La directiva del Club Campestre de Chihuahua (CCC) aceptó como socias al matrimonio gay formado por la empresaria y deportista paralímpica Carla María Herrera Guerrero y Lilia Victoria Livy Aun Caraveo.
En 2011 Carla y Livy se casaron. Carla, que ya era integrante del CCC, solicitó de inmediato la membresía de cónyuge de su mujer. Pero el CCC lo rechazó; la única posibilidad que le dieron es que Livy entrara con credencial de empleada doméstica, sin derecho al uso de las instalaciones y fingiendo que era la nana de los cuatro hijos de la pareja, tres de ellos, trillizos. El matrimonio repudió esa posibilidad y demandó ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que el 20 de julio de 2012 le dio la razón a la pareja. No obstante, el CCC desconoció una recomendación emitida por el Conapred y, en represalia, canceló la membresía a Carla. El matrimonio, por tanto, emprendió una campaña por internet e interpuso una demanda penal en noviembre del año pasado, por el presunto delito de discriminación, ante la Fiscalía General del Estado. Ya no les interesaba hacer uso “de ese ‘exclusivo’ club, sino dejar sentado por cuestión de principios que sus hijos no vivirán en un mundo que aprueba la discriminación”.
Hace dos semanas, Carla anunció en rueda de prensa que la Fiscalía no había formulado imputación contra los demandados y dio 15 días para hacerlo, porque de lo contrario llevaría el caso a instancias internacionales.
En este contexto es que el CCC decidió hoy permitir que la familia de Carla yLivy tengan los mismos derechos que las otras.
En un comunicado escueto, la empresaria sólo dio a conocer el acuerdo entre la directiva del club y Carla Herrera. Ella que, tras esto, otorgaba el perdón a los 14 integrantes del consejo directivo del club, por lo que sobreseía la demanda penal.
El defensor de Carla Herrera, David Peña, dijo que con el acuerdo lograron al fin el reconocimiento de los derechos de la pareja.
Sin embargo, la decisión no fue bien vista por la comunidad gay en Chihuahua, porque consideraron que no se comprendió el fenómeno discriminatorio en su totalidad y, con esa negociación, envían el mensaje de que los derechos humanos se pueden violentar sin consecuencias, porque simplemente se pueden negociar.
Hiram González Cruz, presidente del Centro de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual (Ceros), dijo que respetan la decisión de Carla, porque está en su derecho, pero recordaron que tuvo apoyo de organizaciones civiles y de más de mil firmas que respaldaron la lucha contra los derechos de las personas homosexuales, y esperaban que el caso fuera precedente y que fuera resuelto con mayor impacto estructural.
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