Libertad de Expresión.

Periodistas que han denunciado actos de corrupción de las autoridades como Ana Lilia Pérez, Lydia Cacho y Anabel Hernández han tenido que salir del país, porque estas amenazas son serias, sofisticadas y creíbles, con el objetivo de crear daño y muerte. Su éxodo nos lastima a todos como sociedad, ya que perdemos el derecho a la información, nos volvemos ignorantes y ciegos ante actos de abuso de autoridad.
Nunca hubiéramos sabido de la profundidad de las redes de tráfico de personas en México si no hubiera sido por el trabajo de Lydia Cacho. ¿Se imaginan al sucesor del Gober Precioso gobernando Puebla o a su hijo como alcalde de la ciudad? El trabajo de Lydia Cacho ha servido para la creación de varios protocolos de investigación judicial a nivel internacional para detectar la trata de personas y sus libros son obligatorios en varios cursos de Interpol.

El trabajo de Ana Lilia Pérez ha descubierto la corrupción corporativa en Pemex y ha sido usado para que empresarios puedan desactivar las licitaciones públicas sucias, así como los sistemas de compras poco transparentes que han beneficiado a funcionarios de la paraestatal con inmensas fortunas. Hoy en día, este material ha servido para iniciar investigaciones en las áreas de compras que darán sus frutos en el corto plazo. Hoy Ana Lilia vive en Alemania por la incapacidad del Estado de ofrecer protección.

Anabel Hernández nos mostró la complicidad que existe entre la Policía Federal y el crimen organizado. Ella ha publicado libros y artículos que han movido la agenda nacional. Su trabajo ha trascendido fronteras y ha recibido premios internacionales por sus reportajes y libros de denuncia.

Hoy, la Procuraduría del DF dejó a Anabel Hernández sin el grupo de escoltas con el que ha contado desde hace dos años, el cual ha sido testigo de las amenazas que ha sufrido. El procurador Murillo Karam demostró hace un par de semanas que sí se pueden desarticular los ataques a la prensa. En el caso del Siglo de Torreón se detuvo a 21 presuntos delincuentes que tenían como objetivo silenciar al periódico. Esperemos que la PGR pueda dar las garantías constitucionales a Anabel Hernández.