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones
y admitir que no es un asunto puntual, sino “sistemático y en proceso de
normalización”.
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