México, DF. La reforma constitucional en materia educativa quedó aprobada en el Congreso federal, al admitirse en la Cámara de Diputados las modificaciones que a la minuta impuso el Senado para garantizar que la educación, además de laica y gratuita, sea considerada de calidad.
La minuta, abordada en el pleno de San Lázaro, fue objetada por un sector de los partidos de izquierda y del Panal (partido de Elba Esther Gordillo), quienes argumentaron que la llamada reforma educativa conlleva la privatización de esa actividad.
Sustentaron su argumentación en el inciso A del artículo quinto transitorio del dictamen, donde se estipula “fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda, con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta”.
Tal argumentación contenida en la minuta se interpreta como la clave de la privatización, pues el Estado mexicano dejaría de atender su responsabilidad en el ámbito de la infraestructura educativa.
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