Para empezar: mantuvo y amplió la política social formulada y aplicada por López Obrador entre 2001 y 2005. Eso quiere decir que una parte sustancial del menguante presupuesto del Distrito Federal fue destinado a mitigar los efectos de la crisis económica sobre la población, a atenuar las pavorosas desigualdades y a promover el acceso de millones de personas a la alimentación, la educación y la salud.
Si esta ciudad no ha sufrido la espiral de violencia y muerte que se abatió sobre el resto del país –con las excepciones adicionales de Yucatán, Tlaxcala y Puebla– durante estos seis años, atizada desde Los Pinos y desde Washington,ello no sólo se explica por una estrategia policial adecuada, sino también porque esa política social restó caldo de cultivo a la delincuencia.
En otro sentido, la administración de Ebrard mostró una audacia política notable en lo que se refiere a la ampliación de los derechos y las libertades individuales. En su administración el Distrito Federal protagonizó un salto de siglos con la despenalización del aborto y la aprobación de matrimonios entre personas del mismo sexo. Las reformas correspondientes representan sendas y formidables contribuciones a la causa de las mujeres, de los derechos reproductivos y de género y a la lucha contra la discriminación.
Otro mérito indiscutible: en la mayor parte de su gobierno, Ebrard resistió con dignidad los rencores y la criminal ofensiva –presupuestal, hídrica, legislativa, judicial– del calderonato contra el Distrito Federal y cumplió, de esa forma, el mandato de una ciudadanía que ha rechazado en forma consistente y mayoritaria al PRIAN y a lo que éste representa.
De lo negativo: en primer lugar, Ebrard fue omiso en su deber de garantizar la seguridad y el bienestar de los capitalinos cuando el calderonato, con la destrucción de Luz y Fuerza del Centro, asestó un triple golpe a la propiedad pública nacional, al Sindicato Mexicano de Electricistas y a la población del centro del país. Durante casi un año ésta padeció una crisis de abasto eléctrico de proporciones catastróficas que implicó graves situaciones de riesgo, pérdidas económicas incalculables y un deterioro injustificable en su calidad de vida. El jefe de gobierno se lavó las manos y, en la lógica de que él no tenía porqué resolverle la bronca a la administración federal, dejó que los capitalinos enfrentaran solos y desamparados la bronca enorme de los prolongados y casi diarios apagones y lo que conllevaron: inundaciones, embotellamientos, inseguridad y severos perjuicios para profesionistas y empresas pequeñas y minúsculas.
Por otra parte, el aún jefe de gobierno indujo, así haya sido de manera indirecta, un conflicto de grandes proporciones en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México al apoyar a una nueva rectora que, independientemente de sus virtudes académicas personales o de que tenga o no cédula profesional, ha llevado a esa institución a una polarización casi irresoluble. Lejos de emprender la solución de los muchos e innegables problemas que venía arrastrando la UACM, Esther Orozco los agravó en forma exponencial, generó desde el inicio de su rectorado un ambiente de persecución, hostilidades y vendetas autoritarias, y acabó por convertirse, ella misma, en el principal problema de la universidad.
Pero lo peor del gobierno de Ebrard es que introdujo en el Distrito Federal una línea privatizadora del todo incompatible con el sentido social del proyecto político que en 1997 conquistó el poder en la ciudada capital y que lo ha mantenido, pese a todo, hasta la fecha. Entre 2007 y el año en curso no ha sido liberada ni una de las calles arbitrariamente privatizadas por sus habitantes –ubicadas, la mayor parte de ellas, en colonias de clase media o alta, pero también en barrios populares–; en cambio, Ebrard cedió a la explotación privada grandes tramos de vialidad. Otro punto a tener en cuenta: si esas obras fueran de circulación libre, se justificarían los severos perjuicios causados durante su construcción a los usuarios del transporte público y automovilistas; pero como se trata de proyectos explotables, los cientos de años/hombre perdidos por la realización de esas obras representan un despojo a la población, una suerte de subsidio obligatorio en beneficio de los concesionarios.
Paradójico: la administración que amplió los derechos y las libertades para las mujeres y las minorías sexuales atentó de manera flagrante contra el derecho al libre tránsito.
Sin afán exculpatorio, Ebrard comparte la responsabilidad por semejante incoherencia con la sociedad que se lo permitió. La ciudadanía que ha venido apoyando a los gobiernos de izquierda en el Distrito Federal durante los últimos tres lustros no quiso o no pudo obligar al gobernante saliente a apegarse en forma plena al mandato que recibió. Ojalá que con Mancera los capitalinos no seamos tan complacientes.
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