Por sólo 4 mil pesos, cualquier persona puede tener en sus manos el padrón electoral del IFE y los números de cuenta y datos personales de millones de clientes de instituciones bancarias.
Esto, además de todo un menú de información presuntamente confidencial que va desde registros oficiales de Afores hasta usuarios de compañías telefónicas.
Una red internacional que opera a través de internet trafica listas nominales de 15 estados, más otras 13 bases de datos mexicanas con información de titulares de cuentas y tarjetahabientes de algunos de los principales bancos del País.
En una investigación periodística para evidenciar el mercado negro de información confidencial se adquirieron cuatro bases de datos: el padrón del IFE de 15 estados, titulares de cuentas de Banamex, tarjetahabientes de American Express y una especial que se vende bajo el nombre de “Personas Mexicanas que Poseen Altos Ingresos”.
El archivo del IFE comprado en internet presenta el padrón electoral de 15 estados, unas 30 millones de personas, con nombre, dirección, fecha de nacimiento, ocupación y clave electoral.
Estas listas corresponden a Nuevo León, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Quintana Roo, Durango, Querétaro, Morelos, Coahuila, Sinaloa, Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán, Puebla y Guanajuato. No se explica por qué sólo son estas entidades.
La base de Banamex enlista número de cuenta, nombre, dirección, teléfono particular y laboral, ocupación y lugar de trabajo de 2 millones de cuentahabientes. El archivo de American Express contiene número de tarjeta, nombre, dirección y teléfonos de 618 mil titulares de cuenta. El enlistado de altos ingresos presenta nombre, dirección y teléfonos de 390 mil 279 personas.
La veracidad de las bases de datos fue confirmada eligiendo nombres de manera aleatoria de los cuatro archivos. En todos los casos en los que se logró contactar a alguna persona enlistada, la información resultó cierta.
Sólo en un caso se constató que los datos del padrón del IFE correspondían a 2010 y no a 2012, como lo promociona el vendedor de las listas.
Aunque el precio de las bases es de 4 mil pesos por cada una, el traficante ofreció “precio especial” de 10 mil pesos en la compra de cuatro archivos.
La red de tráfico de datos ofrece 10 bases adicionales con información de titulares de cuentas de los bancos HSBC en México, Bancomer, tarjetahabientes de Santander, titulares de tarjetas de crédito corporativas, Afores, derechohabientes del IMSS del Estado de México y clientes de Telmex, Infinitum, Axtel y Nextel.
La compra de datos personales se realizó a través del e-mail bases.especiales@yahoo.co.uk, que se promueve al menos desde el año pasado en sitios de ventas por internet y correos electrónicos con un anuncio titulado “Exclusivas e Importantes Bases de Datos México”.
Al realizar el contacto vía correo electrónico, una persona que se identificó únicamente como José Luis, quien dijo dividir su residencia entre Argentina y Estados Unidos, aseguró que la información estaba actualizada a 2012 y que la obtuvo gracias a “varios contactos”.
Para darle certidumbre a su potencial cliente de que no se trataba de un fraude, el traficante envió muestras con 100 registros de cada una de las bases solicitadas.
Posteriormente, pidió depositar el equivalente en dólares de la cantidad acordada en la cuenta 005489466804 del National Bank of America, en Hollywood, Florida, a nombre de Daniel Laniado Lazaro, con domicilio en Armenia No. 2254, en la capital federal Argentina (sic).
Una vez que el vendedor recibió el comprobante del depósito, en unas cuantas horas envió por correo electrónico las ligas para descargar las bases a través de un servidor.
“No hay ningún problema en utilizar las bases con discreción”, respondió el traficante al ser cuestionado sobre qué implicaciones legales tendría para el comprador utilizar dicha información.
El tráfico de datos personales constituye una violación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y es el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) el responsable de garantizar este derecho.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, en su artículo 171, que los datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer salvo juicios en que el IFE fuese parte o por mandato de un juez.
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