La reciente semana estuvo marcada por los disturbios que realizaron maestros disidentes en Chilpancingo, Guerrero, así como la toma de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México y la de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, por jóvenes encapuchados.
Los integrantes del Congreso de la Unión reaccionaron en dos sentidos, quienes condenaron los hechos y quienes pidieron utilizar el diálogo para resolver las demandas de los inconformes. Los actos vandálicos, también removieron en ambas cámaras un añejo debate sobre la posibilidad de regular las marchas y manifestaciones violentas.
Acción Nacional en San Lázaro fue el primero en exigir castigar con todo el peso de la ley a quienes atenten violentamente contra los derechos y la integridad de otras personas. Aunque aclaró que no pretende limitar la libertad de expresión, el líder de la bancada, Luis Alberto Villarreal recordó la iniciativa blanquiazul para regular cualquier tipo de manifestación.
“Precisamente para que no se cruce esa línea delgada en donde el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación se convierte en la posibilidad de llevar a cabo un delito o la transgresión de un derecho de terceros”, sostuvo el líder de los diputados panistas.
Villarreal se refería a la iniciativa presentada por el joven Diputado Jorge Sotomayor Chávez, quien planteó reformar el Código Penal Federal, para endurecer las penas a quienes se manifestaran de forma violenta. El texto dice:
“Se impondrán de diez a veinte años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que realice actos en contra de las personas, las cosas, servicios públicos o privados, que perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos, utilizando sustancias toxicas, inflamables o explosivas.”
En su momento su propuesta fue duramente criticada por considerar que criminalizaba la manifestación, principalmente por el hecho de que las penas se incrementaban con el uso de máscaras o pasamontañas.
“Las penalizaciones se incrementarán en dos terceras partes cuando dicha conducta se realice utilizando elementos que impidan total o parcialmente la identificación de las características fisonómicas del sujeto activo.”, continúa la reforma propuesta.
El problema de las marchas no es menor, tan solo en la Ciudad de México se realizaron más de 25 mil manifestaciones en los últimos 4 años, de acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Todavía están frescas en la memoria colectiva, las imágenes de los desmanes realizados en la Alameda de la Ciudad de México, el primero de diciembre de 2012, durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República.
Este año, el secuestro de la Rectoría de la máxima casa de estudios, se sumó a los actos vandálicos protagonizados por manifestantes, que con su identidad oculta, mantuvieron tomado el plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades, Naucalpan.
Ante estos hechos, es que cobró más relevancia la propuesta panista para castigar la violencia en las manifestaciones. “Esta iniciativa no va a criminalizar la manifestación, todo lo contrario, nosotros queremos que la gente se manifieste, que diga lo que opina, pero de una manera pacífica. No queremos que haya manifestaciones violentas”, precisó el Diputado panista Jorge Sotomayor.
No obstante, esta propuesta panista no ha estado exenta de polémica. La izquierda en la Cámara de Diputados reaccionó inmediatamente ante lo que consideraron, la “criminalización de las manifestaciones”. El Partido del Trabajo indicó que la iniciativa no pretende regular sino “sancionar” y coartar el derecho a la protesta social.
“El PAN pretende ‘inhibir’ y ‘penalizar’ este derecho consagrado en la Constitución y reconocido por los organismos internacionales sobre derechos humanos”, advirtió la Diputada del PT, Loretta Ortíz Ahlf.
La legisladora señaló que las manifestaciones son la única válvula de escape que tiene la población ante las imposiciones del gobierno y que sólo en los regímenes dictatoriales se inhiben.
“Por eso, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado a favor de la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, por lo que México no puede avalar una iniciativa como la del PAN”, argumentó la legisladora.
Por su parte, el líder de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, se pronunció por evitar la criminalización de las manifestaciones -en referencia específicamente a los hechos ocurridos en Guerrero-. Por el contrario, exigió que el Congreso sea un puente de diálogo entre los inconformes y el Gobierno Federal.
“Vemos con preocupación que está regresando el enfoque ‘diazordacista’ en el enfoque de los movimientos y la protesta social. Recordemos que en esa época del autoritarismo mexicano, toda propuesta, inconformidad y disidencia se veía como una amenaza a la estabilidad política, la paz social y la seguridad nacional. Y en nombre de la Ley y la Constitución, se reprimía, se encarcelaba o se mataba a los disidentes”, subrayó el Diputado de izquierda.
El panista se defendió. “Nosotros estamos en contra de la violencia, que haya manifestaciones con o sin capucha, pero lo que es imperdonable, lo que no podemos permitir es que se hagan de manera violenta”, precisó el Diputado Jorge Sotomayor, en entrevista para SinEmbargo.
Su iniciativa replica otras que se han presentado a nivel local, principalmente en los estados más afectados por las manifestaciones violentas, tal es el caso de Michoacán, en donde diputados locales del PAN han presentado iniciativas para reglamentar las marchas y plantones en el estado, a fin de garantizar el libre tránsito en las carreteras estatales.
En el Distrito Federal, asambleístas propusieron que las marchas se lleven a cabo en lugares específicos, como parques, plazas públicas y vialidades de doble sentido. También plantean que los manifestantes avisen, por lo menos con 72 horas de anticipación, sobre la ruta y destino d ela marcha.
“La finalidad es evitar el colapso de la Ciudad por plantones y manifestaciones”, expuso el dirigente del PAN capitalino, Mauricio Tabe en conferencia de prensa, en San Lázaro.
Propuestas similares se han replicado en Oaxaca y Guerrero, otras entidades que también sufren los estragos de los actos vandálicos disfrazados de manifestaciones o protestas sociales.
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