Con el triunfo del PRI en este municipio en la pasada jornada electoral, el optimismo regresó a los promotores del megaproyecto Dragon Mart que desde ahora anuncian ya la reactivación del complejo, a través de un anuncio espectacular colocado frente al predio El Tucán, sitio seleccionado para su construcción.
El enorme cartel ubicado a la orilla de la autopista Cancún-Playa del Carmen contiene el siguiente mensaje:
“Aquí se generarán 8,550 empleos Dragon Mart Cancún. Que no cuenten cuentos chinos. Infórmate. www.dragonmartcancun.mx”.
El proyecto cuenta ya con la autorización del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira) de la Secretaría Estatal de Medio Ambiente (SEMA).
No obstante, la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano (SMEDU) del ayuntamiento de Benito Juárez negó la licencia de construcción para el desarrollo de ese proyecto comercial y habitacional en el predio El Tucán, debido a inconsistencias en el Plan de Ordenamiento Ecológico Local (POEL).
En respuesta, los promotores de Dragon Mart presentaron un recurso de revisión ante la Sala Constitucional y Administrativa (SCA) del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado.
La activista Rosa Elisa Rodríguez, de la organización Voces Unidas de Puerto Morelos, indicó que aún esperan el fallo de ese recurso de revisión, y admitió que entre las organizaciones que se oponen a Dragon Mart –que será el segundo más grande del mundo después del de Dubai– existe el temor de que sea aprobado tras el triunfo del PRI en las elecciones del pasado domingo 7.
Mencionó que actualmente está en proceso la actualización del POEL, en el que se confirma la negativa al desarrollo de viviendas en las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) donde se prevé la construcción del Dragon Mart.
Rodríguez señaló que las organizaciones ambientalistas estarán muy atentas en caso de que el próximo alcalde, Paul Carrillo, quien tomará protesta el próximo 30 de septiembre, otorgue la licencia de construcción a los promotores de Dragon Mart.
“Estaremos muy pendientes. La licencia de construcción fue negada con bases legales, y si les dan la autorización hay elementos para revertir estos permisos, aunque, claro, será más complicado”, admitió.
En un reportaje especial publicado por la revista Proceso en su edición del pasado 6 de enero, se precisa que pese a las protestas y objeciones, incluso desde el Congreso de la Unión, todo parece indicar que el proyecto Dragon Mart Cancún se construirá
El texto escrito por el reportero Jenaro Villamil señala que desde el aire, en el predio de 561 hectáreas sólo se observa un área que ha sido talada y desbrozada en espera de que empiece la construcción de ese coloso que ha generado una polémica nacional a raíz de la oposición de las cámaras industriales, como la Concamin y la Canacintra, de grupos defensores del medio ambiente y en general de los sectores económicos que se sienten amenazados por la llegada del gigante asiático.
La disputa por el proyecto Dragon Mart no sólo es por la venta y almacenamiento de productos chinos para América Latina.
Es un enfrentamiento entre empresarios cercanos a Enrique Peña Nieto –como Francisco Funtanet, dirigente de la Canacintra– que se oponen al proyecto y los promotores de éste, empresarios vinculados con Vicente Fox y su familia y apoyados por los priistas Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, exgobernador y gobernador de Quintana Roo, respectivamente.
Especialistas consultados por el semanario consideraron que en el fondo hay una pugna por la apropiación de los recursos naturales y las materias primas en Quintana Roo, una entidad saqueada durante décadas, en especial a partir de la expansión de polos turísticos como Cancún, la Riviera Maya y Tulum. Las inversiones chinas se han caracterizado en África, en las exrepúblicas soviéticas de Asia Central y en Sudamérica por su interés en la explotación intensiva de materias primas.
“Detrás del Dragon Mart existe también un proyecto de extracción de recursos naturales, como madera, material pétreo y quizá la producción de soya transgénica en Quintana Roo”, opinó en aquella ocasión Alejandra Serrano, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Quintana Roo es una de las siete entidades en las que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la siembra de soya transgénica, producto que en Europa se considera nocivo, pues para su cultivo se usan fertilizantes que dañan otras actividades, como la apicultura.
El vocero y representante legal de la inmobiliaria Real Estate Dragon Mart, Juan Carlos López Rodríguez, ha negado una y otra vez que el proyecto amenace a los industriales mexicanos, considera “calumniosas y absurdas” las acusaciones y afirma que 90% de los accionistas son mexicanos, aunque en marzo de 2011 se habló de una inversión china de más de 40%.
López Rodríguez fue señalado como uno de los operadores de Manuel Bribiesca Sahagún cuando este hijo de Marta Sahagún tenía 45% de las acciones de Logistic Free Trade Zone, empresa que se benefició de la privatización de las aduanas mexicanas en el sexenio foxista.
López Rodríguez representó también al consorcio suizo Societé Generale de Surveillance, que en 2005 obtuvo la concesión para operar el Recinto Fiscalizado Estratégico de San Luis Potosí. Se le acusó de irregularidades de entre ocho y 12 millones de dólares por la revisión de productos extranjeros, principalmente chinos, más baratos que los reportados oficialmente (Proceso 1475, 1470 y 1510).
El representante del proyecto amenazó a la ambientalista Alejandra Serrano, a quien acusó en una carta dirigida al Cemda de haber diseñado “una estrategia legal, política y de comunicación tendiente a difamar y desprestigiar” a Dragon Mart.
En vísperas de que el Congreso de la Unión aprobara un punto de acuerdo contra Dragon Mart, López Rodríguez volvió a ofrecer una conferencia de prensa, el pasado jueves 3 de enero. Acusó a los legisladores del PRD, PAN y PRI que apoyaron el punto de acuerdo de servir “a intereses económicos creados alrededor de una economía poco competitiva”.
El punto de acuerdo fue promovido por la diputada federal del PRD, Graciela Saldaña Fraire, quien pidió la cancelación definitiva del proyecto. La legisladora y ambientalista cancunense argumentó que “la operación de este cluster implicaría prácticas de comercio desleal”, así como “severas violaciones a la normatividad local y federal” en materia de desarrollo ambiental y urbano.
En menos de una semana la propuesta se dictaminó en la Comisión Permanente del Congreso. El jueves 3, con el respaldo de todos los partidos se aprobó un punto de acuerdo para solicitarle a las instancias federales, estatales y municipales información suficiente sobre los alcances del proyecto.
En la discusión el diputado Rodrigo González Barrios advirtió que se prevé la excavación de 4.5 metros de profundidad en 58 hectáreas, “equivalente a cuatro veces más que la Alameda Central del Distrito Federal”, para extraer 2.6 millones de metros cúbicos de material pétreo.
Incluso el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el priista Francisco Arroyo Vieyra, haciendo eco de las críticas y quejas de los productores de calzado de Guanajuato y de los empresarios textileros, expresó su preocupación “por el ingreso de mercancías de Oriente que tienen bajo precio”.
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