Periódico La Jornada
Sábado 3 de noviembre de 2012, p. 2
Amnistía Internacional hizo un enérgico llamado a las autoridades mexicanaspara que cumplan su deber y salden su deuda de justicia con decenas de miles de familias.
Asimismo, manifestó su solidaridad con quienes han perdido a sus seres queridos, víctimas de un Estado que ha fallado en su deber de protegerlos y que a menudo ha incumplido su obligación de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de estos decesos, a propósito de la celebración en México del Día de Muertos.
La organización destacó que entre las víctimas de la actual crisis de violencia que enfrenta el país se incluye a numerosos periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes.
Hoy, 2 de noviembre, miles de familias recuerdan con cariño a sus seres queridos que han partido. Sin embargo, para muchas de ellas esta fecha es un doloroso recordatorio de la deuda de justicia que el Estado mexicano mantiene con ellas, asentó en un comunicado.
Alberto Herrera, director ejecutivo de AI en México, afirmó que “no se podrá hablar de verdaderos avances en materia de derechos humanos en México mientras los crímenes y abusos permanezcan en la impunidad.
El gobierno del presidente Felipe Calderón no ha reconocido ni tratado este grave legado de injusticia. Es tiempo de que esto cambie y haya un esfuerzo concertado de los poderes del Estado para garantizar la verdad, la justicia y las reparaciones a las víctimas y sus familias, agregó.
AI México catalogó especialmente dolorosa la situación de quienes han sufrido la desaparición de un familiar y permanecen a la espera de información sobre su condición o paradero.
Según diversas agrupaciones de derechos, en el país sigue sin conocerse el destino de aproximadamente 3 mil personas secuestradas por bandas delictivas o que fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad durante la persistente crisis de seguridad pública.
El organismo internacional también consideró fundamental que las autoridades investiguen los crímenes del pasado.
Con su incapacidad de llevar ante la justicia a la mayor parte de los responsables de desapariciones y asesinatos, tanto del presente como del pasado, las autoridades mexicanas están condonando de hecho estos abusos, sostuvo.
Además, advirtió que la reiterada ausencia de investigaciones sobre estos casos ha llevado a muchas familias a ponerse en peligro de sufrir represalias por buscar la verdad.
Finalmente, consideró insuficientes las medidas tomadas para proteger a algunos de los grupos más vulnerables ante la violencia; dijo que la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas supone una oportunidad para combatir los crímenes, pero es necesario que el mecanismo de protección cuente con recursos adecuados y la participación de la sociedad civil.
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