Para cumplir su sueño –un lujoso club campestre–, el padre del fallecido Juan Camilo Mouriño, el gallego Carlos Mouriño Atanes, no se detiene ante detalles legales o éticos: mediante trampas y con la complicidad de las autoridades ha despojado de su patrimonio a decenas de ejidatarios de Lerma, algunos de los cuales aún se mantienen en lucha por conservar sus tierras. Además, para dotar de playa a su complejo turístico saquea los bancos de arena de una ensenada que alberga numerosas especies en peligro de extinción.
CAMPECHE, CAMP. (Proceso).- Próximo a extinguirse el calderonato que la llevó a la cúspide del poder, la familia del desaparecido Juan Camilo Mouriño aprieta el paso para consumar el sueño que acaricia su patriarca, Carlos Mouriño Atanes: apropiarse del ejido Lerma, cuyas tierras ya comercializa para su Campeche Country Club.
Mouriño Atanes reapareció en público el pasado 26 de agosto para la presentación de su proyecto inmobiliario y el arranque de la etapa de preventa de lotes, pese a que las tierras aún están en litigio: Un grupo de ejidatarios lucha por conservarlas.
El Campeche Country Club –impulsado por el Grupo Energético del Sureste por medio de su inmobiliaria Supermex– será una suma de lujos: constará de 304 lotes residenciales y tendrá campo de golf de 18 hoyos, canchas de tenis, de racquetball y futbol y una alberca semiolímpica.
Además, según se anunció en la presentación, tendrá “la más extensa y espectacular playa de Campeche”. Será artificial, para lo que se pretende quitarle arena a los bancos de Xpicob, una microrregión aledaña que, aunque no está bajo régimen de protección oficial, es un ecosistema donde coexisten al menos unas 15 especies protegidas o en peligro de extinción.
Oro por espejitos
Con los incondicionales de Juan Camilo distribuidos en las dependencias federales y el ayuntamiento de Campeche, y con la venia del gobierno estatal, los Mouriño echaron a andar su plan para despojar a los ejidatarios de Lerma de las tierras donde se construye el Campeche Country Club.
El 20 de enero de 2008 se celebró una asamblea ejidal en la que por primera vez apareció un grupo de empresarios encabezado por Antonino Almazán Arteaga –cuyo nombre se menciona en numerosos asuntos de despojo de tierras en la península yucateca– “para exponernos su interés en adquirir las tierras ejidales para un proyecto que ya tenían”, explica Pedro Celestino May, líder del Movimiento Campesino Tierra y Libertad, agrupación que se creó posteriormente para defender el ejido.
Almazán ofreció a los ejidatarios parcelar las tierras que hasta ese momento eran comunales.
“Nos dijo: ‘Les parcelaré para que tengan la certeza jurídica de su tierra hasta alcanzar el dominio pleno y como sé que no tienen dinero me pagarán con tierras’”, relata.
Añade: “Yo me levanté para decirle a Antonino que no se podía cobrar con tierra porque era el patrimonio de nuestras familias, le pedí a la gente que no firmara, que lo analizaran con su familia y se asesoraran legalmente”.
Pese a la oposición de la mayoría de los ejidatarios presentes en esa asamblea, el comisariado ejidal firmó el contrato con la empresa de Almazán, Instituto de Capacitación y Asesoría Integral de México, para que ésta parcelara las tierras comunales. A ese encuentro asistieron 95 de las 172 personas enlistadas en el padrón de ejidatarios. De los asistentes sólo 28 respaldaron con su firma el contrato.
Pero 25 de los inconformes iniciaron un juicio de nulidad de esa asamblea; no obstante, el magistrado del Tribunal Agrario de Campeche, Juan José Pérez Palma, ya fallecido, falló contra los promotores del juicio. En los tribunales con sede en Cancún se les concedió el amparo y se ordenó reponer el procedimiento, pero al regresar el caso a Pérez Palma éste determinó que “ya es cosa juzgada” y le dio carpetazo. Los ejidatarios intentaron llevar el caso a la Suprema Corte, donde les fue rechazado el recurso.
