A dos meses de que culmine la actual administración federal, Mauricio Limón, titular de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental (SGPA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) renunció al cargo.
¡Y qué listo! Al dejar el puesto, el funcionario pretende evadir las denuncias interpuestas por Greenpeace para que él sea sancionado por actuar con conflicto de interés y violar la legislación ambiental, al autorizar la construcción del megacomplejo turístico de Cabo Cortés.
Mauricio Limón se equivoca si piensa que con su salida, Greenpeace dará carpetazo a la investigación de las irregularidades que tanto él como Alfonso Flores Ramírez, ex Director General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), cometieron al tratar de beneficiar a Hansa Baja Investments, desarrollador de Cabo Cortés, a fin de que esta empresa de capital español pudiera construir un megacomplejo turístico en las inmediaciones del Área Natural Protegida de Cabo Pulmo, en Baja California Sur.
Lo que sí es muy preocupante es que para sustituir a Limón en ese despacho, el titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira, haya nombrado precisamente a Alfonso Flores Ramírez, titular de la DGIRA, quien también tiene una denuncia interpuesta por Greenpeace ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El nombramiento de Alfonso Flores representa repetir un patrón de impunidad recurrente en la administración pública, en el cual se evita que el funcionario rinda cuentas por ilegalidades. La salida de Limón, en lo obscurito y sin castigo por los ilícitos cometidos, deja en claro y pendiente la aplicación de las sanciones por parte de la Función Pública, que no hizo su trabajo. Con esto, la señal que se le envía a la sociedad es de que “hay premio para los corruptos”.
Ahora sólo falta que en los próximos meses veamos a Mauricio Limón como miembro de algún consejo directivo, o bien, consultor de empresas interesadas en proyectos para sacar dinero y destruir al medio ambiente; y a Alfonso Ramírez autorizándole las Manifestaciones de Impacto Ambiental.
Con estas acciones Semarnat deja en claro que no le interesa acabar con la impunidad en esa dependencia.
Cabe recordar que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) estable la prohibición para que éstos aprovechen su influencia, una vez concluidas sus funciones y hasta un año después de que deje de desempeñar su empleo, para obtener ventajas derivadas de la función que desempeñaban o usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que hayan tenido acceso en su empleo, y que no sea del dominio público (arts. 8 fracciones XI y XII y 9).
Greenpeace exige que Alfonso Flores, Mauricio Limón y el titular del órgano interno de control de la Semarnat, Luis Ibarrola rindan cuentas por sus actos ilegales y que sean inhabilitados inmediatamente por la Secretaría de la Función Pública.
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