Los requisitos para lograr el estatus provisional inicial son muchos, y los migrantes que no sean aceptados por el gobierno serán deportados.
Patricio Zúñiga friega platos en un restaurante de Manhattan. Ivón Díaz Matamoros es un ama de casa que cuida a su bebé de ocho meses en Phoenix. El jornalero Sergio Ajché se gana la vida reconstruyendo viviendas destruidas por el huracán Sandy en Brooklyn.
No se conocen, pero los tres están unidos por un mismo drama: en momentos en que millones de extranjeros que viven en Estados Unidos sin autorización podrían ser cobijados por una reforma a las leyes de inmigración que les permitiría regularizar su situación, ellos no tienen esperanzas de acogerse a esa iniciativa.
Una gran cantidad de inmigrantes como ellos -cientos de miles, según activistas- no satisfacen los requisitos que se están contemplando para los beneficiarios de la reforma y seguirán haciendo una vida marginal.
Zúñiga, por ejemplo, llegó el año pasado y no sería cobijado. Díaz se declaró culpable de haber usado un número de seguro social falso, lo que la excluye. La inestable situación laboral del jornalero Ajché difícilmente le permita satisfacer los requisitos.
“Desafortunadamente algunas de las cláusulas (del proyecto de ley) han creado obstáculos que evitarán que cientos de miles, si no millones, participen o se registren en el programa. Creemos que estos obstáculos son innecesarios”, dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Derecho Migratorio, con sede en Washington.
El proyecto de reforma — llamado S.744 — ofrecería un estatus legal provisional a inmigrantes sin papeles una vez que el Departamento de Seguridad Nacional certifique al Congreso que tiene un plan para reforzar la seguridad en la frontera. Quienes se acojan al plan podrían optar a la residencia permanente 10 años más tarde y a la ciudadanía en un total de 13 años, según la propuesta actual.
Los requisitos para lograr el estatus provisional inicial, sin embargo, son bastantes, y los que no sean aceptados por el gobierno serán deportados.
“Nuestro trabajo es temporal, nada estable. Acá estamos dos meses y ya casi se termina y tenemos que esperar a que otro patrón nos busque”, dijo el guatemalteco Ajché mientras martilleaba en el sótano que reconstruía en el barrio de Far Rockaway, Brooklyn.
“Escuchar sobre la reforma me causa alegría porque quizás pueda ver a mi familia de nuevo, pero al mismo tiempo creo que nos están destituyendo del plan. Nosotros hacemos el trabajo sucio, y somos muchos, pero los requisitos son muy complicados”, expresó Ajché, quien lleva 10 años en Estados Unidos y cobra unos 130 dólares al día por reconstruir el sótano.
De momento uno de los requisitos para ser abarcado por la reforma es haber llegado antes del 31 de diciembre del 2011.
“Por mala suerte llegué en el 2012. Ya no puedo”, se lamentó el mexicano Zúñiga, quien dejó a su esposa embarazada y dos hijos en el poblado de San Pablo Zitlaltepec, en Tlaxcala, y cruzó la frontera ilegalmente por Sonora, llegando a Estados Unidos el 10 de diciembre del 2012. “Quisiera acogerme a la reforma porque hay que echarle ganas, salir adelante, para no estar muy lejos de mi familia, para estar lo más cerca posible”.
Dos enmiendas al plan podrían ampliar el plazo, aunque tropiezan con la firme oposición de quienes tratan de debilitar la iniciativa. Se han presentado aproximadamente 300 enmiendas que están siendo debatidas en Washington y que podrían cambiar los requisitos del plan sustancialmente.
La mexicana Díaz queda afuera porque fue arrestada durante una redada en un restaurante chino, en Arizona, y se declaró culpable de usar un número del seguro social falso. Ese cargo la excluye de la reforma. También quedan afuera las personas acusadas de poseer marihuana o de haber participado en una pelea y quienes hayan sido deportados y no tengan esposas, esposos, padres o hijos en situación legal en Estados Unidos.
Parejas gay en las que uno de los miembros no tenga papeles tampoco podrían acogerse al plan, aunque hay enmiendas que intentan cambiar eso. A los jornaleros o las trabajadoras domésticas que no cuentan con empleo regular o estable y tienen relaciones laborales informales también las costará beneficiarse porque uno de los requisitos en el camino hacia el estatus de residente permanente es demostrar que trabajan de forma continua.
Ajché y el mexicano Victoriano de la Cruz trabajan en construcción unas semanas aquí y otras allá, dependiendo de los contratistas o dueños de casas que los necesitan por el día o el mes.
“Yo no tengo tan claro que pueda acogerme “, opinó De la Cruz, que hace cuatro años que trabaja como jornalero.
“Tampoco me gusta eso del E-Verify” agregó en referencia al sistema que tendrían que usar empleadores para asegurar que contratan a inmigrantes con autorización para vivir en Estados Unidos. El programa E-Verify es uno de los requisitos de la reforma. Ni De la Cruz ni Ajché, por otro lado, han pagado impuestos en Estados Unidos (otro de los requisitos para la residencia permanente) porque aseguran tener miedo de no poder hacer el pago en algún momento dado del futuro.
Para Díaz, quedar fuera de la reforma es una injusticia, pues dice que usó un número del seguro social falso para poder trabajar, al igual que hacen muchos inmigrantes.
“Me hace sentir muy triste. Nosotros no hacemos cosas malas. Yo lo hice por trabajar, para el bienestar de mi familia. Aquí uno no puede trabajar sin eso. No estamos en la calle robando o matando a gente”, señaló durante una entrevista telefónica.
Algunos políticos republicanos y partidarios de medidas más restrictivas para controlar la llegada de inmigrantes consideran la reforma como una amnistía que perjudicará la economía estadounidense y la situación laboral del país. Dan Stein, presidente de la Federación para una Reforma Migratoria Estadounidense, un grupo a favor de políticas de mano dura hacia los inmigrantes sin papeles, dijo esta semana en Nueva York que la reforma no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada en la Cámara de Representantes, controlada mayoritariamente por republicanos.
Los excluidos del plan quizás no sean tantos como los que podrían haber sido hace años: varios estudios indican que menos inmigrantes cruzan la frontera ilegalmente debido al refuerzo de las medidas de seguridad y la falta de empleo en Estados Unidos. Se desconoce cuántos inmigrantes sin papeles llegaron a Estados Unidos en el 2012, pero varios estudios indican que unos 384.000 cruzaron ilegalmente la frontera en el 2009.
A pesar de que podría quedar excluido, el jornalero mexicano Eudes Salas, quien también lleva semanas trabajando en reconstrucción de casas en Far Rockaway, tiene clara una cosa.
“A mí lo que me da más miedo es que no haya reforma”, aseguró durante un descanso. “Lo que me preocupa es que no se apruebe, y entonces ahí, ya nos hemos quedado todos fuera”.
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