MÉXICO, D.F. (apro).- El sindicato minero, que encabeza desde el extranjero Napoleón Gómez Urrutia, acordó hoy una serie de medidas para enfrentar la lesiva reforma laboral de Felipe Calderón y procurar el regreso de su dirigente a México, amagando inclusive con cerrar las operaciones en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Al concluir la Asamblea Nacional Minera, celebrada en esta ciudad, el pleno gremial aprobó una serie de acuerdos entre los que destaca apoyar el reconocimiento a Gómez Urrutia y su regreso a México en condiciones de seguridad para él y su familia.
Desde marzo de 2006, Gómez Urrutia abandonó el país en medio de acusaciones y denuncias por parte del gobierno federal y de empresas como Grupo México que, sin embargo, libró en todos los tribunales mediante sentencias constitucionales.
Gómez Urrutia está radicado en Canadá, y el sindicato minero exige seguridades para su regreso a México, una vez probada la inocencia judicial de las causas que se formularon en su contra.
Con los dirigentes de las secciones de todo el país, así como el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y diferentes comisionados del gremio, el sindicato nacional minero tuvo su asamblea desde el pasado lunes, en la que aprobó los mencionados acuerdos y denunció las acciones que han afectado a su organización en semanas recientes.
Entre los acuerdos destaca la exigencia al presidente electo Enrique Peña Nieto para que no adopte como propias las políticas y propuestas de Felipe Calderón.
Uno de los temas más discutidos durante la asamblea fue el de la situación de diferentes minas en que se han visto afectados trabajadores.
Calificándolas como agresiones, el sindicato minero denunció que en las semanas recientes se han registrado diferentes hechos lesivos a los trabajadores, en complicidad de los gobiernos federal, de los estados y municipios y de empresarios del sector.
Como se recordará, en las últimas semanas, el sindicato denunció el desalojo violento con supuestos porros de la Mina 7 de Minerales del Norte, en Múzquiz, Coahuila, siniestrada en agosto pasado; además, la toma de la mina La Platosa, por parte del Ejército Mexicano y policías estatales en Bermejillo, Durango.
A lo anterior se suman los ataques denunciados por el organismo gremial en Sombrerete, Zacatecas, donde prevalece desde hace cinco años una huelga contra Grupo México, y que en días pasados registró enfrentamientos con saldo de trabajadores heridos, entre otras movilizaciones en Coahuila y Chihuahua.
Respecto de la situación de la base trabajadora y la organización sindical, se tomaron seis acuerdos, tales como una caravana desde Cananea, Sonora, a la Ciudad de México, pasando por Sombrerete, y a la que se unirán trabajadores de Taxco, Guerrero.
En las tres ciudades, las huelgas cumplieron cinco años, justo en julio pasado.
Además, realizar un paro nacional de labores, hacer denuncias ante la comunidad internacional y solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de que se garantice la integridad de los trabajadores.
Y también “bloquear el puerto industrial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como medida de presión y protesta para la solución definitiva del conflicto minero”.
Precisamente hoy el presidente Felipe Calderón arremetió contra los sindicatos por considerar que existe opacidad en el manejo de recursos obtenidos por cuotas sindicales que son cobradas a la fuerza. Lo anterior, al promover su iniciativa de reforma laboral que, se jactó, servirá para generar empleos.
Hoy, el sindicato dio un mentías al discurso oficial del mandatario, al plantear que se requiere una “reforma patronal” más que una laboral, en la que se exija “toma de nota” a los líderes de cámaras y organismos empresariales, que éstas transparenten sus estados financieros y su cumplimiento con el fisco, así como su acatamiento de normas en materia de seguridad laboral y medio ambiente… es decir, todo lo que se cuestiona a los sindicatos.
También consideró que si lo que ha ocurrido con el gremio en los últimos años se ha dado con la actual legislación, sería peor lo que ocurriría de aprobarse la reforma laboral del Ejecutivo.
En su oposición al proyecto de reforma, prevén también celebrar reuniones con Alfonso Navarrete Prida, del equipo de transición de Peña Nieto, así como con Carlos Aceves del Olmo, presidente de la Comisión del Trabajo en la Cámara de Diputados, a fin de expresarles su inconformidad con el proyecto calderonista.
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