A diferencia de los estados del norte donde la mayoría de las mujeres mueren a manos de desconocidos en Chiapas la mayoría de los perpetradores de feminicidio fueron conocidos de la víctima. El martes 12 de marzo el joven tzeltal Gaspar Silvano de 23 años discutía con su padre por unas láminas, en la comunidad de Yaxté en Chilón, Chiapas.
Molesto porque la negociación no le salió favorable tomó un machete y masacró a su abuela, su madrastra y dos hermanastras de 13 y 3 años de edad. Gaspar está prófugo.
En octubre de 2011, la joven de 19 años Wendy Lizzet Ochoa Méndez presentó una denuncia por golpes y amenazas, y solicitó una orden de aprehensión ante la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer.
La averiguación previa quedó asentada con el folio 832/UEDSYVF1/2011 en contra de Jimmy Virgilio Villatoro Argüello, expareja de Wendy y padre de su hijo de dos años.
Amparándose en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la joven solicitó a la fiscal del Ministerio Público, Irma Alicia Bautista Márquez, una orden de protección que nunca le fue concedida.
Seis meses después, el 28 de abril, Wendy fue asesinada por Jimmy, quien no sólo la descuartizó, sino que cometió actos de canibalismo.
Antes, el homicida ya había intentado asesinar a Wendy, la sumergió dentro de un tambo de gasolina y amenazó con incendiarla. De esos hechos tuvo conocimiento la autoridad competente, pero no tomó cartas en el asunto.
El abogado de Wendy sostuvo que el pasado 27 de febrero el juez tuvo conocimiento del caso, sin embargo sólo tomó en cuenta el delito de violencia familiar, considerado en la legislación de Chiapas como “no grave”.
La averiguación previa quedó asentada con el folio 832/UEDSYVF1/2011 en contra de Jimmy Virgilio Villatoro Argüello, expareja de Wendy y padre de su hijo de dos años.
Amparándose en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la joven solicitó a la fiscal del Ministerio Público, Irma Alicia Bautista Márquez, una orden de protección que nunca le fue concedida.
Seis meses después, el 28 de abril, Wendy fue asesinada por Jimmy, quien no sólo la descuartizó, sino que cometió actos de canibalismo.
Antes, el homicida ya había intentado asesinar a Wendy, la sumergió dentro de un tambo de gasolina y amenazó con incendiarla. De esos hechos tuvo conocimiento la autoridad competente, pero no tomó cartas en el asunto.
El abogado de Wendy sostuvo que el pasado 27 de febrero el juez tuvo conocimiento del caso, sin embargo sólo tomó en cuenta el delito de violencia familiar, considerado en la legislación de Chiapas como “no grave”.
La abogada feminista Martha Figueroa señaló que pese a que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue publicada en 2007, en Chiapas apenas empezó a aplicarse, por lo que remarcó la importancia de que los jueces conozcan las órdenes de protección que salvaguardan a las víctimas de violencia intrafamiliar.
Conforme a lo que señala la ley, tales órdenes son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias, y deben ser otorgadas por la autoridad competente inmediatamente después de que conozca de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.
Las órdenes de protección deben tener una temporalidad no mayor de 72 horas y expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan, de manera especial cuando la vida e integridad de la víctima corre peligro.
A pesar de tal obligación, algunos jueces en Chiapas exigen a las víctimas un antecedente jurídico para poder aplicar la orden de protección, pero eso no siempre es posible, señaló Figueroa.
Lamentó que la orden sea limitada a 72 horas, ya que en otros estados, entre ellos Colima, lo mínimo son 72 horas y la orden no se suspende hasta que hayan desaparecido las condiciones de amenaza para la víctima.
Conforme a lo que señala la ley, tales órdenes son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias, y deben ser otorgadas por la autoridad competente inmediatamente después de que conozca de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.
Las órdenes de protección deben tener una temporalidad no mayor de 72 horas y expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan, de manera especial cuando la vida e integridad de la víctima corre peligro.
A pesar de tal obligación, algunos jueces en Chiapas exigen a las víctimas un antecedente jurídico para poder aplicar la orden de protección, pero eso no siempre es posible, señaló Figueroa.
Lamentó que la orden sea limitada a 72 horas, ya que en otros estados, entre ellos Colima, lo mínimo son 72 horas y la orden no se suspende hasta que hayan desaparecido las condiciones de amenaza para la víctima.
