XALAPA, VER. (Proceso).- Mientras la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno encabezado por Javier Duarte sigue a marchas forzadas con la depuración de las policías municipales, la ola de violencia, secuestros y extorsiones –y los abusos de las fuerzas del orden– no cesa en el estado de Veracruz, que opta por maquillar la realidad.
El jueves 21, mientras Duarte daba el banderazo de salida al Mando Único Unificado –programa de patrullaje de las fuerzas armadas y la Policía Estatal en los municipios de Córdoba y Fortín de las Flores– un grupo de expolicías protestaba por su “despido injustificado” y por presuntas violaciones a sus derechos humanos. Acusaban a las fuerzas federales y estatales de haberlos sacado a rastras, arrancándoles el uniforme.
En la ceremonia Duarte confirmó la desintegración de la Policía Municipal de Fortín de las Flores y la canalización de más de 200 uniformados de Córdoba a la Academia de Policía de El Lencero para someterlos a exámenes de confianza.
En la misma semana las quejas de empresarios, políticos y de la sociedad por la violencia e inseguridad que azotan a gran parte de Veracruz dieron pie a que las fuerzas federales y la Policía Estatal tomaran el control de la seguridad municipal. Lo que aceleró la decisión fue el intento de secuestro del regidor cuarto de Fortín de las Flores, Antonio Ramírez Hernández, y la liberación –tras el pago de un rescate de medio millón de pesos– del empresario orizabeño Jaime Figueroa Sánchez. Ambos hechos ocurrieron en la zona centro de Veracruz el lunes 18.
Muertos que no se consignan…
En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río hubo cuatro ejecutados el viernes 15; al otro día ningún periódico dio cuenta de esto.
Las redes sociales reportaron ejecutados en colonias populares de Veracruz y en la parte alta de la zona centro, daban detalles de la llegada de comandos armados y del estruendo de las balas. Usuarios de Twitter y de Facebook subieron imágenes de los cercos de seguridad de la Policía Naval y de la SSP. Aun así la PGJE optó por el silencio.
El miércoles 20 tres presuntos delincuentes fueron abatidos por policías federales en Actopan. El gobierno sólo dijo que soldados y policías estatales le marcaron el alto a un vehículo en el que viajaban personas sospechosas que abrieron fuego. No se dijo a qué grupo delincuencial pertenecían.
El jueves 14, tres presuntos delincuentes murieron en el puerto de Veracruz a manos de efectivos de la SSP y federales del operativo Veracruz Seguro. Al otro día, familiares de los fallecidos se manifestaron en los juzgados del expenal Ignacio Allende para exigir justicia, pues aseguraban que sus hijos no eran delincuentes y que incluso dos de los tres acribillados “ni siquiera iban armados”.
Una mujer, María del Carmen Hernández, declaró a la prensa que su hijo venía del trabajo y se asustó con el operativo, por lo que ignoró la orden de detenerse. “Eso es lo que dicen los testigos”, afirmó.
Los hechos son similares a los que relatan las cuatro viudas de Ixhuatlán del Café: Sus esposos fueron asesinados por militares la noche del 28 de diciembre de 2012 en Córdoba, (Proceso 1889). Según sus viudas estos hombres eran un taxista, un mecánico, un “mil usos” y un jardinero que trabajaba en Estados Unidos y no eran sicarios al servicio de Los Zetas.
En noviembre pasado Proceso informó que la captura de tres presuntos integrantes de Los Zetas exhibió a las autoridades de Veracruz, pues se detectó una red de complicidades de ese grupo criminal para operar en el municipio de Córdoba con el apoyo de empresarios, políticos y funcionarios de la PGJE.
Los excesos de los militares, la colusión de las autoridades con el crimen organizado y la incapacidad del gobierno de Duarte frente a la ola de inseguridad empezaron con la entrada en vigor del operativo Veracruz Seguro, el patrullaje de la Secretaría de Marina en el puerto de Veracruz y en Boca del Río al inicio de su gobierno, en diciembre de 2010.
El operativo, reforzado por la Secretaría de la Defensa y con la cooperación de la Agencia Veracruzana de Investigación y de la SSP se extendió en 2012 a la capital del estado, a Coatzacoalcos y ahora a Córdoba y Fortín de las Flores.
En Úrsulo Galván hay ocho policías desaparecidos desde el pasado 20 de enero; a las manifestaciones de las madres o las esposas de estos se han sumado ciudadanos que tienen familiares desaparecidos.
En Soledad de Doblado, además del asesinato del exalcalde Martín Lara se han dado reportes de extorsión e intentos de secuestro a ganaderos y pequeños empresarios.
En Alvarado 20 policías municipales fueron arraigados por marinos quienes después de retenerlos tres días los regresaron al ayuntamiento. Según la alcaldesa Sara Luz Herrera, los oficiales regresaron sanos y salvos, pero renunciaron a la corporación.
En Tlalixcoyan un grupo de vecinos de la congregación de Piedras Negras, hartos de la inseguridad y la ola de robos, formaron un grupo de autodefensa. Pese a los reportes de la prensa, el gobierno veracruzano sigue negando su existencia.
Incluso el titular de la SSP, Arturo Bermúdez prefirió incriminar al fotógrafo de la agencia Cuartoscuro Félix Márquez y sugerir que quien debería estar en la cárcel es él por haber, dijo, “pagado” y “puesto a grafitear” a un grupo de vecinos de ese municipio. En estos tres municipios la seguridad ya corre a cargo de las fuerzas estatales y federales.
“Una bola de delincuentes”
“Ha sido muy difícil para nosotros en estos primeros dos años despedir a 2 mil 200 policías y también extremadamente difícil encontrar 2 mil policías confiables”, expresó Bermúdez en un desayuno de desagravio con fotógrafos, dos días después de sus ataques a Félix Márquez.
En otra ocasión Bermúdez señaló que las policías municipales de Veracruz son una “bola de delincuentes”; así lo dijo el 18 de noviembre de 2011 durante su comparecencia ante el Congreso local, cuando justificaba la extinción de la Policía Intermunicipal Xalapa-Banderilla-Tlalnehuayocan (PIXBT).
“La extinta Policía Intermunicipal de Xalapa-Banderilla-Tlalnehuayocan estaba integrada por puros delincuentes. Ahora son los mismos, pero ya sin uniforme. Las pandillas se alquilan y se rentan a una delincuencia más estructurada”, dijo Bermúdez a los diputados.
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