En el gobierno de Enrique Peña Nieto no se advierte un cambio en la política de derechos humanos, consideró el representante de Amnistía Internacional (AI) en México, Daniel Zapico.
Durante la presentación del informe anual de la organización internacional, Zapico corroboró lo que otras agrupaciones han advertido de la nueva administración: un discurso distinto al del expresidente Felipe Calderón, quien declaró la “guerra contra el narcotráfico”, con un resultado de 60 mil muertos, 150 mil desplazados y 26 mil desaparecidos, según datos presentados por AI en su informe y retomados de cifras oficiales.
Sin embargo, advirtió que “las graves violaciones de derechos humanos que Amnistía Internacional ha documentado durante los últimos años y sus causas permanecen sin cambios significativos. Es cierto que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha reconocido algunos de estos problemas, pero las palabras no bastan”.
Tras recordar que las promesas de acabar con la impunidad y garantizar el acceso a la justicia son frases acuñadas por los predecesores de Peña que no se ha materializado, Zapico puso en duda que el reciente envío de tropas a Michoacán arroje resultados distintos a los que se registraron durante el gobierno de Calderón.
Al emplazar a Peña Nieto para que fije una fecha en la que los soldados regresarán a sus cuarteles, Zapico insistió en que durante el gobierno pasado esa estrategia se tradujo en un incremento de las violaciones a derechos humanos, siendo la mejor muestra el número de quejas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró el último año de la gestión calderonista: mil 521 denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas y 802 contra policías federales.
Para el defensor, “pretender que la misma política que ha fracasado vaya a funcionar esta vez simplemente porque se practica en medio de mejores palabras, difícilmente va a obtener resultados diferentes”.
Insistió en que entre las principales preocupaciones de la organización con sede en Londres es que hasta ahora el gobierno de Peña Nieto no tiene una política de seguridad nacional en la que estén contempladas “la prevención y la rendición de cuentas por las violaciones a derechos humanos”.
A ello se suma que en las prioridades de la actual administración no está la reforma al Código de Justicia Militar como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuatro sentencias, con el fin de que los abusos cometidos por miembros de fuerzas armadas sean juzgados en tribunales ordinarios civiles.
“El fuero militar facilita la impunidad y la falta de acción supone apoyar la perpetuación de esta impunidad”, apuntó Zapico, quien agregó que “mientras los perpetradores y quienes ordenan estos ataques continúen en la impunidad será difícil poner fin al clima de violencia”.
Asimismo, recordó que durante el proceso electoral pasado, Enrique Peña Nieto se comprometió como candidato a “poner fin a la tortura” en una carta enviada a Amnistía Internacional, pero “desde su llegada al poder no ha habido acciones nuevas o políticas públicas específicas para prevenir y sancionar la tortura y los malos tratos”.
En el capítulo que hace referencia a México, AI destacó que en 2012 la CNDH recabó mil 662 denuncias por tortura y malos tratos, casos que sólo reflejan la actuación de autoridades federales, sin que se haya una sola condena por esos delitos.
El defensor se refirió al escenario de violencia que dejó la administración de Calderón, lo que convirtió a México en un “terreno fértil para la comisión de graves atrocidades”, entre las más graves las desapariciones de personas, contabilizadas por el actual gobierno de Peña Nieto en 26 mil.
“Este anuncio reviste una gran importancia, pues confirma que en México se vive un patrón generalizado de desapariciones. Y a pesar de este reconocimiento, la realidad no ha cambiado. Sigue sin establecerse el paradero de las víctimas, y las familias continúan indefensas, sin acceso a la verdad y justicia”, afirmó Zapico.
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