MÉXICO, D.F. (Proceso).- A los ciegos de nacimiento les ha sido negado el privilegio de admirar los milagros de la luz. Privados de la evidencia visual, los invidentes no pueden contemplar algo tan simple y maravilloso como el rojo de una rosa o el espectáculo multicolor de un atardecer; están condenados a vivir en un mundo de sombras y penumbra. Caso distinto es el de la ceguera voluntaria, cuyo origen es mental, no físico; los ojos y el intelecto se cierran a propósito ante las evidencias de la realidad. Sea por necedad, interés o cobardía, quienes se niegan a ver imágenes visuales o a reconocer hechos palpables eligen vivir en un mundo de tinieblas y opacidad, engaño y encubrimiento. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Una variante de la ceguera voluntaria es la ceguera idílica, propia de los enamorados, en la que se confiere todo tipo de virtudes al ser amado, al tiempo que se cancela la existencia de cualquier defecto capaz de mancillar la perfección de la persona idealizada. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los consejeros del Instituto Federal Electoral parecen haber sido presa de esa suerte de hechizo de la mirada que nubla la razón. Quijotes jurisdiccionales o administrativos, las máximas autoridades electorales del país convirtieron a la elección presidencial en su propia Dulcinea, negando con amorosa pasión toda evidencia de irregularidad, manipulación o corrupción durante el proceso comicial. ¿Coacción o compra del sufragio? ¡Espejismos! ¿Tarjetas Monex y Soriana? ¡Entes imaginarios! ¿Exceso en los gastos de campaña? ¡Mera especulación! ¿Origen dudoso de aportaciones financieras? ¡Vanas ilusiones! ¿Intervención ilegal de gobernadores? ¡Murmuraciones! ¿Encuestas manipuladas? ¡Invención perversa! ¿Infomerciales de Peña Nieto? ¡Alucinaciones! ¿Pacto Peña-Televisa? ¡Anatema!
Ante la mirada absorta de las máximas autoridades de la democracia mexicana, el proceso electoral fue impoluto, inmaculado, ejemplar. Presa de ceguera idílica, el TEPJF inventó una elección imaginaria, declaró su validez y la de presidente electo. Me pregunto, nos preguntamos muchos: ¿Cuál es el origen de la ceguera voluntaria de los magistrados del Tribunal Electoral? Mi hipótesis es que fueron cooptados por el inmenso poder acumulado del PRI, Enrique Peña Nieto y Televisa. A ello, a ellos, se debe que la corrupción electoral haya quedado impune.
El Tribunal eludió su responsabilidad de actuar como garante de los principios de constitucionalidad en materia electoral. De forma unánime, y como quien cumple una consigna, los magistrados determinaron que los argumentos de la coalición de izquierda fueron “vagos, imprecisos y genéricos”, por lo cual se declaró infundada la demanda de invalidez de la elección presidencial y, de un plumazo, se borraron todas las irregularidades del proceso electoral. En lugar de haber requerido a autoridades o particulares la documentación necesaria que pudiera “servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación”, como lo establece el artículo 21 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los magistrados se limitaron a refutar la demanda de juicio de inconformidad presentada por la coalición Movimiento Progresista, dejándoles a ellos la carga de la prueba.
Caso paradigmático es la argumentación del Tribunal Electoral sobre la campaña televisiva de seis años del hoy presidente electo: “… en ningún momento se ha demostrado la existencia de pacto, convenio, contrato o algún acuerdo de voluntades, escrito o verbal, entre el Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Enrique Peña Nieto y la empresa Televisa…”. (Juicio de inconformidad, página 166.) Inapelable desparpajo. Como lo señaló el jurista Javier Quijano (Proceso 1870), la promoción mediática del candidato del PRI constituyó un acto adelantado de campaña tan evidente que bien pudo considerarse un hecho notorio, concepto jurídico aplicado “a cualquier acontecimiento de dominio público (al cual) la ley exime de su prueba en procesos jurisdiccionales”. (Poder Judicial. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diario Oficial, 14 de febrero de 2008.) Los infomerciales de Peña Nieto los vimos todos, menos las autoridades electorales.
