MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de que el gobierno de Uruguay le revocara el permiso para operar a la empresa Claro del magnate Carlos Slim, la filial de América Móvil anunció que iniciará un proceso judicial.
“Seguiremos peleando en la justicia para que la televisión satelital no sea un bien para pocos uruguayos”, aseguró Horacio Alvarellos, director general de Claro Uruguay, en su cuenta de Twitter.
El directivo comentó que este proceso jurídico se sumará al de fibra óptica y otros que hay en curso en Uruguay.
El gobierno de José Mujica canceló el permiso bajo el argumento de que Flimay o Claro –que en Colombia enfrenta una demanda penal por desacato al ordenamiento de un tribunal de esa nación– no cumplió con los requisitos que deben cubrir las empresas en Uruguay para dar el servicio.
“Revocase por razones de ilegitimidad la resolución de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) No. 520/008 de 23 de octubre de 2008, que otorgó licencia de comunicaciones Clase D a Flimay S.A. para la prestación de servicios de televisión para abonados por el sistema satelital de televisión directa al hogar, con carácter nacional”, indicó Mujica en el decreto que firmó el pasado viernes 10, junto con el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman.
Detalló que Flimay es una sociedad con acciones nominativas y su único accionista es Metrored Holdings, “cuyos accionistas se desconocen”.
Al no haber identidad de los titulares o persona que figure como integrante de esa sociedad “se está incumpliendo con la legislación vigente”, puntualiza el decreto.
Pero Claro no sólo enfrenta dificultades en esa nación. En Colombia, donde concentra 61.5% de los 48.6 millones de suscriptores de telefonía celular y 80% del tráfico de llamadas, la empresa de Carlos Slim fue demandada penalmente por desacato al mandato de un tribunal en ese país, ante la negativa para cumplir una sentencia judicial que le ordena devolver más de 100 millones de dólares a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), un consorcio de propiedad mixta.
De acuerdo con información publicada en la edición número 1905 de la revista Proceso (del pasado 5 de mayo), fuentes de la fiscalía comentaron que la investigación está “en etapa preliminar y práctica de pruebas” y que la decisión de citar a declarar al hombre más rico del mundo “la tomará el fiscal adscrito al caso”, después de concluir la fase procesal.
La denuncia penal contra Slim fue presentada en febrero pasado por el abogado Mauricio Mateus Rodríguez, quien –según la nota publicada– dice actuar “a título personal y por interés académico”.
En abril la fiscalía decidió acogerla e iniciar una investigación, lo que causó sorpresa entre abogados que consideraban improcedente esa demanda, toda vez que en Colombia las deudas económicas no son materia del ámbito penal, pues la Constitución impide castigarlas con cárcel.
Sin embargo, en la resolución 0-0926 de 2013, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, planteó que “analizados los hechos denunciados, la connotación y trascendencia que dentro del ámbito nacional e internacional tienen los mismos, este despacho estima que por la naturaleza de aquellos es menester designar especialmente a un fiscal delegado adscrito a la Unidad Nacional Anticorrupción que por reparto corresponda, el conocimiento de la investigación que se suscite por el presunto incumplimiento” de Claro.
Y, por si fuera poco, el pasado viernes 3 decenas de jóvenes peruanos repudiaron la visita de Carlos Slim a su país, durante su participación en el XI Encuentro de empresarios de América Latina-Padres e Hijos, en Lima.
Ese día los inconformes repartieron volantes en el que aseguraron que “el hombre más rico del mundo ha construido su imperio en base a monopolios de servicios fundamentales”.
También destacaron que “países como Colombia, Brasil, Argentina y México ya están luchando para evitar que las malas prácticas de Slim se sigan expandiendo en su territorio”, y “Perú debe alistarse para hacer lo mismo”.
No obstante, las demandas y protestas en los países sudamericanos contra el magnate no han frenado su carrera por aumentar los dividendos de sus empresas, tanto en México como en otros países.
En días pasados el gobierno de Kuwait y la iniciativa privada invitaron al empresario a invertir en los proyectos que forman parte del Plan de Desarrollo, para los que se tienen destinados 140 mil millones de dólares.
El 15 y 16 de abril pasado, Slim visitó Kuwait, como parte de una delegación de empresarios mexicanos, integrada por Carlos Slim Helú, Carlos Peralta Quintero y Juan Carlos Peralta del Río, de Grupo IUSA, así como Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Empresarial Ángeles, quienes fueron recibidos como huéspedes de honor por Skeikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Emir del Estado de Kuwait.
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