MÉXICO, DF, 22 de enero (apro).- En la sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre Florence Cassez no sólo está en juego la suerte de la ciudadana francesa, sino la de su principal acusador, el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
Aun cuando en marzo del año pasado, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo votó en contra del amparo a Cassez, propuso sancionar a los responsables del montaje televisivo sobre la supuesta detención de la acusada y la liberación de tres personas que según García Luna las había secuestrado como integrante de la banda de secuestradores Los Zodiaco.
García Luna ya tomó provisiones y contrató al abogado Alonso Aguilar Zínser, quien sacó de la cárcel al “hermano incómodo”, Raúl Salinas de Gortari; logró la liberación del exregente capitalino, Óscar Espinosa Villarreal, y obtuvo que la Corte exculpara al exgobernador de Puebla, Mario Marín, de la detención arbitraria de la escritora Lydia Cacho.
En la sesión del 21 de marzo de 2012, cuando el amparo solicitado por Cassez se trató por primera vez en la Corte, Pardo Rebolledo coincidió con los ministros Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío y Olga Sánchez Cordero en que durante la detención de la ciudadana francesa García Luna violó la Constitución, pero fue más allá y propuso iniciar procedimientos contra los responsables de esas violaciones.
“El artículo 21 constitucional fue violado esencialmente por el tema del llamado montaje que llevó a cabo la autoridad que realizó la captura”, dijo Pardo Rebolledo en referencia a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
En diciembre de 2005, cuando Cassez fue detenida, García Luna dirigía la AFI y al frente del operativo estuvo Luis Cárdenas Palomino, el hombre de las confianzas del extitular de la SSP federal.
“Yo quiero decir que el simple hecho de haber accedido a la realización de este montaje o simulación –no sé cómo llamarlo– me parece que es un acto reprobable, que es un acto que debe ser sancionado en términos de ley y, que desde luego, deja mal parado este principio de buena fe ministerial respecto de las autoridades que autorizaron y propiciaron estas conductas”, argumentó Pardo Rebolledo contra García Luna.
Pardo también criticó que la AFI haya presentado a Cassez ante la autoridad ministerial más de 24 horas después de su detención y luego de que se transmitiera por televisión una “escenificación” de su captura.
Además, dijo el ministro, se le negó el derecho de asistencia consular, en violación de resoluciones de tribunales internacionales, según las cuales cuando un extranjero es detenido debe tener el apoyo de su país de origen para recibir asesoría legal, se le haga comprender el contexto de las imputaciones y conozca la legislación del país en que se encuentra.
“Con la existencia de estas violaciones, me parece que son actuaciones irregulares que finalmente deberán ser sancionadas en términos de leyes respectivas”, insistió el ministro.
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