May denuncia que en la Procuraduría Agraria, cuyo delegado es Onésimo Darío López Solís (colocado en ese cargo tras la muerte de Juan Camilo, de quien fue cercano colaborador), “nos negaron la asesoría legal que pedimos desde que comenzó el robo de nuestras tierras”.
El 24 de enero de 2009 se celebró otra asamblea ejidal para informar que al día siguiente se llevaría a cabo el sorteo de parcelas económicas, lo cual hizo Almazán en presencia de la visitadora de la Procuraduría Agraria, Concepción de la Cruz Paz, y de la notaria pública 40, Nelia del Pilar Pérez Curmina, quien también es delegada del Instituto Nacional de Migración.
En la asamblea del día siguiente además de la asignación de parcelas se aprobó el cambio de destino de las tierras.
“Llegaron mostrando el nuevo plano del ejido en el que ya venían marcadas las tierras con que se cobraría Antonino. Él de manera unilateral decidió qué superficie tomaría”, señala May. “Fuimos ocho los que no entramos ni a la rifa ni a la venta de tierras y exigimos que nuestro derecho ejidal quede a salvo. Así se hizo y nos dijeron que entonces nosotros ya no teníamos nada que pelear”, dice.
En el reparto a cada uno de los 164 ejidatarios que parcelaron le tocarían 53.5 hectáreas, además de que la empresa de Almazán, aunque el contrato no especificaba la superficie con la que se le pagaría por el servicio de deslinde y de qué zona, se cobró con aproximadamente 2 mil 300 hectáreas a orillas del mar, que hizo que se distribuyeran “entre cinco de sus prestanombres que fueron reconocidos como posesionarios en esa asamblea, pese a que no viven en el ejido ni se les conocía”.
Son Miguel Velázquez Nieva, el topógrafo que firma el plano del deslinde y a quien se le asignaron 600 parcelas; Cruz García Ramírez, 42 parcelas; Luis Alberto Cu Flores, 19 parcelas; Jorge Enrique Pérez Ruiz –hermano de Geni Pérez Ruiz, abogada de Almazán y exempleada de la Procuraduría Agraria–, 61 parcelas; y Abel Muñoz Lagunes, 51 parcelas.
“El comisario les extendió a estas personas las constancias de que son avecindados en Lerma; si no hubiera sido por eso el Registro Agrario Nacional (RAN) les tendría que haber negado el registro. Eso fue lo que permitió el robo de tierras. Ellos a su vez traspasaron los terrenos a los Mouriño. Le pedimos al gobernador (Fernando Ortega Bernés) que detuviera esto, pero no quiso hacer nada”, acusa.
La delegada del RAN es Socorro Gamboa Vela, una maestra de preescolar del equipo de Juan Camilo que fue asignada a ese cargo desde que éste vivía. La firma de ella está estampada también en el nuevo plano de Lerma, un ejido conurbado a esta capital que fue fundado en 1924 y que actualmente tiene unos 12 mil habitantes.
Destaca que luego Almazán hizo firmar a 164 ejidatarios otro contrato, ahora ante el notario público número 49, Enrique Castilla Magaña, en el que, independientemente de las tierras con las que se cobró, les hace ceder sus “derechos de uso y disfrute” de sus parcelas para dar también la legítima posesión de ellas a las cinco personas arriba mencionadas.
De acuerdo con documentos en poder de esta corresponsal, a cada ejidatario se le pagó por la parcela que le correspondía –sin avalúo– 230 mil pesos distribuidos en tres pagos. “Sacando cuentas tenemos que a los ejidatarios les pagaron a 40 centavos el metro cuadrado y los Mouriño a su vez están vendiendo el más barato de sus lotes a 288 dólares por metro cuadrado”, resalta Celestino May.
