MÉXICO, D.F. (apro).- El pasado 25 de diciembre, las actividades no cesaron en un pocito de carbón clandestino ubicado cerca de la villa de Barroterán, Coahuila, a pesar de tratarse de un día de descanso obligatorio.
Inicialmente, el patrón, Juan Manuel Lares, había dado instrucciones a sus trabajadores de que no se presentaran a trabajar hasta enero; sin embargo, de último momento cambio de opinión y citó a cuatro trabajadores. Poco antes de terminar el turno, una enorme roca se vino abajo, cubriendo por completo a Javier Alejandro Martínez Álvarez.
La roca cayó sobre su cabeza, la quijada se le fracturó. Las secuelas del golpazo son más que evidentes: actualmente, presenta convulsiones, su rostro está cubierto por marcas de costura que no cicatrizan. No puede mover los hombros y tiene todas las vértebras saltadas. El frío del norte, a veces bajo cero, lo hace gritar del dolor en la pierna izquierda, sujeta por cinco clavos que llevará de por vida para mantener su extremidad en su lugar. Javier Alejandro tiene 32 años, esposa y dos hijos pequeños.
Hace siete años, su tío Jesús Álvarez, murió en la mina Pasta de Conchos. Como sucede en esa región, las familias de obreros mueren en la miseria, por accidentes en minas propiedad de otras familias que viven millonarias por el carbón… como Javier Alejandro, empleado de Juan Manuel Lares, en cuyos pocitos han quedado lisiados varios mineros y dos han muerto.
El pasado 19 de febrero, al cumplirse siete años del derrumbe en el que murieron 65 trabajadores en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, el gobierno de Enrique Peña Nieto informó que se realizaría un peritaje para determinar si es posible recuperar los 63 cuerpos que continúan dentro de la estructura colapsada.
Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, la secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Economía (SE) se valieron de informes falsos y dictámenes tergiversados, para avalar que la mina continuara cerrada y los cuerpos insepultos. Fue imposible saber qué ocurrió y a la averiguación previa federal se le dio carpetazo.
De acuerdo con el oficio número OS/057/13, de fecha 11 de febrero de 2013, el titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida, solicitó al procurador general, Jesús Murillo Karam, un nuevo peritaje para saber si las condiciones de Pasta de Conchos hacían factible la recuperación de los cuerpos, como piden los deudos agrupados en la organización Familia de Pasta de Conchos (FPC).
La información fue dada a conocer durante la misa en la que cada día 19 de cada mes, participa la FPC frente al edificio corporativo de Grupo México –propietario de la mina—en la colonia Polanco de esta ciudad. En su mensaje, la presidenta de la FPC, María Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana, fallecido en Pasta de Conchos, calificó el anuncio como “una luz de esperanza” y reconoció que Navarrete Prida había cumplido su palabra, pero advirtió que era apenas el comienzo.
El lema del memorial fue “Rescatar a los vivos para honrar a los muertos”, pues a la FPC se han sumado familiares de los 94 mineros fallecidos en accidentes posteriores a Pasta de Conchos.
En total, se cuentan 159 trabajadores muertos por condiciones inseguras en siete años, la mitad en los tiros verticales, llamados pocitos que abastecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Política letal
A diez años de su creación, la paraestatal del gobierno de Coahuila, Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), se ha convertido en el instrumento que posibilita la subsistencia de un tipo de minería letal, ajena a controles de seguridad social, laboral, e incluso, fiscal y penal.
En los pocitos han muerto cientos de trabajadores y otros muchos están incapacitados de por vida, sin siquiera estar registrados en el IMSS; por sus condiciones estructurales, utilizan a menores de edad, y, por los vacíos legales de que gozan, el narco está en el negocio.
Creada por decreto del entonces gobernador, Enrique Martínez y Martínez –actual secretario de Agricultura de Peña Nieto—, desde el 28 de marzo de 2003 la Prodemi funge como intermediaria de los “pequeños productores” de carbón, a quienes compra el mineral para vendérselo a la CFE. Los poceros no cumplen regulaciones internacionales a las que está obligada la CFE y, con Prodemi, se le saca la vuelta a los impedimentos.
La CFE cuenta con dos carboeléctricas en el municipio de Nava, en Coahuila, que se nutren de carbón metalúrgico. Casi la mitad del carbón que usan (47%), es comprado a los poceros vía Prodemi, por encima del precio internacional so pretexto de procurar el desarrollo de la región.
