(Uno de los pocos que realmente se dedica a trabajar por el bien de México. La propuesta sería muy valiosa, porque así le destapan el fraude a Calderón y a Peña Nieto)
MÉXICO, D.F. (apro).- El diputado federal del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Martí Batres Guadarrama, presentó una iniciativa
que tiene como objetivo impedir que se destruyan las boletas electorales en un
plazo menor a 12 años, así como para garantizar que se clasifique como
información reservada.
La
iniciativa pretende reformar el numeral 2 y se adiciona el numeral 3 del
artículo 302 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Martí
Batres recordó que “en los últimos 24 años los mexicanos hemos padecido tres
fraudes en elecciones presidenciales: en 1988, en 2006 y en 2012”.
“La
oscuridad, tanto en el cómputo como en la disposición de la información
electoral, ha jugado un papel fundamental para hacer posibles dichos fraudes”,
precisó.
En este
contexto, el pasado 25 de octubre, el director de la revista Proceso, Rafael
Rodríguez Castañeda, pidió al Comité de Derechos Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) que le requiera al Estado mexicano evitar la
destrucción de las boletas utilizadas en los comicios del 2006.
El
periodista señaló que al destruir las boletas, el Estado mexicano viola
diversas disposiciones del Pacto Internacional relacionadas con la libertad de
información y las garantías judiciales. (Proceso 1878, actualmente en circulación).
Sin
embargo, el próximo 12 de noviembre iniciará la destrucción de la papelería
electoral utilizada en los comicios del 2006, pese a que anteriormente el
directivo de Proceso interpuso una demanda contra el Estado
de México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el
2008; misma que tuvo respuesta y fue rechazada hasta noviembre del año pasado.
De esta
forma, el diputado del PRD enfatizó que “en la elección de 2006 nunca se tuvo
certeza del cómputo electoral realizado por el Instituto Federal Electoral, ya
que no tuvo una secuencia lógica, y no se permitió el conteo voto por voto,
casilla por casilla que exigía la gente y que hubiera podido transparentar la
elección y aclarar cualquier duda sobre el proceso electoral”.
No sólo
eso, añadió que en la elección de 2012 tampoco se tuvo la certeza del conteo de
casillas y sólo fue aprobado el recuento de menos de la mitad de las casillas
solicitadas por el Movimiento Progresista, principal impugnador del proceso.
“Por eso
es que consideramos de elemental transparencia que las boletas electorales y la
documentación relativa al escrutinio y cómputo de los comicios presidenciales
deben mantenerse disponibles, por los menos mientras subsisten dudas de la
elección y, obviamente, en tanto se encuentran impugnados los procesos
electorales”, dijo ante el pleno cameral.
Luego
precisó que “vale acotar, en este sentido, que los procedimientos
internacionales llevan años para desahogarse, como el que se interpuso ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actualmente aún en trámite
respecto de la elección presidencial de 2006”.
Según el
legislador de izquierda el artículo 302 del Cofipe deberá eliminarse del
numeral dos el renglón que regula “una vez concluido el proceso electoral, se
procederá a su destrucción”, para que diga: “Asimismo, los presidentes tomarán
las medidas necesarias para el depósito en el lugar señalado para tal efecto,
de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo 281
de este Código hasta la conclusión del proceso electoral”.
Además
de que se le agregará el texto siguiente, correspondiente al numeral tres:
“Una vez
concluido el proceso electoral, la documentación señalada en el numeral
anterior quedará a disposición de lo que determine el Consejo General del
Instituto con el fin de resguardarla durante los 12 años siguientes, siempre y
cuando no se encuentre pendiente de resolución ningún tipo de procedimiento
contencioso que la involucre. Dicha documentación estará disponible para
cualquier consulta de transparencia y acceso a la información pública y no
podrá ser reservada bajo ninguna circunstancia”.
Fuente: Proceso
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