Hasta el último día de su mandato, Felipe Calderón “continuó haciendo caso omiso de los indicios fehacientes de violaciones a derechos humanos generalizadas, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas por fuerzas policiales y de seguridad”, acusa Amnistía Internacional (AI) en su reporte anual.
El documento, dado a conocer este miércoles por AI, hace un recuento de la situación de los derechos humanos en 169 países durante 2012.
En su análisis sobre México, Amnistía resalta que la administración de Calderón cerró con más de 60 mil muertos y 150 mil desplazados “a causa de la violencia asociada a las drogas”; en tanto que las deficiencias del sistema penal dejaron impunes 98% de los delitos.
Con base en datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el informe de AI relativo a México aborda las principales violaciones a derechos humanos registradas en el país, así como casos específicos documentados por la organización con sede en Londres, Inglaterra.
La organización internacional refiere que mientras Calderón mantuvo hasta el final su estrategia de negarse “sistemáticamente a reconocer la envergadura y gravedad de los abusos y la falta de credibilidad de las investigaciones oficiales”, la CNDH registró el año pasado mil 921 denuncias contra las Fuerzas Armadas y 802 contra la Policía Federal (PF).
En tanto, se desconoce el número de policías procesados por violaciones a derechos y sólo trascendió que ocho militares fueron condenados por el sistema de justicia militar.
En materia de detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, AI destaca que, pese a que el año paso la CNDH recibió mil 662 denuncias por tortura y malos tratos, no se procesó a agentes del Estado por ese delito.
En el apartado sobre “Uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales”, se apunta que de acuerdo con datos del organismo presidido por Raúl Plascencia Villanueva, 25 civiles inocentes fueron víctimas del fuego cruzado en enfrentamientos entre miembros del crimen organizado y Fuerzas Armadas.
Amnistía también da cuenta de la filtración que en diciembre de 2012 se hizo a la prensa sobre el registro del gobierno de Calderón de al menos “25 mil secuestros, desapariciones y casos de personas en paradero desconocido en todo el país”, mientras que la CNDH contaba con un registro de 2 mil 126 casos de presunta desaparición forzada.
En tanto el gobierno de Calderón concluyó “sin cumplir su compromiso de crear una base de datos nacional sobre personas desaparecidas”, AI recordó que la CNDH cerró 2012 con un registro de 15 mil 921 reportes de cadáveres sin identificar, así como el reporte de mil 400 restos humanos exhumados de fosas clandestinas.
Para AI resultan alarmantes las imparables agresiones a los migrantes centroamericanos que traviesan el país con el objetivo de llegar a Estados Unidos, así como a sus defensores y encargados de albergues; la organización manifiesta su preocupación de que “al concluir el año aún no se había creado una base de datos de migrantes desaparecidos y no había avances en la identificación de restos que se creía eran de migrantes”.
En cuanto a la situación de defensores y periodistas, el reporte destaca que el año pasado fueron asesinados seis comunicadores, en tanto que “la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas no realizó avances en la mayoría de los casos”, así como seguían pendientes de investigar los asuntos relativos a agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos.
Sobre los derechos de los pueblos indígenas, AI señala que éstos continúan sufriendo “un alto grado de exclusión y discriminación”, además de que se continúa realizando megaproyectos en sus territorios sin consultarlos previamente.
La organización reconoce que en 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó poner en libertad a los indígenas Hugo Sánchez Ramírez, del Estado de México, así como a José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, de Puebla, que habían sido declarados presos de conciencia por AI.
No obstante, advirtió, continúa preso el indígena chiapaneco Alberto Patishtán Gómez.
En cuanto a la situación de las mujeres y niñas, Amnistía lamenta que la violencia y la discriminación no hayan disminuido y, por el contrario, “a lo largo del año tampoco se introdujeron nuevos protocolos de investigación policial, y los perpetradores solían eludir la justicia”, a la par que las órdenes de protección continúan siendo ineficaces mientras que las víctimas siguen siendo amenazadas.
Para ilustrar la gravedad de la situación de los derechos en el país, AI destacó que, en el primer trienio del año pasado, el Valle de Juárez, en Chihuahua, fue el escenario del descubrimiento de 13 cadáveres de niñas y mujeres, de los que siete restos pertenecían a jovencitas de entre 15 y 17 años, quienes fueron reportadas como secuestradas en el centro de Ciudad Juárez.
Una de las preocupaciones permanentes de Amnistía ha sido la falta de una reforma legislativa para castigar en el fuero civil las violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, indefinición legal que hasta ahora prevalece.
En el informe también se alerta que durante todo el sexenio calderonista “persistió la impunidad por las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante las décadas de 1960, 1970 y 1980”.
La organización sostuvo que a pesar de las graves violaciones a derecho humanos, en agosto de 2012 el Departamento de Estado recomendó al Congreso estadunidense a liberar 15% de los fondos de la Iniciativa Mérida que estaban condicionados a que el gobierno de Calderón garantizara llevar a cabo una política de seguridad con pleno respeto a los derechos humanos.
Los casos documentados por AI se refieren a la detención arbitraria y tortura de los hermanos Juan Antonio, Jesús Iván y Luis Adrián Figueroa Gómez en Juárez, Chihuahua; la muerte de Carmen Puerta Carrillo, acribillada por militares cuando transitaba por una base militar en esa misma entidad, así como la desaparición forzada de Moisés Orozco Medina, atribuida a policías municipales de Uruapan, Michoacán.
El informe también incluye reportes de los asesinatos de periodistas en Veracruz, entre ellos el de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, y los fotógrafos Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, así como la detención arbitraria de la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez, por participar en protestas contra la construcción de un parque eólico en el estado de Oaxaca.
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