Tres de los ocho activistas reportados como desaparecidos desde hace cuatro días en Iguala, entre ellos el dirigente perredista Arturo Hernández Cardona, fueron encontrados asesinados a tiros en los límites de la zona norte y la región Centro se la entidad.
Las otras dos víctimas fueron identificadas como Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, también militantes del partido del sol azteca y del recientemente creado Frente de Unidad Popular (FUP).
Los tres presentaban impacto de bala en diferentes partes del cuerpo, incluido el tiro de gracia.
En reacción al hallazgo, decenas de integrantes del FUP, quienes habían anunciado una marcha para exigir la presentación con vida de los desaparecidos, irrumpieron en la sede del ayuntamiento de Iguala, donde destrozaron puertas y ventanas del inmueble.
También pintaron consignas en contra del alcalde perredista, José Luis Abarca Velásquez, a quien responsabilizaron del triple crimen y tomaron el inmueble donde por la noche fueron llevados los féretros de los activistas para ser velados por sus familiares, en un hecho inusitado.
La acción de los manifestantes provocó el cierre de establecimientos comerciales del centro de la ciudad por algunas horas.
En respuesta, el edil impugnado rechazó las imputaciones en su contra y exigió una investigación imparcial de las autoridades ministeriales para que este crimen no quede impune y se deslinde n responsabilidades.
En entrevista, Abarca Velázquez condenó el triple homicidio, ofreció diálogo a los familiares de las víctimas y dijo que no iba a separarse del cargo por presiones políticas.
El alcalde perredista recordó que un día antes de que desaparecieran los activistas, él –junto con integrantes del cabildo y representantes del gobierno estatal– habían accedido a etiquetar más de seis millones de pesos del ramo 33 para obra pública propuesta por Arturo Hernández y los integrantes del FUP.
“Nosotros habíamos cedido en todas las peticiones de los miembros del FUP y el gobierno estatal lo sabe, por eso no encuentro lógica en las acusaciones que hacen en mi contra, cuando los apoyamos en lo que estuvo a nuestro alcance”, expresó el alcalde.
Por su parte, David Francisco Molina, dirigente estatal de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN), otros tres de los ocho “levantados” habrían logrado escapar a sus captores, entre ellos Héctor Anaya Delgado.
Por ello, sólo restarían por aparecer Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Mendoza Villa, Efraín Amate Luna y Jaime Castrejón.
Del asesinato de sus compañeros y el secuestro del resto, responsabilizó al alcalde de Iguala, también de extracción perredista, José Luis Abarca Velázquez.
Por su parte, Bogart Román, hijo de Ángel Román, exigió justicia y anunció que integrantes del FUP permanecerán en el ayuntamiento hasta que las autoridades esclarezcan los hechos.
Por la mañana se reportó el hallazgo de tres hombres asesinados a golpes y con visibles huellas de tortura en la carretera federal México-Acapulco, tramo Mezcala-Iguala, a la altura del poblado colonia Valerio Trujano del municipio de Tepecuacuilco, entre los municipios de Iguala y Eduardo Neri.
En el lugar, ubicado a 30 minutos en automóvil de esta capital, fue dejado un narcomensaje debajo de uno de los cadáveres, en el que se mencionan los grupos Los Rojos y Guerreros Unidos:
“Esto me pasó por chaquetero. Venga a recoger su basura. Atte. La Garra de Guerrero. Leonor Nava. Los Rojos”.
Los Rojos es una banda delictiva que tiene su bastión en la ciudad de Chilpancingo y opera en la zona de la Sierra y varios municipios de la zona Centro y la Montaña de la entidad.
Mientras que en Iguala mantiene su hegemonía el grupo Guerreros Unidos que mantiene una brutal disputa frente a sicarios de La Familia por el control de la zona norte, donde los alcaldes de esta región han solicitado ayuda gubernamental porque simplemente no pueden confrontar a la delincuencia.
Incluso, el gobernador Ángel Aguirre afirmó que algunos alcaldes de esta zona están involucrados con la delincuencia, y los exhortó a deslindarse de prácticas criminales.
Los ocho activistas fueron reportados como desaparecidos desde el jueves 30 de mayo en la ciudad de Iguala, luego de realizar una protesta para demandar obras sociales al alcalde José Luis Abarca, también del PRD.
La denuncia la hizo la regidora perredista Sofía Mendoza Barrera, ahora viuda de Hernández Cardona, así como el integrante del FUP Justino Ozores, quienes junto a familiares exigieron la intervención de las autoridades para dar con el paradero de las víctimas.
El jueves anterior, integrantes del FUP encabezados por Hernández Cardona se manifestaron en Iguala, lugar colapsado por la narcoviolencia, donde marcharon y tomaron la caseta de peaje de la Autopista del Sol, en demanda de obras sociales y fertilizante al alcalde perredista, así como una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre.
Durante la protesta, los dirigentes sostuvieron un ríspido encuentro con el comisario de la Policía Federal (PF) sector Caminos, Alberto Castillo.
Luego de ese incidente ya no volvió a saberse nada de los activistas, hasta hoy que fueron encontrados asesinados.
A la sede del ayuntamiento, donde se realiza el velorio de los tres activistas, arribaron dirigentes del magisterio disidente encabezados por Gonzalo Juárez Ocampo y Minervino Morán Hernández, quienes se solidarizaron con los familiares de las víctimas y se sumaron a la exigencia de justicia.
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