Opinión.
Por: Carlos
Fernández-Vega
25 de septiembre de 2012
Agitada semana la que
arranca, con la denominada reforma laboral en la marquesina con letras de neón
y los no pocos enjuagues entre las fracciones parlamentarias de San Lázaro como
platillo principal. Se modificará la Ley Federal del Trabajo –dicen los brujos,
aunque no en los términos pretendidos por Felipe Calderón, pero sí en beneficio
y a la medida de la patronal–, y los únicos que pagarán la factura serán los
trabajadores, cuyos dirigentes permanecerán intocados, porque eso de la
transparencia no es políticamente correcto.
Dicen los defensores de la
iniciativa calderonista que nadie debe espantarse de nada, porque todas las
modificaciones propuestas por el susodicho ya están previstas en la Ley Federal
del Trabajo; de acuerdo con sus promotores en San Lázaro, los aspectos
sobresalientes de la reforma laboral del inquilino de Los Pinos ya están en la
legislación vigente, de tal suerte que lo único que se busca es su
ratificación; el país acumula 40 años sin reforma laboral, se quejan los
voceros oficiosos, y para que México se modernice lo que urge es reformar
íntegramente a favor de uno solo de los factores de la producción. Entonces si,
según ellos, todo está contemplado en la LFT, pues para qué tanto escándalo,
porque de lo que se trata no es ratificar, sino hacer cumplir la ley, algo por
demás impensable en esta república de discursos.
No por su gusto, pero los
trabajadores volverán a pagar los platos rotos, aunque en aras de los
equilibrios políticos, económicos y sociales, junto a la reforma laboral
debería aprobarse una reforma patronal, para meter al orden a los modernos cuan
desbocados empresarios que exigen que no se les toque ni con el pétalo de una
rosa, pero al mismo tiempo se creen con el de derecho de reimplantar las
condiciones laborales del porfiriato. ¿Transparencia sindical y cuentas claras?
Bien, urge, pero no puede ser a modo: ¿cuándo se legislará para transparentar a
los barones y sus multimillonarias operaciones, y de paso a los partidos
políticos y sus no pocos negocios turbios?
Ya viene la reforma laboral, gritan
a coro los sastres de San Lázaro, pero a ninguno de ellos le importa los
nefastos efectos que esa misma ruta ha provocado en naciones europeas, donde,
tras una modernización idéntica a la que pretende implantarse en México, las
tasas de desempleo y la pérdida de beneficios sociales han crecido como la espuma.
Para no ir más lejos, en España ya se modernizaron laboralmente, y el número de
parados no deja de incrementarse. A estas alturas uno de cada cuatro españoles
permanece en el desempleo, y contando. Y aquí sólo hasta que la soga les roza
el cuello, las llamadas dirigencias sindicales (léase cacicazgos) han
manifestado su repudio a la iniciativa calderonista, pero sólo para proteger
sus intereses, no los de la masa trabajadora, la cual deberá rascarse como
pueda, si puede, entre dos enemigos.
Pero de afuera llega una sonado
reclamo, dirigido al Congreso mexicano, de uno de los mayores sindicatos de
Canadá y Estados Unidos, United Steelworkers, presidido por Leo W. Gerard,
también vicepresidente de la AFL-CIO, quien en carta a los inquilinos de San
Lázaro subraya: “en nombre de nuestros 800 mil integrantes les escribo para
expresar nuestra profunda preocupación por la iniciativa ‘preferente’ de
‘reforma laboral’ propuesta por Felipe Calderón, la cual, de aprobarse, daría
lugar a una reducción drástica de los derechos de los trabajadores. Los invita
a poner fin a esta iniciativa y a poner en marcha un diálogo nacional, conforme
a lo solicitado por el Comité de Libertad Sindical, que dará voz a los
sindicatos independientes y es plenamente compatible con los trabajadores, los
derechos humanos y laborales, con especial atención a la plena realización de
los derechos a la libertad de asociación, y la negociación colectiva.
Luego de revisar detalladamente la
citada iniciativa, el dirigente de United Steelworkers advierte que de
aprobarse de inmediato se debilitaría el derecho de huelga; se perpetuaría el
sistema de contratos de protección, que sólo benefician al empleador, y que han
sido cuestionados por la Organización Internacional del Trabajo, pues lo único
que tiene que hacer un empresario es pagar a otro sindicato de protección para
que presente una demanda y puede evitar, indefinidamente, que los trabajadores,
por medio del voto democrático, elijan a su representante. El Comité de
Libertad Sindical ha declarado reiteradamente que tales disposiciones violan la
libertad sindical.
De igual forma, apunta Gerard,
“debilitará la protección de los trabajadores y promoverá el trabajo precario.
Las reformas propuestas disminuyen o eliminan muchas protecciones laborales básicas
relacionadas con el empleo estable. Pretende legalizar la subcontratación (outsourcing)
sin crear un mecanismo de regulación para garantizar que las empresas que
subcontraten el trabajo sean responsables de las condiciones en las cadenas de
producción. Los trabajadores pueden ser contratados sin seguridad social en los
seis meses de prueba, por periodo de capacitación o alquilados por hora”, todo
ello violatorio de los más elementales derechos laborales. En apariencia la
reforma laboral beneficiaría a los sindicalizados, pero a cambio de otros
requisitos para que el gobierno mexicano intervenga en la vida sindical,
violando el Convenio 87 de la OIT y la decisión de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (2 de mayo de 2012) que claramente limita el alcance de la
injerencia gubernamental en los asuntos sindicales.
Gerard reclama que en contraparte
no se imponen requisitos similares a los empleadores. La legislación propuesta
(por Calderón) es claramente antidemocrática y presenta una imagen verdaderamente
lamentable de México: el desprecio absoluto por las opiniones de los
trabajadores y ciudadanos, y un claro desprecio por el trabajo y las normas
internacionales de derechos humanos, todas ellas incorporadas a la Constitución
mexicana. La promulgación de esta legislación plantea serias dudas sobre el
compromiso del gobierno mexicano de respetar los derechos laborales en los
acuerdos comerciales futuros.
Las rebanadas del
pastel
El regalito es para todos
los mexicanos, especialmente para los de menores ingresos, que son la mayoría:
la inflación general llegó a 4.73 por ciento al cierre de la primera quincena
de septiembre de 2012; los precios de alimentos procesados, bebidas y tabaco
aumentaron 6.9 por ciento; los correspondientes a productos agropecuarios,
14.98 por ciento, y los energéticos 8.11 por ciento. Todo, desde luego, para
vivir mejor (Calderón dixit)
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