La Política Ambiental del gobierno de Felipe Calderón ha sido una gran simulación:discursos elocuentes en materia de cambio climático en foros internacionales, pero en lo interno, un sin número de decisiones tomadas que lejos de favorecer al medio ambiente lo perjudican. Políticas ambientales deficientes, programas y más programas con magros resultados, dinero público dilapidado y remate de recursos naturales.
Hasta el último día de su gobierno, Calderón sigue impulsando:
Lamentablemente, el programa especial de energías renovables no cumplió con la meta de contar con una capacidad instalada de 2,100 megawatts (MW) planteada para el 2012. Las cifras reales nos indican que para 2011, la capacidad instalada en el país fue tan sólo de 600 MW.
Si bien reconocemos el avance de que México cuente ya con una Ley de Cambio Climático y con un programa especial para atender a esta amenaza global, hasta ahora no se han dado a conocer avances significativos en la reducción de emisiones.
Definitivamente, el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) sienta una buena base para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero para alcanzar las metas planteadas por Felipe Calderón se requiere de un programa más agresivo que el propuesto, sobre todo en el renglón de transporte y en detonar con fuerza las energías renovables. La Auditoría Superior de la Federación señaló que para alcanzar la meta establecida para el 2012 en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), faltaba un 20 por ciento de reducción de emisiones.
Además, existen dos actores centrales que se deben incorporar con compromisos de reducción de emisiones para alcanzar los objetivos del PECC: Pemex y CFE; sin embargo, a lo largo del sexenio no se vio voluntad política para limitar las emisiones que generan ambas empresas.
En cuanto a la política forestal, también ha sido errática y plagada de irregularidades. El mega programa ProÁrbol contó con un fuerte impulsó mediático y financiero pero fracasó en su objetivo ya que más del 50 por ciento de sus recursos fueron destinados a reforestación, y sólo se destinó un 20 por ciento para apoyar el manejo forestal comunitario de nuestros bosques. En 2008, Greenpeace denunció que se pueden plantar miles de arbolitos pero que sólo sobreviven un 10 por ciento. Por lo anterior, en lugar de apoyar a las comunidades forestales que hacen un buen manejo de nuestros bosques, dilapidaron millones de pesos en reforestación.
Mientras la guerra de cifras de hectáreas deforestadas sigue, Calderón argumenta que sólo son 150 mil hectáreas; y la UNAM, en un estudio citado por la CONABIO en el libro ‘Capital Natural’ lo dice claramente: al año perdemos 500 mil hectáreas. Lo cierto, es que aún no se ha publicado el Inventario Nacional Forestal 2004-2009, por lo tanto, no hay sustento para la cifra dada por el gobierno.
El presidente alardeó respecto al programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) pero, lo que no nos contó, son los montos que el gobierno federal paga a los campesinos anualmente por cuidar sus bosques. Lamentablemente, el PSA no sirvió para impulsar una mejor calidad de vida, ni generar empleos nuevos ni proteger nuestros recursos forestales.
La actitud del gobierno del Presidente Calderón frente a los transgénicos fue totalmente irresponsable. Su compromiso fue con sus aliadas, las grandes transnacionales biotecnológicas, más no con el campo mexicano, sus productores, ni con la preservación de México como centro de origen y diversidad de maíz nativo. En 2009, se levantó la moratoria al maíz transgénico al autorizarse las siembras experimentales.
En materia de agua, estamos igual que hace seis años: 70 por ciento de nuestras aguas superficiales siguen contaminadas y persiste una total negligencia en relación a la contaminación tóxica que padecen nuestros ríos. Calderón concluye su sexenio con un rezago de 30 por ciento en la construcción de plantas de tratamiento de agua.
La protección de nuestros ecosistemas costeros se vio totalmente amenazada por mega desarrollos turísticos: Cabo Cortés, en Baja California Sur; Centro Integralmente Planeado, en Sinaloa; Paraíso del Mar en La Paz. Una constante en estos proyectos: la violación de la Ley Ambiental y la complicidad de las autoridades federales y locales.
En este contexto, es fundamental abordar el comportamiento de la autoridad ambiental. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) perdió el rumbo, olvidó sus objetivos y se dedicó a representar los intereses de empresas e inversionistas.
Al frente de la CONAGUA, PROFEPA y delegaciones de la Semarnat colocó a cuadros políticos y no científicos ni técnicos, con lo cual se debilitó el funcionamiento de estas dependencias y se difuminó la gestión ambiental.
Frente a los cuestionamientos de la sociedad civil, la Semarnat se dedicó a hostigar, descalificar, perseguir y confrontar a organizaciones no gubernamentales.
En síntesis, en materia ambiental, el sexenio 2006-2012 se perdió, debido a que estuvo plagado de irregularidades en su gestión, de elocuentes intenciones pero de escasos resultados, seis años de errática política ambiental donde los grandes perdedores han sido el gobierno y nuestros recursos naturales.
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