México, DF. El sexenio que está por concluir ha sido “uno de los peores” en materia de derechos humanos, ya que crímenes como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales no sólo no se frenaron, sino que ocurrieron con más virulencia, frecuentemente a manos de las fuerzas de seguridad, en el contexto de la llamada “guerra” contra el crimen organizado.
Tal es el balance que realizan activistas de diversos colectivos, quienes hicieron para La Jornada un análisis por regiones del desempeño del gobierno calderonista en dicha materia, tomando como referencia algunos casos paradigmáticos ocurridos durante estos seis años.
Norte: migración, narco y tortura
Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste –con sede en Tijuana–, señaló que por su cercanía con Estados Unidos, las entidades del norte del país son receptoras naturales de migrantes indocumentados y paso del tráfico de drogas, lo cual ha sido enfrentado solamente con el uso de la fuerza militar, no con inteligencia.
El resultado de ello es que han aumentado las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército o la Marina, igual que la criminalización de los movimientos sociales, las detenciones arbitrarias y la “fabricación” de culpables.
Entre los casos con mayor resonancia en el estado de Baja California –dijo– se encuentran los de las ejecuciones y desapariciones cometidas por los militares en la comunidad de San Felipe; la tortura “brutal” contra el policía ministerial Sergio Pacheco Murillo para obligarlo a incriminarse como narcotraficante, o el del octogenario Ramón Durán, de Ensenada, torturado y encarcelado hasta que murió en una ambulancia por los malos tratos recibidos.
“Definitivamente, este es el peor sexenio del que yo tenga memoria en cuanto a derechos humanos. En los años 80 y 90 la gente no sufría las consecuencias de la lucha entre cárteles, y ahora sí. La tortura ocurría en los penales, y ahora se da con mayor frecuencia y dramatismo en los separos y en los cuarteles militares”, advirtió.
Sur: megaproyectos, despojo contra indígenas, agresiones del Ejército
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, con base en la región Montaña de Guerrero, aseveró por su parte que en esta entidad del sur del país también hay un “balance trágico” de finales de sexenio, debido a la violencia institucionalizada con la presencia del Ejército en las calles.
Entre los casos más simbólicos de dicha estrategia –señala– figuran los de las indígenas me’phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron agredidas sexualmente en 2002, pero cuyas consecuencias de impunidad prevalecieron durante el gobierno de Felipe Calderón, lo cual ameritó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano.
Otro episodio de brutalidad militar contra indígenas fue el de Bonfilio Rubio Villegas, quien en junio de 2009 fue asesinado en un retén militar, luego de que los soldados dispararan contra el camión de pasajeros en que viajaba, por considerar que el chofer estaba tratando de huir.
Una arista diferente de los abusos contra los pueblos originarios del país –indicó Barrera– es la de los megaproyectos, pues con el pretexto del desarrollo económico, diversas compañías mineras, de agricultura intensiva o de presas hidroeléctricas han despojado de su territorio a los indígenas mediante una política etnocida y criminalizado su lucha de resistencia.
“Antes, el sistema de procuración de justicia funcionaba con cierta presión social, pero ahora las instituciones se han vuelto totalmente contra los ciudadanos. Calderón debe rendir cuentas al país y ser colocado en el banquillo de los acusados, porque los daños que provocó a la nación han dejado una huella profunda”, enfatizó.
Una evaluación desde el DF
Andrés Díaz, coordinador del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), coincidió en que durante el sexenio calderonista hubo un “incremento atroz” del número de violaciones a las garantías individuales, ataques contra defensores de derechos humanos y activistas de organizaciones sociales.
Entre los casos paradigmáticos destacados por el Prodh figuran el de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, dirigentes nahuas que llevan casi tres años en la cárcel debido a su lucha por facilitar el acceso de su comunidad al agua; o el de Israel Arzate, quien fue torturado para obligarlo a inculparse por su supuesta participación en la masacre de Villas de Salvárcar.
“Sin duda, el sexenio de Calderón ha sido uno de los peores en materia de derechos humanos. Lo más lamentable es que no tenemos esperanza alguna de que esto vaya a mejorar en la siguiente administración. En México no podemos hablar de que estamos en democracia o en estado de derecho, por eso hay que fortalecer a la sociedad civil para que exija que el gobierno haga su trabajo”, puntualizó.
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