CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- El gobernador, Ángel Aguirre Rivero ordenó que la reunión con integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), y normalistas, fuera privada.
El encuentro se realiza luego de que ayer cetegistas y normalistas bloquearon durante más de nueve horas la autopista del Sol, en la parte sur de esta capital, para exigir una reunión con el mandatario y que éste asumiera compromisos firmados con los manifestantes.
La reunión para abordar la problemática generada a partir de la aprobación de la reforma educativa y que en Guerrero se ha agudizado ante la falta de oficio político del gobierno estatal, es encabezada por el subsecretario de Gobierno de la Segob, Luis Enrique Miranda Nava y comenzó a las 10:00 horas en el salón de Las Banderas de la residencia oficial Casa Guerrero, al oriente de esta capital.
Con el rostro adusto y en tono molesto, Aguirre pidió a los reporteros que abandonaran la sala argumentando que se trataba de “una reunión de carácter privado”.
Ninguno de los asistentes contravino la orden del mandatario, a pesar de que los manifestantes han reprochado que Aguirre acepta todos los planteamientos en privado y en público se retracta.
Antes de que los reporteros fueran convenidos por el equipo de seguridad a retirarse del lugar, el subsecretario de Gobernación pedía a los manifestantes a no redundar en los orígenes del conflicto y que fueran concretos en sus demandas.
En respuesta, el líder de la CETEG, Gonzalo Juárez Ocampo, demandó a las autoridades firmar una iniciativa de ley para garantizar la gratuidad de la educación pública; respeto a los derechos laborales y plazas automáticas para los egresados normalistas.
También, el dirigente del magisterio disidente pidió el desistimiento de las denuncias penales y las órdenes de aprehensión que existen en contra de los manifestantes, quienes desde hace un mes iniciaron un paro de labores y tomaron varios edificios públicos.
Durante este periodo, las acciones de los inconformes se han radicalizado y el gobierno federal ha desplazado a las autoridades estatales que no han podido resolver este conflicto social.
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