Estamos en la región más violenta del mundo, donde 80.000 niños mueren (al año) por malos tratos
La experta participó este jueves en San José en el seminario “Violencia infantil: Fenómeno global que urge erradicar”, en el marco de la XVII Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Ombudsman
Los países latinoamericanos enfrentan una “epidemia” de violencia infantil que causa la muerte de unos 80.000 niños al año, ante lo que se requieren medidas preventivas y mucha información, afirmaron hoy expertos iberoamericanos reunidos en Costa Rica. “Infelizmente estamos en la región más violenta del mundo, donde 80.000 niños mueren (al año) por malos tratos”, declaró a Efe la representante especial del Secretario de Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños, la portuguesa Martha Santos.
La experta participó este jueves en San José en el seminario “Violencia infantil: Fenómeno global que urge erradicar”, en el marco de la XVII Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO). “Esta es una gran oportunidad para reflexionar sobre las altísimas tasas de abuso e incidencia de la violencia sobre niños, jóvenes y adolescentes, pero también sobre las buenas prácticas de los países y compartirlas”, comentó Santos. Según la representante de la ONU, los Estados deben ejercer un “liderazgo fundamental” para erradicar la violencia infantil.
En ese sentido, destacó que la mayoría de las naciones iberoamericanas se ha comprometido a adoptar una agenda nacional para prevenir la violencia infantil, aunque pocos países cuentan ya con legislación que prohíba la violencia en todas sus formas. Resaltó que en muchos países latinoamericanos los niños son corregidos con malos tratos porque sus papás “no conocen otra forma”, ante lo que son necesarios programas educativos para los padres. “Hace falta mejor información.
La violencia sigue siendo invisible, socialmente aceptada, no se hacen quejas ni investigaciones y no se lucha contra la impunidad”, expresó Santos.
La representante de la ONU dijo que la violencia traerá consecuencias “dramáticas” en la de un niño en el ámbito de salud mental y emocional, y que en algún momento puede llegar hasta el intento de suicidio. En la Asamblea General de la FIO participan defensores del pueblo y comisionados de Derechos Humanos iberoamericanos, así como representantes de la Unicef, de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En la reunión, los ombudsman intercambiarán experiencias y buenas prácticas que se han aplicado en sus respectivos países para combatir la violencia contra los niños, así como los resultados que han arrojado.
En las mesas de diálogo del evento se discutirán temas como violencia, castigo físico y trato humillante hacia los niños, así como trabajo infantil, educación sexual, embarazo adolescente, paternidad responsable, la delincuencia juvenil y la drogadicción.
La defensora de los habitantes de Costa Rica y presidenta en ejercicio de la FIO, Ofelia Taitelbaum, declaró en la inauguración del evento que “los retos” para erradicar la violencia contra los niños “son muchos y ninguno es sencillo”. “Nuestro puerto debe ser llegar a una intolerancia absoluta a la violencia contra los niños y las niñas.
Este es un flagelo con características de epidemia social global que nos alcanza a todos cada día”, manifestó Taitelbaum. Datos citados por la costarricense indican que uno de cada tres niños en el mundo no cuenta con una vivienda digna, uno de cada cinco no tiene agua potable y uno de cada siete no tiene acceso a servicios básicos de salud.
En Latinoamérica el 28,7 % de las víctimas de homicidio tiene entre 10 y 19 años, 6 millones de niños sufren abusos severos, abandono y explotación, explicó la defensora costarricense. Taitelbaum anunció que su país propondrá en la reunión que se eleve a cada Estado iberoamericano “la necesidad de luchar contra la epidemia de violencia infantil que afecta al mundo”, y que se cumpla efectivamente la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
En el encuentro, de un solo día, participan defensores del pueblo, defensores de los habitantes y comisionados de derechos humanos de Andorra, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico y Venezuela.
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