MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones no Gubernamentales (ONG) presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el gobierno de Enrique Peña Nieto por violar el derecho a la alimentación, salud y medio ambiente al no hacer nada para evitar que empresas transnacionales siembren semillas de maíz transgénico en campos de cultivo de los estados de Tamaulipas y Sinaloa.
En la querella, que fue presentada el pasado viernes 22, los denunciantes invocaron a la obligación constitucional que somete los políticos a aplicar el principio precautorio.
Además, adujeron que autorizar la cultura de maíz modificado genéticamente viola el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano, a la salud y, por si fuera poco, ignora los derechos culturales.
En conferencia de prensa, las organizaciones civiles advirtieron que si el recurso de las medidas cautelares no próspera en la CNDH, recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En septiembre de 2012 las empresas transnacionales Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences solicitaron a la administración de Felipe Calderón seis permisos de liberación comercial de semillas de maíz, resistentes a insectos y tolerantes al herbicida glifosato, para aplicarlos en los estados de Tamaulipas y Sinaloa.
A través de su campaña “¡Que no decidan por ti!”, Greenpeace México, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, Convergencia de Organismos Civiles, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.” y El Poder del Consumidor exhortaron a los ciudadanos a enviar cartas a la administración de Peña Nieto para que rechace las solicitudes. También los alentaron a presentar sus propias quejas ante la CNDH.
“Como consumidores es vulnerado nuestro derecho a elegir qué productos deseamos consumir, debido a que la legislación en materia de salud y de bioseguridad de organismos genéticamente modificados (OGM) no prevé su etiquetado”, dijo Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace en un comunicado de prensa.
El artículo 4 de la Constitución mexicana, ampliado por la Observación 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, garantiza el derecho a una alimentación sin sustancias nocivas.
Lorena Velazco, de la Convergencia de Organismos Civiles, advirtió que hasta la fecha no existe ningún estudio independiente que haya comprobado la ausencia total de inocuidad a largo plazo del alto consumo de maíz cuyo genoma ha sido manipulado.
“Mientras no exista certeza de la inocuidad, está obligada la autoridad a no conceder esos permisos para proteger la salud, el medio ambiente y la alimentación de los mexicanos”, afirmó Ana María Salazar del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos.
Salazar recordó que en México se consume en promedio 218 gramos de maíz por día y por persona en el campo y 155 gramos en un entorno urbano; y el propio Enrique Peña Nieto anunció el 4 de marzo que siete de cada diez tortillas del país se producen en Sinaloa. “México tiene alto consumo energético de este grano. El maíz transgénico en los Estados Unidos se destina al consumo animal. Estamos siendo conejillos de India para una población donde no existe estudios de consumo masivo de maíz transgénico”, planteó.
Velazco recordó que México es el centro de origen del maíz –al sumar 59 razas diferentes–, base de la cocina mexicana que la UNESCO reconoció en 2010 como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Al aceptar el cultivo de semillas genéticamente modificadas, el gobierno mexicano daría un golpe al sistema milpa, el cultivo tradicional del maíz, además de favorecer el monocultivo frente a alternativas, lo que deterioraría la diversidad genética de este cereal, denunciaron las organizaciones.
Afectaría también al derecho a un medio ambiente sano, reveló Mará Colín, asesora legal de Greenpeace. Producirá malezas e insectos resistentes a las sustancias plaguicidas incorporadas al maíz y arriesgará generar “contaminación genética” irreversible de las razas nativas –como en Oaxaca en el 2001–, lo que “puede conllevar problemas de orden legal a los agricultores debido a los patentes sobre las semillas”, subrayó.
Otra herencia del calderonismo
El otorgamiento de permisos para comercializar maíz transgénico respondió a una voluntad previa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), afirmó Ana María Salazar.
“Reformó su reglamento interior en noviembre de 2012. Antes señalaba que las opiniones científicas contrarias al otorgar ciertos permisos tenían carácter obligatorio. Tiene que aplicarse retroactividad: presentaron las solicitudes de permisos para comercialización de maíz transgénico en septiembre de 2012. Se debe aplicar el reglamento vigente en este momento”, precisó.
La administración actual desarrolla un “doble discurso” al incentivar la participación ciudadana por un lado, pero al ignorarla en los hechos, según Aleira Lara. “Estos otorgamientos estarían golpeando a nuestra soberanía alimentaria. Estarían dejando sin posibilidad de cultivar a sus propios alimentos a los campesinos en el país. El presidente habla de quitar poderes facticos del país, estaría reforzando a unos de los grupos más grandes a nivel global que es la industria alimentaría, que están patentando las semillas”, destacó.
En entrevista con Apro, Lara insistió en que los argumentos de Monsanto a favor de sus productos –aumentarían la productividad–, son mitos que se encargó de promover la propia industria. Afirmó que estudios en Estados Unidos, como el de la “unión de científicos preocupados” demuestran que los rendimientos son iguales, pero que las semillas transgénicas representan un costo suplementario para el campesino hasta diez veces superior a las normales. Además, dijo, las resistencias a los herbicidas e insecticidas provocaron un retroceso en las prácticas agrícolas, ya que hay que quitarles a mano.
“Nos preocupan dos cosas por parte de los funcionarios públicos. Una es la ignorancia del tema. Por otro lado, nos preocupa mucho el conflicto de interés que puede haber. Se han subido a puestos clave exempleados de la industria. En la administración pasada, Silvia Rojas trabajo en Pioneer y ocupo puesto en la Sagarpa, o Silvia Piña que trabajo en Agrobio, ocupó un puesto en la comisión intersecretarial de seguridad para los OGM. Actualmente, ocupa el puesto el doctor Bolívar Zapata que fungió como promovedor de los OGM cuando se elaboró la ley de bioseguridad en México”, lamentó Lara.
En la denuncia presentada en la CNDH, también están acusados los siguientes funcionarios:
El secretario de la Sagarpa, Enrique Martínez; los responsables del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Enrique Sánchez Cruz, Hugo Fragoso Sánchez y Francisco Javier Trujillo Arriaga; la secretaria de Salud, Mercedes Juan López; los funcionarios del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Mikel Antioni Arriola Peñalosa y Rocío del Carmen Alatorre Eden-Wynter; de la secretaría del Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud y Alfonso Flores Ramírez, y el secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), Reginalo Arial Álvarez Morales.
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