En la proveeduría de las minas mortales han resultado beneficiados actores políticos del PRI, PAN y de la izquierda, ya sea como propietarios de minas, brokers o por controlar la Prodemi desde el gobierno estatal. (Proceso 1801 y 1805).
Desde su creación, la Prodemi retiene un porcentaje por tonelada comprada a los productores, de manera que obtiene cerca de 500 millones de pesos anuales cuyo destino se desconoce.
Por si fuera poco, el gobernador Rubén Moreira y la Procuraduría General de la República (PGR) revelaron el año pasado que la operación de los pocitos fue infiltrada por el narco y varias de las proveedoras de Prodemi se encuentran bajo investigación federal.
Con todo, Rubén Moreira ha rechazado que los pocitos sean cerrados, en tanto, en el ámbito legislativo federal, una oscura maniobra canceló la posibilidad de la prohibición de esas explotaciones mineras, durante la reforma laboral aprobada a finales del año pasado.
El 28 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral que, en el artículo 373-A de la Ley Federal del Trabajo, contemplaba la prohibición de los pocitos. El párrafo de la prohibición fue mutilado durante su envío al Senado, donde los grupos parlamentarios desoyeron los reclamos por el borrón.
Con ello, los poceros y la Prodemi, aspiran a un contrato superior a los 3 mil millones para este año, que se encuentra en proceso de concretarse con la CFE, no obstante las irregularidades detectadas en el padrón de empresas y contratistas que integró el gobierno de Coahuila.
El padrón reordenado
Con informes falsos, ilícitos impunes y, en investigación por presuntas implicaciones con el narco, empresarios carboneros de Coahuila, pretenden limpiar su historial de trabajadores muertos y heridos, para renovar los contratos con CFE.
El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira y su hermano, el exgobernador Humberto, dijeron, por separado, que en la minería carbonífera se había metido el narco. El 20 de agosto, el gobernador Rubén, sostuvo que se había planteado el reto de ordenar el sector, pero el mismo tiempo, rechazó el cierre de los pocitos y pidió trabajar en el reforzamiento de las medidas de seguridad.
En los meses siguientes iniciaron los trámites para la renovación contractual. Conforme al Manual de Asignación de Contratos, publicado en enero de 2011 en el Periódico Oficial de Coahuila, en el comité no figuran la STPS ni el IMSS, ni la secretaría de Hacienda.
Dicho manual y la conformación del comité de asignación, hace posible que se mantenga en la opacidad cómo se obtienen 2.57 millones de toneladas de 71 empresas, ni cómo se cumple con casi 800 mil toneladas más, pues el contrato de Prodemi con CFE es por 3.3 millones de toneladas. La STPS detectó que existen 48 contratistas con pocitos clandestinos, que venden a las proveedoras de Prodemi, pero el gobierno del estado desestimó la información.
La STPS pidió el listado de las 71 empresas que tienen o tendrán contrato con la CFE, a fin de realizar un operativo de inspección. APRO obtuvo el listado tras las inspecciones y el resultado fue revelador:
En el contrato de 2010, se asignaron 2.15 millones de toneladas de carbón y había mil 849 trabajadores registrados en el IMSS; ahora, para el nuevo contrato, se asignan 2.57 millones de toneladas, pero sólo hay mil 308 trabajadores registrados en el IMSS.
Lo anterior es posible a través de las 71 empresas que Prodemi pretende contratar, de las cuales 23 carecen hasta de registro patronal y, por lo tanto de trabajadores registrados en el IMSS. Se trata de las empresas Black Fossil; Carbonífera La Moderna; Excamin; Genaro Quiroga Rivera; Impulsora JBN; Grupo Empresarial MG; Minera Don Beto; Fósiles Minerales y Minera Carbonífera Mupo.
También Drumak; Fósiles Industriales; Logística y Recursos Comerciales; Mex Monclova; Dinsa; Comercializadora de Minerales y Derivados La Encantada; Fénix Tecnoservicios; Minerales y Transportes; Fosiles Industriales; Logística y Recursos Comerciales; Mex Monclova; Fluorita de Muzquiz; Impulsora Especializada en Desarrollo Carboníferos y, Carbonífera Morín.
