Diversos indicios apuntan al ex presidente Carlos Salinas de Gortari como el promotor del juicio seguido al también ex mandatario Ernesto Zedillo en Estados Unidos. Se trata de una etapa más en una larga historia de hostigamiento de Salinas contra su sucesor, quien encarceló a su hermano Raúl para que enfrentara cargos de corrupción y asesinato al amparo del poder presidencial en México durante la administración salinista (1988-1994).
La relevancia de este episodio que mezcla vendettas personales, política y diplomacia, incluye el hecho de que sienta también un precedente sobre lo que puede ocurrir con el actual mandatario, Felipe Calderón, quien durante meses ha reflexionado sobre la pertinencia de radicar una temporada fuera del país.
Según fuentes consultadas, Calderón Hinojosa ha recibido de autoridades norteamericanas de alto nivel garantías de inmunidad ante eventuales denuncias relacionadas con los efectos de su lucha contra el crimen organizado, en particular demandas de víctimas de la violencia o de familiares de desaparecidos. La cifra de estos últimos ha sido ubicada en miles de casos.
En días pasados fue informado que el gobierno norteamericano extendió inmunidad judicial al ex presidente Ernesto Zedillo y alertó de ello al juez federal que seguía la causa en la ciudad de Connecticut, donde se le pretendía procesar por esos hechos cuya historia se halla hundida en un mar de contradicciones.
Esta determinación de la Casa Blanca estuvo precedida de una solicitud formal del gobierno mexicano, el cual alegó la improcedencia de un juicio contra Zedillo, con el argumento de que éste no fue responsable directo de las referidas atrocidades y se concretó a ejercer su función como jefe del Ejecutivo mexicano.
Observadores rigurosos, como la revista inglesa “The Economist”, han llamado la atención sobre el hecho de que los denunciantes que suscribieron una demanda de indemnización por 50 millones de dólares contra Zedillo Ponce de León son supuestos indígenas tzotziles víctimas de los hechos en Acteal, pero cuya identidad es desconocida.
“The Economist” también detalla que el despacho de abogados Rafferty, Kobert, Tenneholtz & Hess, que aceptó promover la denuncia, con sede en Miami y cuyo socio a cargo del caso es Roger Kobert, aborda regularmente asuntos corporativos y no tiene ninguna experiencia en materia de derechos humanos.
Kobert y uno de sus colaboradores, el abogado Marc Plugiese, han declarado que abogados mexicanos de derechos humanos trabajan también en esta denuncia, pero igualmente mantienen los nombres de éstos en el anonimato. Kobert ha dicho asimismo que dispone del testimonio de ex funcionarios federales mexicanos que apoyan la denuncia... Pero de idéntica manera asegura que debe mantener bajo reserva sus nombres.
Integrantes del equipo de colaboradores del obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, que ha mantenido en alto la demanda de esclarecimiento de los crímenes de Acteal, dijeron a LA SILLA ROTA estar convencidos de que los denunciantes anónimos de la demanda contra Ernesto Zedillo simplemente no existen.
En su reporte, publicado en el ejemplar correspondiente a la primera semana de septiembre, “The Economist” sugiere que el “contacto” entre Kobert y Carlos Salinas de Gortari puede ser el abogado Juan Collado, uno de los más cercanos a la familia Salinas y alguna vez parte del equipo defensor de Raúl Salinas de Gortari.
Consultado al respecto por “The Economist”, Kobert dijo que conoce a Collado “en otro contexto”. Reportes obtenidos para elaborar este “Informe Confidencial” confirman que Collado y el bufete de abogados en donde labora Kobert han tenido relaciones de negocios.
Las mismas fuentes consideraron “probable” que Collado, apoyado en lo que se describió como “una influencia muy poderosa, con alcances en niveles altos de Estados Unidos”, haya influido para que el citado despacho asumiera este asunto pese a los riesgos que podía representar para el prestigio del bufete.
“The Economist” cita un comentario solicitado a Salinas de Gortari , quien declaró mediante un mensaje de correo electrónico que “no conoce” a los abogados ligados con este caso, y expresa su esperanza en que el mismo esté soportado en las leyes “y no obedezca a intereses políticos”.
El mismo reporte de la acreditada revista inglesa cita a fuentes no identificadas, según las cuales la demanda sólo buscó dañar el prestigio de Ernesto Zedillo. Las mismas fuentes expresaron su asombro de que, a pesar de las condiciones tan irregulares de la demanda y de la falta de cualquier tipo de prueba concreta, el juicio haya ido tan lejos.
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