El pasado miércoles la senadora Dolores Padierna, vicecoordinadora del PRD en el Senado, presentó una proposición con punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitando un informe sobre la adquisición de sistemas de rastreo y vigilancia de comunicaciones por parte del Estado mexicano.
El documento, que fue suscrito también por el coordinador de la bancada perredista en el Senado, Miguel Barbosa, exhorta a las Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación para que informen a los legisladores sobre equipos adquiridos a las empresas Obses de México, GammaGroup, Intellego, EMC Computer Systems, IBM y HP. El punto de acuerdo busca que, en caso de verificarse estas adquisiciones, se informe de “los alcances en términos de población objetivo, condiciones temporales y legales de su uso, así como de protección de datos personales”.
La legisladora señaló que el punto de acuerdo se presentó ante las denuncias que se han dado en las últimas semanas sobre el tema del espionaje, dirigido no solamente a figuras públicas o delincuenciales, sino también a la ciudadanía en general. Padierna Luna refirió casos como el de las revelaciones de Edward Snowden o la información relativa a la presunta negociación que el CISEN realiza con Intellego y EMC Computer Systems para adquisición de un sistema de vigilancia a profundidad en redes sociales, correos electrónicos, redes y celulares.
La senadora recordó que de acuerdo al artículo 16 de la Constitución, “la injerencia en la vida privada está condicionada a un mandamiento escrito y que los datos personales deben gozar de absoluta protección”. En este sentido, afirmó, la intervención y la vigilancia de las comunicaciones solamente se puede dar bajo la observancia de reglas muy específicas. “Un Estado que vigila a su población, inhibe e intimida a la ciudadanía para limitar su libre expresión, genera un ambiente adverso para el libre ejercicio de los derechos humanos. La intervención de comunicaciones privadas ha dejado de ser ocasional y se ha convertido en algo continuo y sistemático, por lo que estamos ante graves violaciones a la libre expresión y a la privacidad, a los tratados internacionales, a los artículos de la Constitución y a las leyes relativas”, advirtió
Por estas razones, la perredista manifestó que el Congreso requiere de la información necesaria armonizar y adecuar los ordenamientos relativos, y poder así “regular con precisión la adquisición y uso de estas herramientas informáticas”, y se castigue en su“caso los ilícitos de parte de funcionarios de gobierno”.
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