En la cláusula cuarta del contrato se establece que “las partes convienen” que esos nuevos posesionarios ejercerán “totalmente los derechos de uso y disfrute” sobre las parcelas “sin más limitaciones que las establecidas en la Ley Agraria”, y en consecuencia se les hace entrega, tras la firma de ese documento, “de la posesión material sobre la superficie objeto del presente, con todas sus pertenencias, infraestructuras, usos y servidumbres, renunciando asimismo a toda posibilidad de ejercer acción legal alguna en la que demande derechos derivados de la cesión que en este acto efectúa”.
“A quienes se resistían a firmar esa cesión de derechos les llevaron enormes televisores, lavadoras, les techaron o les pusieron pisos a sus casas; a otros hasta carros les dieron. El comisario ejidal acabó siendo dueño de una coctelería. Esta gente abusó de la necesidad de los ejidatarios.”
Los muertos que firman
Los Mouriño ahora se enfocan en las 400 hectáreas que quedaron a salvo como tierras comunales.
“La presión ahora es contra nosotros, los cinco ejidatarios que aún quedamos en la lucha y no nos hemos doblegado, pese a las amenazas y los ofrecimientos de dinero que hemos recibido”, señala May.
En su afán por despojarlos también a ellos de sus predios, los empresarios han incrustado a más de una decena de sus personeros como nuevos ejidatarios “porque la Ley Agraria dice que para conservar un ejido se deben mantener por lo menos 25 ejidatarios en el padrón, y en este caso todos los que parcelaron dejaron de serlo y pasaron a ser pequeños propietarios”.
Para ese fin se celebraron nuevas asambleas y se falsearon otras en las que hasta los muertos firmaron.
“Iniciamos en el Tribunal Agrario otros juicios de nulidad contra esas asambleas, como la del 21 de agosto de 2011, en la que supuestamente renunciaron dos ejidatarios y se incorporaron dos más: Moisés Mansur Cisneiros y Alfonso Ortega López, a los que ni conocemos. Esa asamblea fue suspendida porque estaba fuera de la ley, pero un día que acudimos al RAN a revisar los archivos nos llevamos la sorpresa de que se registró un acta falsa en la que se da por celebrada la asamblea y además aparecen las firmas de ejidatarios muertos avalándola.
“Pedimos una copia certificada de esa acta pero la delegada del RAN nos la negó, suponemos que por miedo porque la Procuraduría Agraria fue cómplice. Por la vía del amparo se nos tuvo que entregar y luego interpusimos una denuncia penal en la Tercera Agencia del Ministerio Público, en la Procuraduría General de Justicia del estado, por los delitos de falsificación de asambleas y firmas, pero el expediente ACH-1692 está congelado”, acusa.
Por ese motivo, dice, “ampliamos la denuncia ante el Ministerio Público, pero su titular nos dijo que son usos y costumbres de Lerma y me acusó de haber robado las actas de defunción. ¡Cómo se atreve a decir que falsificar la firma de un muerto es parte de los usos y costumbres de un pueblo! ¡Eso es un delito! Peor cuando un notario público, que en este caso fue Jorge Luis Pérez Curmina, hermano de Nelia, valida el acta falseada y las firmas de los muertos”.
También demandaron ante el Tribunal Agrario la nulidad de la asamblea del 6 de diciembre de 2011, donde se incorporaron como ejidatarios y reclamando el dominio pleno de las tierras de que son titulares Miguel Velázquez Nieva, Cruz García Ramírez, Abel Muñoz Lagunes, Alfonso Ortega López, Moisés Mansur, Cisneiros, Riveroll, Santa Bartola Acuña –contadora de Almazán–, Héctor Apolinar Huesca, Jorge Enrique Pérez Ruiz, Eugenia del Socorro Pérez Ruiz, Damián Víctor Manuel Urtusuástegui y Pablo Gómez Rico.
El acta correspondiente está certificada por Jorge Luis Pérez Curmina y aparecen las firmas de más muertos.
“Antonino dijo en esa asamblea a los ejidatarios presentes que si aprobaban dar el dominio pleno a esas personas les daría mil pesos, un regalo y un pavo en la asamblea del 27 de diciembre, y firmaron cediendo el dominio pleno de sus tierras en lo presente y lo futuro”, dice May.
