En pocos meses, los juniors del PRI están cimbrando al gobierno de Peña Nieto al sentirse impunes por sus relaciones familiares quienes forman parte de la círculo cupular del actual PRI. Por supuesto nadie es jurídicamente responsable de los actos de sus descendientes o familiares, pero la sucesión de escándalos a pocos meses del regreso del priismo al gobierno federal, construyen razonablemente una hipótesis sobre las percepciones y conductas de los entornos familiares de quienes administran el poder ejecutivo.
Es claro que los escándalos no son exclusivos del actual PRI. PAN y PRD, así como otros partidos –de manera particular el Partido Verde–, tienen representantes memorables de la visión patrimonialista del poder público. De eso nos hemos ocupado en otros espacios. Por ahora analicemos al PRI.
Tomando como un antecedentes lo publicado por Reforma en mayo del año pasado sobre los viajes de Paulina Romero Deschamps, quien acompañada de un hermoso bulldog surcaba los cielos del mundo en busca de bolsos exclusivos, al el tuit de Paulina Peña durante la campaña, quien molesta espetó el célebre calificativo de “Prole”, los episodios de los juniors se han sucedido uno tras otro.
En noviembre del año pasado, Fabián Granier hijo del ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier, mostraba públicamente sin pudor alguno su nueva riqueza comprando en 50 millones de dólares un hotel en Cancún, según informan notas periodísticas. Fabián ha seguido en las noticias este año ya que sus actividades deslumbran el Caribe mexicano. En abril de manera intempestiva, Andrea Benítez, hija de Humberto Benítez Treviño ex titular de Profeco, saltó a la fama al mandar clausurar un restaurante en el DF por una incomodidad. #LadyProfeco, como le nombraron en Twitter, logró que despidieran a su padre, pero ella y los funcionarios públicos que clausuraron el establecimiento quedaron a salvo de cualquier investigación sobre un probable delito de tráfico de influencias.
En un capítulo más de los juniors del PRI, Gerardo Saade Karam, nieto del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue acusado por publicaciones en redes sociales, el 20 de mayo de 2013 por Alexia Ímaz, hija de Eugenio Ímaz director del CISEN, de irrumpir en su casa, golpearla y retirarse impunemente, hecho que desnudó la capacidad de reacción del entorno de los responsables de nuestra seguridad nacional. Si con esa facilidad pueden entrar, delinquir y salir del domicilio de Eugenio Ímaz, director del CISEN, ¿imagínense qué puede pasar en el país? La hija del responsable del CISEN no hizo su denuncia formal y una cortina se tendió sobre el caso. Una par de llamadas, acaso una reunión con indicaciones del más alto nivel. Nada ha cambiado.
Otras denuncia menos atendida por los medios convencionales, es la hecha por Maritza Díaz Hernández, a quien Enrique Peña Nieto ha demandado por temas relativos a un hijo en común plenamente reconocido, pero que en el camino el Poder Judicial del Estado de México y del Distrito Federal han perdido toda independencia. Díaz Hernández plantea un argumento importante: atender el interés superior de la infancia y garantizar el principio de no discriminación del niño que tienen en común.
Como colofón, apenas ayer supimos de una denuncia pública de familiares del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la manipulación del Poder Judicial y de instancias de procuración de justicia en una disputa de la que él es parte. Góngora Pimentel aspiraba a integrar el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento el ex ministro ha callado.
Entiendo a Margarita Castillo, abuela de los hijos de Góngora Pimentel. Cuando enfrentas a alguien con la influencia de Genaro Góngora, la denuncia pública es de la pocas vías útiles. Decir que los temas de violencia o los citados sucesos ocurridos en familias de políticos son privados, es permitir socialmente que impere una doble asimetría del todo injusta, la misoginia e influyentismo.
Los otros jóvenes mexicanos
Mientras estos dilemas en la cúpula del poder se suceden, miles de jóvenes tanto opositores al régimen como jóvenes simplemente, son criminalizados y perseguidos. 14 jóvenes detenidos arbitrariamente el #1DMx siguen en proceso penal, uno de ellos ya fue sentenciado. En Guadalajara más de una docena son perseguidos criminalmente, simplemente por no simpatizar con Peña Nieto.
Los primeros días de mayo, en Puebla, tres jóvenes fueron detenidos, torturados y procesados por el simple hecho de convocar a una manifestación por el 5 de mayo, derecho protegido por el párrafo segundo del artículo 9 constitucional. Otros como Marduk Chimalli, quien publicaba un blog con caricaturas críticas sobre sucesos nacionales, es procesado por un delito que al no contar con evidencia, se sustenta en la creencia del juez séptimo de lo penal en el DF, Fernando Guerrero, que los jóvenes roban en busca de “adrenalina”.
El alcalde de Zapopan, Héctor Robles, se jactó en días recientes de los macanazos que su gobierno le propinaba a jóvenes vándalos. El cuarto aniversario de la impune tragedia de la Guardería ABC, las decenas de madres en busca de sus hijas e hijos desaparecidos y las personas migrantes que sufren día a día violaciones a sus derechos humanos, no parecen contar para los poderes públicos. Mientras los juniors del PRI se sienten impunes mientras abusan de los derechos de otros, miles de jóvenes son perseguidos en México.
Así las cosas en el México de nuestros días.
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