ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- A tres semanas de tomar posesión, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, reprimió un movimiento campesino que ni su antecesor, Marco Adame, se atrevió a tocar.
Mediante la intervención de 200 policías estatales, el gobierno estatal contuvo una protesta pacífica y mantiene cercada la comunidad de Huesca.
Desde hace varios meses, los habitantes de Huexca mantienen un plantón para evitar que maquinaria pesada y cuadrillas de trabajadores ingresaran a un predio donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende construir dos termoeléctricas como parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).
De acuerdo con habitantes de dicha localidad entrevistados vía telefónica, alrededor de las 10:00 de la mañana un convoy integrado por unas 20 camionetas de Policía Estatal llegó al plantón y arremetió contra los campesinos, principalmente mujeres, quienes fueron replegados hacia la comunidad a empellones.
Durante el operativo, los manifestantes no opusieron resistencia y no se tiene reporte de heridos.
Disuelto el plantón, el cuerpo policíaco implementó un cerco a la comunidad, impidiendo el ingreso y la salida de vehículos y personas. Alrededor del mediodía, representantes de la administración estatal ofrecieron diálogo con los manifestantes.
Sin embargo, los pobladores de Huexca rechazaron la oferta y condicionaron el diálogo al retiro de la fuerza policíaca, además de que la interlocución sea pública y se tenga como mediador al organismo Servicios y Asesoría para la Paz (Verapaz).
El gobierno de Felipe Calderón ordenó la construcción del PIM, un proyecto eléctrico consistente en un gasoducto que atravesaría alrededor de 60 comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos para conducir el gas a Huexca, donde pretende edificar dos termoeléctricas de las denominadas de ciclo combinado.
Como publicó la revista Proceso, el gasoducto atraviesa principalmente las zonas de más alto riesgo por erupción volcánica, pues el trazo rodea el volcán Popocatépetl, e impediría, según los campesinos e indígenas, tener libres las rutas de evacuación ante una contingencia.
Además, la CFE y el gobierno de Morelos se han negado a demostrar la sustentatibilidad del PIM, pues su alto consumo de agua podría provocar severos daños a los acuíferos de Cuautla y otros municipios aledaños.
El PIM es un negocio que la CFE encargó a las empresas españolas que han ganado numerosos contratos de obra pública en el sexenio de Calderón: OHL, Abengoa, Enagás y Elecnor.
El Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos” denunció que el riesgo de represión y acciones policíacas contra los habitantes de la zona se registra desde hace meses, en hechos aislados que han dejado heridos a campesinos principalmente de Tlaxcala.
En agosto, el gobernador Marco Adame envió un dispositivo semejante al de hoy, pero finalmente suspendió la operación contra los comuneros aunque las acciones de hostigamiento y rondines policíacos no cesaron, hasta hoy, que la policía estatal mantiene rodeada la comunidad.
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