martes, 23 de octubre de 2012


Sinopsis @SuperWarfarinas: La lucha de los barzonistas es la de evitar la sobreexplotación de mantos acuíferos y pozos, así como el envenenamiento de las tierras, ya que a los gobiernos estatal y federal parecen no importarles semejantes abusos. Los barzonistas, por ejemplo, se oponen a la explotación de la mina “El Cascabel” en el ejido Benito Juárez, y al aprovechamiento ilegal de las aguas del río del Carmen.
La lucha por el agua ha desatado enfrentamientos y emboscadas a ejidatarios.  Asimismo, los barzonistas denuncian que todos los días asesinan gente en la sierra y que han permitido que el crimen organizado ofrezca droga y abra expendios y bares de manera ilícita. Los vecinos y ejidatarios también se quejan que sus tierras se están convirtiendo en un páramo desertificado por el cianuro y la minería a cielo abierto. Han ido a la ciudad de Chihuahua a exigir del propio Secretario de Gobierno que garantice la paz y la gobernabilidad en su pueblo y que convoque a las dependencias federales involucradas para demostrarles la serie de falsificaciones y mentiras en que ha incurrido la filial de la trasnacional canadiense Mag Silver. Denuncian también que la mina de la compañía Mag Silver presta a su gente para amedrentarlos. El lunes pasado llegó un grupo a desacreditar a la organización y con ello comenzó una campaña mediática contra los barzonistas. Luego vinieron las amenazas de muerte en contra de integrantes de El Barzón. Las barzonistas denunciaron dichas amenazas y las campañas mediáticas contra su organización. Todo lo que consiguieron fue un policía para cuidar a dos miembros. He aquí los resultados del encubrimiento y la negligencia de las “autoridades”. Hoy, los criminales cumplieron sus amenazas; persiguieron, secuestraron y ejecutaron al líder Ismael Solorio Urrutia y a su esposa Manuela Martha Solís Contreras.
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Después de haber denunciado una campaña de desprestigio y amenazas de muerte en contra de integrantes de El Barzón, hoy a mediodía levantaron y ejecutaron al líder Ismael Solorio Urrutia, con su esposa Manuela Martha Solís Contreras.
El matrimonio vivía en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, al noroeste del estado. Viajaban hacia la capital para atender una cita médica en el hospital Lázaro Cárdenas del ISSSTE cuando fueron emboscados y levantados.
De acuerdo con versiones de quienes hoy exigen justicia y un alto a las agresiones en aquella región, Ismael Solorio avisó que los iban siguiendo por la carretera Álvaro Obregón-La Junta, y más tarde ambos fueron encontrados muertos en el kilómetro 26, a la altura del campo menonita 8 y medio.
Los familiares del matrimonio, entre ellos sus tres hijos varones, acudieron a Palacio de Gobierno, acompañados de los integrantes de El Barzón, para exigir una explicación al gobernador César Duarte Jáquez, quien aún no recibe a los quejosos.
Los inconformes se encuentran en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno y anunciaron que se quedarán ahí hasta encontrar una respuesta de las autoridades estatales.
Al llegar a Palacio de Gobierno, los ánimos se exaltaron cuando los manifestantes fueron recibidos por el secretario general, Raymundo Romero Maldonado; éstos recriminaron al funcionario que hace una semana advirtieron sobre las amenazas, además que denunciaron las campañas mediáticas contra El Barzón.
“Ustedes nos dijeron, ‘el que asesine que pague’. A ver, aprehendan a los asesinos”, reclamaron también al director de Gobernación, Wilfrido Campbell Saavedra, con quien intercambiaron gritos y manoteos.
Hace cuatro meses, recordó Martín Solís Bustamante, otro líder barzonista, les avisaron sobre la explotación de ríos y pozos, pero ni el gobierno estatal ni federal resolvieron nada. “Sólo demagogia”, manifestó uno de los activistas.
Entre dolor e indignación, recordaron a las autoridades que su lucha es para evitar la sobreexplotación de mantos acuíferos y pozos. También exigieron a los funcionarios reconocer que todos los días asesinan gente en la sierra y que han permitido que el crimen organizado ofrezca droga y abra expendios y bares de manera ilícita.
“Están indignados, yo los entiendo, yo los escucho”, buscó atajar el secretario de Gobierno. Y respondieron los barzonistas: “¿Qué esperan para actuar, que maten a otro?”.
La lucha por el agua ha desatado enfrentamientos, incluso a balazos, hace tres meses aproximadamente, pero las últimas semanas la campaña contra los barzonistas incrementó con el fin de desprestigiarlos, indicaron.
Martín Solís hizo un recuento de lo que los funcionarios estatales conocían: el sábado pasado otros ejidatarios allegados a las autoridades agredieron a Ismael en ejido Benito Juárez, junto con otro compañero.
La gente de El Barzón se organizó y confrontó a los agresores, aunque en esa ocasión la situación no llegó a mayores.
La respuesta de las autoridades fue decir que pondrían un policía de custodia para dos de los líderes barzonistas, pero no solucionaron el problema de fondo.
“Tendrían que ponerle seguridad a toda la población, es un secreto a voces, está el crimen organizado allá y ustedes se hacen los locos. ¿Les decimos nombres y actúan ahora, quieren actuar ya?”, cuestionaron Solís Bustamante y otros integrantes de El Barzón.
Indicaron que el lunes pasado llegó un grupo a desacreditar a la organización y con ello comenzó una campaña mediática. “Eran unos diez ejidatarios de 400 que somos, venían unos empleados de la mina también, para desprestigiarnos nada más, pero somos gente trabajadora”.
Y nuevamente denunciaron que la mina de la compañía Mag Silver presta a su gente para amedrentarlos.
El líder social Víctor Quintana Silveyra recriminó a las autoridades no haber actuado cuando hace una semana alertaron en el sentido de que Ismael y otros compañeros estaban amenazados de muerte.
La advertencia ahora es que si no los recibe Duarte y las autoridades tampoco ofrecen garantías para la integridad física de los barzonistas, éstos permanecerán toda la noche en las oficinas gubernamentales.
También destacaron que la persecución que han emprendido las autoridades contra los activistas los coloca en un grado mayor de vulnerabilidad, como es el caso de Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.

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