Era prácticamente imposible que la coalición de izquierda hubiera podido conseguir documentos probatorios de un pacto secreto. Como representantes de un Tribunal Supremo, los magistrados tenían la responsabilidad de haber solicitado dicha información a las partes, o bien, haberla conseguido mediante una investigación adecuada. Sólo así habrían contado con elementos suficientes para juzgar si realmente hubo equidad en la elección presidencial, condición fundamental para calificar su validez. No lo hicieron, descansaron en la penosa resolución del IFE emitida el 16 de agosto pasado.
El marco normativo y teórico de la calificación jurisdiccional, elaborado por el propio Tribunal Electoral, lo obliga a “evitar que los intereses de los concesionarios y permisionarios de estaciones de radio y canales de televisión se erijan en factores determinantes de las campañas electorales y de sus resultados (e) impedir que el poder económico influya en las preferencias electorales, a través de la propaganda política en radio y televisión”. (Cómputo Final, Calificación Jurisdiccional de la Elección, Declaración de Validez y de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, página 101.) Es oprobiosa la forma en que tanto el TEPJF como el IFE eludieron su responsabilidad de defender lo establecido en los artículos 41 y 134 de la Constitución. Desde las resoluciones anteriores sobre el asunto, emitidas por las máximas autoridades electorales del país, era clara la intención de ocultar los actos anticipados de campaña de Peña Nieto a través de la televisión, mediante razonamientos legalistas.
Ello es sólo un ejemplo relacionado con la propaganda encubierta. Una lectura crítica de las mil 346 páginas del prolijo juicio de inconformidad muestra que los argumentos del Tribunal Electoral acerca de todas las palmarias irregularidades de la elección presidencial fueron igualmente elusivos y complacientes con el hoy presidente electo. Fue manifiesta la voluntad de liberarlo a él, así como a sus socios partidarios y mediáticos, de cualquier conducta electoral incorrecta.
El fallo unánime e inatacable del Tribunal Electoral ha colocado a la maleable democracia mexicana en una situación paradójica y embarazosa. Se ha producido una regresión hacia una forma renovada de autoritarismo electoral, condición ambigua en la cual diversas formas de manipulación prevalecen en procesos comiciales organizados, supervisados y avalados por instituciones de fachada democrática. (Andreas Schedler, Electoral Authoritarianism. The Dynamics of Unfree Competition, 2006.) México representa un caso singular dentro del amplio menú de la corrupción electoral en los procesos de transición o regresión democráticas en el mundo entero. La originalidad de lo ocurrido en el proceso electoral de 2012 en nuestro país radica en que la transgresión de la normatividad democrática no provino del debilitado gobierno panista en turno, sino del excesivo poder de dos actores políticos ligados por un interés común, alimentado por la nostalgia de un rancio maridaje de conveniencia: Televisa y el PRI volvieron a unir sus fuerzas con el propósito de recuperar la Presidencia de la República a través de Peña Nieto (como lo ha documentado Jenaro Villamil en Proceso desde diciembre de 2005). Acaso un precedente digno de estudio sea el de Berlusconi, quien sumó el poder político y mediático a su frivolidad personal, con las consecuencias que ahora padecen los italianos. Alerta.
En los comicios presidenciales de 2012 no hubo integridad electoral, como lo dictan los cánones internacionales, sino turbiedad electoral avalada por las máximas autoridades del ramo. A pesar de su dudosa legalidad, la sentencia del TEPJF es cosa juzgada. El 1 de diciembre Enrique Peña Nieto tomará posesión como presidente constitucional, protestará cumplir y hacer cumplir la Constitución; aunque para llegar al máximo cargo político del país haya sido necesario burlar los artículos 41 y 134 de la Carta Magna. En estricto rigor, será una situación de hecho, no de derecho. La democracia mexicana ha sido cooptada.
*Investigador del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.
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