Al realizar la búsqueda de las empresas que no tienen trabajadores en el IMSS, y contrastarla con el listado de las 71 empresas, APRO encontró que 18 de éstas tienen menos de 15 trabajadores registrados, siendo que esa es la cantidad mínima para operar un pocito conforme a la reglamentación vigente.
En su operativo, la STPS detectó datos falsos. Minera Agropecuaria Ejidal La Angostura; Minera Internacional de México; Minera 2G; Minera La Misión, y Pech&Mining, dieron ubicaciones de pocitos donde no existen, pero la Prodemi las dio por buenas.
Peor aún. Debido a la falsa información que proporcionaron las empresas a la Prodemi, la STPS encontró que 32 empresas no tenían antecedentes de inspección ni historial de capacitación, adiestramiento ni verificación de condiciones generales de trabajo.
Impunidad total
Este año hay elecciones municipales en Coahuila. En Progreso, el exalcalde Federico Quintanilla quiso ser candidato del PRI por segunda ocasión, pero no lo logró. Hace unos meses, el 25 de julio, en uno de sus pocitos de carbón murieron siete trabajadores.
Conocido como Lico, el político es dueño de Minera El Progreso, y de Rodamientos y Equipos de Sabinas, en la que murió un trabajador en 2010. Su actividad empresarial acumula ocho muertos en dos años.
El domicilio legal de sus empresas es el mismo que el de Operadora Industrial Minera, pero en los trámites para ser proveedor de Prodemi aparece otro representante. La Prodemi considera darles un contrato a cada una que, entre las tres, suman 45 mil toneladas de carbón. Las tres, tienen sanciones pendientes de la STPS.
Entre las empresas que la Prodemi desea mantener en su padrón, se encuentran varias de las que tuvieron siniestros con saldo de muertos y heridos. De las 71 empresas del listado, 37 tienen sanciones pendientes por infracciones graves a las normas de seguridad e higiene.
Las sanciones del trabajo, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, deben ser cobradas por el estado o el municipio, pero los poceros tienen influencias, como en el caso de Lico Quintanilla, o de la familia González Garza, por ejemplo. Los González Garza, son propietarios de varias empresas mineras algunas en asociación con la familia Montemayor Seguy, la familia de Rogelio, el exdirector de Pemex.
En mayo de 2011, 14 carboneros murieron en un pocito, propiedad de los González Garza-Montemayor. El alcalde de Sabinas es Jesús María Montemayor, hijo de uno de los accionistas. (Proceso número 1805).
Con las multas impagas y teniendo como único cliente al gobierno de Coahuila, nadie cobra las multas y nadie las paga. Mucho menos se abren averiguaciones previas por las muertes.
Son los casos de Alvaram de Agujita, de Vanessa Álvarez, en cuyo pocito murió un trabajador el 1 de mayo de 2012. La STPS emitió una sanción en abril de 2012. Carbonífera Manantial, representada por Genaro Garza Guerra, es dueña del pocito Los Sabinos, donde se registró un accidente con saldo de un muerto en diciembre de 2007.
Otro caso es Minera Díaz, propiedad de Jesús Díaz. En febrero de 2012, cuatro de sus trabajadores sufrieron un accidente en el trayecto al pocito. Murió un trabajador y un menor de edad quedó lisiado. De los cuatro obreros, tres no estaban registrados ante el IMSS.
También Minera Zeduvik, que tenía un pocito clandestino en el que, en 2009, tuvo un trabajador muerto que no tenía registro en el IMSS.
Aun cuando hay empresas en investigación federal por vínculos con el narco (Proceso 1880) se les asignará contrato. Entre esas está Grupo Empresarial MG, cuyo representante fue detenido por el ejército en Saltillo, en abril de 2012, y presentado como operador de Los Zetas.
También Impulsora JBN, así como Minera Carbonífera Las Cuatas, cuyo representante es Joel Bermea Castillo, hermano de José Reynol, propietario de Carbonífera La Mariana, quien fue detenido por la Marina.
A las numerosas irregularidades en que incurren 69 de las 71 empresas, en materias de trabajo, seguridad social, seguridad laboral, e incluso, fiscal y penal, se suman los contratistas con minas clandestinas, como aquella en que quedó discapacitado Javier Alejandro Álvarez, y que, sin tener contrato con Prodemi, abastecen a las mineras que si son proveedoras de carbón para generar electricidad.
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