La organización Amnistía Internacional documentó que hay 152 casos de personas que fueron presuntamente privadas de su libertad, en 85 de ellos están involucradas autoridades
La organización Amnistía Internacional (AI) documentó 152 casos representativos de personas que fueron presuntamente privadas de su libertad por bandas delictivas o detenidas por funcionarios públicos en los últimos tres años y cuyo paradero aún se desconoce.
Para AI, en al menos 85 de esos casos (55%) hay indicios concluyentes de la participación directa o indirecta de funcionarios públicos, según arroja el informe “Enfrentarse a una Pesadilla: La desaparición de personas en México”, presentado esta mañana por la organización.
En el informe se expone que las autoridades se involucran o participan en las desapariciones debido a que policías y fuerzas de seguridad están infiltradas por bandas criminales.
Según información recabada por Amnistía Internacional, la mayoría de las desapariciones han tenido lugar en estados donde en los últimos años ha habido elevados índices de violencia delictiva y se ha intensificado la presencia de la policía y las fuerzas de seguridad. Entre estos estados se encuentran Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero.
En el documento, la organización también señala que en dicho periodo (2006-2012) sólo ha habido dos sentencias condenatorias por desaparición forzada a nivel federal, pero no estatal.
El delito de desaparición forzada existe en el código penal federal y en 13 jurisdicciones estatales.
19 entidades del país no han tipificado la desaparición forzada como delito.
La organización internacional destaca además que al estar involucradas en la mayoría de los casos investigados, las autoridades han fracasado de manera sistemática en investigar y aclarar la gran mayoría de las desapariciones.
AI asegura que a menudo se culpa a las bandas delictivas de las desapariciones, pero dicha presunción casi nunca se basa en una investigación exhaustiva: “De hecho, la policía y las fuerzas de seguridad están infiltradas por bandas criminales y, en consecuencia, muchos funcionarios públicos han colaborado en las desapariciones perpetradas por estás bandas”
“Debido a la connivencia de funcionarios públicos con redes criminales, en la práctica hay familiares de víctimas que han tenido que denunciar las desapariciones precisamente ante las personas de quienes sospechan que están implicados en la desaparición“, apunta AI en su informe.
En 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenía 2 mil 126 casos de desaparición forzada en fase de investigación y había recibido información sobre 15 mil 921 cuerpos no identificados de procuradurías de todo el país. Se desconoce a cuántos de estos restos podrían pertenecer a personas desaparecidas debido a la falta de investigaciones forenses exhaustivas.
En 2011, después de una visita a México, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias formuló 34 recomendaciones para abordar la crisis, pero pocas de ellas han sido implementadas, como garantizar que el delito de desaparición forzada se establece tanto en la legislación federal como en las leyes estatales de conformidad con el derecho y las normas internacionales.
Testimonio de desaparecidos
Durante la presentación del informe en el Museo Memoria y Tolerancia, Daniel Zapico, representante de AI en México, expresó que aunque el gobierno federal ya reconoció la existencia de más de 26 mil desaparecidos en el último sexenio, aún no hay resultados tangibles para terminar con la desaparición de personas en el país.
Por su parte, Rupert Knox, Jefe de investigación de AI en México, dijo que hay negligencia del Estado en torno a las cifras de desaparecidos, debido a que podría estar lejos de la realidad.
Knox, también destacó que el informe presentado esta mañana muestra un patrón en el que se observa la participación de autoridades en las desapariciones de decenas de mexicanos en los últimos años.
Dentro de la presentación del informe, dos familiares de personas desaparecidas expusieron sus casos y exigieron acción por parte del gobierno mexicano para esclarecer la desaparición de sus familiares.
Brenda Rangel, expuso que busca a su hermano Héctor, quien desapareció el 10 de noviembre de 2009 en Monclova, Coahuila, supuestamente a manos de policías municipales. Expresó que ella y su familia han realizado sus propias investigaciones, por lo que han recibido amenazas de muerte.
También expuso su caso Lucía Baca, que busca a su hijo Alejandro Moreno, desaparecido hace más de dos años cuando viajaba del DF a Laredo, Texas. La mujer reveló que cuando denunció el caso, inmediatamente las autoridades quisieron ligar a su hijo con el crimen organizado
No hay comentarios:
Publicar un comentario