Y más muertos firmaron el acta del 27 de diciembre. Una vez más certificó las firmas el notario Pérez Curmina.
Pero no es todo. Según May el acta de la asamblea del 27 de diciembre había sido presentada ante el RAN días antes, el 19 de diciembre, sin contar con que la burocracia estaba de vacaciones desde el día 15.
El juicio aún está en proceso ante la magistrada del Tribunal Agrario Dinorah Velázquez, y “aunque en la última audiencia que tuvimos, el pasado 26 de septiembre, el comisario reconoció la falsificación de firmas, no confiamos en la justicia, hemos visto que estamos luchando contra un monstruo, que son los Mouriño, pero seguimos y ya se nos han unido unas 300 personas, hijos de los ejidatarios, que no están de acuerdo con que sus padres cedieran así sus derechos”.
Celestino May revela que ya un par de veces lo fue a ver Mouriño Atanes para intentar convencerlo personalmente de ceder sus derechos ejidales.
“Quiere hacer un estadio –dice que va a traer a entrenar ahí a la Selección Nacional de futbol– y una carretera de ocho carriles, pero en los terrenos comunales que conservamos, y que es donde tenemos nuestro ganado y nuestros trabajaderos. Le dije que el patrimonio de nuestros hijos no tiene precio y que yo no freno el desarrollo de Campeche, que si quería nuestras tierras mejor nos asociamos al 50-50, nosotros ponemos la tierra y que él construya ahí lo que quiera, si el negocio no le funciona se lleva sus cosas y me deja mis tierras como estaban. Se molestó y advirtió que me va a llegar al precio”, relata.
No es todo.
“Los ejidatarios ahora deben pagar también a la empresa de Almazán los títulos de propiedad de sus solares. Lo harán en tres pagos y el monto dependerá del avalúo por metro cuadrado. Por ejemplo, el de un predio de los más chicos, de 50 por 50, podría llegar a costar hasta 250 mil pesos, cuando ellos les pagaron 230 mil pesos por sus parcelas”, asegura.
Ecocidio
Para crear “la más extensa y espectacular playa de Campeche” que ofrecen en su proyecto del Country Club, los Mouriño requieren verter en su pedregosa área costera 47 mil 773 metros cúbicos de arena, que inicialmente extraerían en un banco de Playa Norte, en Ciudad del Carmen, para lo cual ya disponían del permiso de la Semarnat.
Pero con el afán de ahorrar costos decidieron extraerla de la ensenada de Xpicob, aledaña a la zona donde se construye el Country Club, aun sin autorización de la Semarnat.
“Xpicob es una microrregión que tiene características importantes por las que debería ser declarada área protegida: tiene más de 15 especies en peligro de extinción. Es una zona de humedal marino que tiene coral, gorgónidos, algas, aves marinas en protección, especies migratorias, y es rarísimo encontrar que en un lugar tan pequeño haya tanta diversidad en peligro”, destaca el biólogo Miguel Medina Gómez, presidente de la agrupación ambientalista Enlaces con tu Entorno Verde.
El también responsable de la Unidad de Ecoturismo y Campamento Tortuguero Xpicob, que intenta frenar el dragado en esa área, asegura que “es infinito todo lo que hay en este lugarcito de 100 hectáreas, y esos señores de Supermex dicen que no será grave la afectación”.
“Ese banco de arena que pretenden explotar le da rareza al sitio, pero eso no lo entiende la gente que está promoviendo ese proyecto, porque no tiene conciencia de lo que es un ecosistema. Para ellos es nada más arena, pero lo que afecten podría tardar hasta 50 años en recuperarse. Nosotros estamos dando fundamentos técnicos y científicos para tratar de impedir que se autorice”, destaca.
La petición del biólogo para que la extracción de arena se someta a consulta ya rindió frutos: el viernes 26 la Semarnat publicó en la gaceta estatal una convocatoria para que en los siguientes 20 días –después de la publicación– los interesados presenten sus argumentos.
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