El año pasado Itzel Méndez Pérez salió el día 14 de abril a las 11 de la noche de su casa y su cuerpo fue hallado un día después en el fraccionamiento Sonora ubicado en el norte de la ciudad de San Cristóbal de las Casas con señales de haber sido violada sexualmente y golpeada.
Itzel fue asesinada con una saña sin par; su cuerpo desfigurado apareció sin respeto alguno en los medios de comunicación local de San Cristóbal de las Casas; el caso de Itzel fue emblemático, porque al desconocerse a los perpetradores y el móvil, las jóvenes entraron en pánico, las madres temían por sus hijas, el asesinato de Itzel fue ejemplar para todas las mujeres de San Cristóbal, caminaban con miedo, ante el temor de ser agredidas por desconocidos.
La intervención de organizaciones civiles, como el Grupo de Mujeres de San Cristóbal y grupos de teatro callejero ayudó a movilizar a la población lejos de quedarse paralizada por el miedo; a partir de su asesinato cada 14 de mes, salían a las calles a exigir justicia, lo hacían cada mes con nuevas propuestas, visitas al panteón; instalaciones de velas y adorno con flores en la Plaza de la Resistencia; esta presión organizada llevo a capturar a dos de los tres feminicidas de Itzel, que resultaron ser amigos del ex novio de la joven.
De los casos más recientes, tenemos el de la joven de San Cristóbal, Viridians Flores Ramírez, a lo largo de 8 años sostuvo una relación violenta con quien la asesinaría años mas tarde, Omar Fernando Rosales Toledano, sus padres sabían que este sujeto le pegaba, es más, en una ocasión, la mando a la Cruz Roja. En abril del 2010, la joven Tatiana Trujillo fue asesinada en Ocosingo por su ex pareja el político priista, Elmar Darinel Díaz Solórzano, durante los años que vivieron juntos sus padres sabían del maltrato.
Julio Hernández Sánchez de 28 años ingresó al domicilio de su ex esposa, en la colonia Arroyo Blanco en Tuxtla Gutiérrez, con un arma punzcortante la obligó a desnudarse, entre las amenazas que el macho dirigió a su ex compañera estaba la violación de la hija de ambos, de dos años de edad.
La ex esposa acudió a la cocina por un martillo para defenderse, Hernández Sánchez lanzó al aire las manos con el objeto punzocortante y cortó la frente de uno de sus hijos; en este caso glorioso caso Julio fue detenido, quién sabe por cuantos días. ¿Pudo concluir esta historia en feminicidio? Conteste usted.
La mayoría de los feminicidas en Chiapas no eran personas desconocidas, ni locos dementes aparecidos de la nada, eran familiares, en algunos casos, hasta padres de los hijos de las víctimas. Convencidos por formación machista que las mujeres son de su propiedad.
Machos capaces de descargar su furia en el cuerpo de una mujer para aleccionarla; novios que empezaron cacheteando, pellizcando, controlando horarios, celulares, miradas, formas de vestir, vidas hasta hacerlas propias, con el pretexto del amor desmedido, de los celos, del “te pego porque te quiero” y en el círculo vicioso de “te pego hoy”, “me arrepiento mañana” y “tú me perdonas” y volvemos a comenzar.
Padres y madres que hoy no dudarían en arrancar a sus hijas de la vida violenta que en vida les dieron sus parejas; arrepentidos de hacer mutis ante sus hijas aparecidas a medianoche llenas de sangre, por temor a enojarse con ellas, a entrometerse en vida “ajena”; esperanzados a que la pareja de sus hijos cambiará, le bajara el tono.
La red familiar, el apoyo moral y económico no es la única salvación de las víctimas de violencia; también y de manera decisiva la intervención de las autoridades.
Si toda mujer que acude a las autoridades en Chiapas tuviera órdenes de protección y un juicio rápido sin que medie el machismo de los propios impartidores de justicia, hoy no diríamos al unísono #NiUnaMuerteMásEnChiapas.
Si tuviéramos que responder ¿quiénes están asesinando a las mujeres en Chiapas? Podríamos decir que es el machismo, la indiferencia, la falta de redes solidarias y de manera especial la falta de políticas de prevención de la violencia y una impartición de justicia con perspectiva de género.
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