El Ejército Popular Revolucionario (EPR) denunció que “el gobierno de Enrique Peña Nieto, al igual que el genocida de Felipe Calderón, recurre al terrorismo de Estado como forma específica de opresión al pueblo, para inhibir conciencias y la protesta popular”.
A seis años de la detención-desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el grupo insurrecto se quejó de que esos crímenes de lesa humanidad al igual que los más de 60 mil que existen en el país permanecen impunes y bajo el silencio ominoso del gobierno mexicano.
Mediante un comunicado, acusó que “Peña Nieto, todas las instituciones y sus funcionarios también son responsables al desarrollar una política criminal premeditada.
“La indolencia, la manipulación de la información y los sentimientos de los familiares de las víctimas; la perversidad para mantener la impunidad e inmunidad de autores intelectuales y materiales; el burocratismo, el hostigamiento y la revictimización son política de gobierno, cuyo objetivo es el desgaste, cansancio y el olvido de quienes luchamos por la presentación de los detenidos-desaparecidos.”
El grupo guerrillero —que irrumpió en el escenario nacional en junio de 1996— insistió en que “la detención-desaparición forzada ya sea por motivos políticos o sociales es un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado mexicano, independientemente de los funcionarios en turno, de los ejecutores materiales y autores intelectuales, sin importar jurisdicción y territorio donde se cometa, la responsabilidad recae única y exclusivamente sobre el Estado mexicano, sus representantes y administradores en turno”.
En un comunicado fechado este 23 de mayo, resaltó que “los detenidos-desaparecidos son parte del pueblo sin distinción de banderas y trincheras políticas, de su origen y condición social.
También cuestionó el “nefasto papel que juegan los que se dicen de izquierda, comunistas y revolucionarios al guardar silencio cómplice, doblar banderas para negar la solidaridad por la militancia política del detenido-desaparecido y hacer eco de la criminalización que se hace desde el Estado contribuyendo por comisión u omisión a los mismos objetivos de éste: desacreditar, deslegitimar para aislar, asesinar y olvidar”.
Finalmente, resaltó que en su lucha no hay lugar al miedo ni al cansancio, mucho menos a la renuncia y abandono de esta exigencia popular.
“En la lucha por la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos toda forma de lucha es válida y legítima”, asentaron.
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