La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco denunció aquí que empresas transnacionales contratan a sicarios de otras entidades para amenazar de muerte y secuestrar a los lugareños que se oponen a los megaproyectos de parques eólicos en Oaxaca.
En el marco del Encuentro Nacional en Defensa del Territorio, la Energía y los Derechos de los Trabajadores, los integrantes de esa agrupación enviaron un escrito en el que precisan que la empresa española Gas Natural Fenosa cuenta además con la complicidad de funcionarios de la PGJE para tratar de apropiarse de las tierras de comunidades zapotecas.
“Gas Natural Fenosa ha contratado hasta pistoleros de otros estados con los que han intentado secuestrar a algunas mujeres opositoras a su proyecto; lo más grave es que sus sicarios, a plena luz del sol, con armas en mano, rondan los domicilios de varios de los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco; algunos hemos sido amenazados de muerte”, acusaron.
También señalan que bajo el discurso del desarrollo, progreso y supuesta preocupación por el calentamiento global, las empresas transnacionales buscan sacar adelante los proyectos de parques eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec, pese a que eso representa una amenaza para la forma de vida de las comunidades indígenas de Oaxaca.
En el encuentro, las agrupaciones, colectivos y comunidades hicieron un pronunciamiento para exigir la liberación de integrantes de la Asamblea del Pueblo Juchiteco que han sido encarcelados por oponerse al proyecto eólico.
Mientras, la agrupación indígena demandó la salida de la empresa española Gas Natural Fenosa del territorio istmeño, así como fincar responsabilidades contra los autores intelectuales de las amenazas de muerte e intentos de secuestros y desapariciones.
Atenco
En el mismo foro, Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, advirtió que han tenido indicios de que el presidente Enrique Peña Nieto podría retomar el proyecto de construir el aeropuerto en Texcoco.
“La insistencia de que el aeropuerto se construya en Texcoco, sigue latente”, aseguró la también esposa del activista Ignacio del Valle al recordar que desde el 2001 el ahora presidente ha tenido interés en que este proyecto se lleve a cabo.
Trinidad Ramírez dijo que la compra de terrenos ha continuado y que en fechas recientes se ha intensificado porque una constructora, que encabeza el proyecto de una autopista, ha sostenido reuniones con los lugareños para ofrecerles dinero a cambio de sus tierras.
Además, alertó que las autoridades federales han puesto en marcha una campaña para inhabilitar pozos de agua en esa zona y que sospechan que el interés de las autoridades es desalentar a los campesinos.
“Creemos que es una estrategia para desanimar al campesino para que acabe por vender sus tierras”, declaró en entrevista.
De igual forma, Ramírez advirtió que no desistirán de las demandas en las cortes internacionales para que se finquen responsabilidades contra Peña Nieto como autor intelectual de los abusos que sufrieron 11 mujeres, así como de la represión que padeció el pueblo de Atenco en mayo de 2006.
Consideró que mientras que esto no ocurra, no se puede decir que el caso de Atenco esté cerrado y que se haya hecho justicia.
El Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier anunció que, junto con otras agrupaciones, trabaja en la elaboración de una reforma a la ley minera, a fin de que los pueblos tengan recursos de defensa contra los megaproyectos mineros.
Ivette Lacaba, integrante de esa agrupación, dijo que la propuesta prohibiría las minas a cielo abierto y obligaría a las autoridades a consultar y respetar la determinación de los habitantes de una población antes de autorizar los proyectos de explotación minera en sus territorios.
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