La violencia contra las mujeres en México tiene dimensiones “no de epidemia, sino de pandemia”, advirtió Ana Güezmes, representante de ONU-Mujeres en el país.
Al día se presentan al menos 6.4 feminicidios, de acuerdo con datos de 2010, dijo, tras señalar que hay una concentración de los asesinatos en cinco municipios del territorio nacional.
“Un cuarto del total de los homicidios de género han ocurrido en sólo cinco municipios del país: Ciudad Juárez y Chihuahua, en Chihuahua, se encuentran a la cabeza, seguidos de Tijuana, en Baja California; Culiacán, en Sinaloa, y Ecatepec de Morelos, en el Estado de México”.
También señaló que de acuerdo con el estudio Violencia feminicida en México (difundido por La Jornada el 15 de febrero pasado), los asesinatos motivados por el género tuvieron un repunte entre 2007 y 2010, años en los que aumentaron 106.2% respecto de otros periodos. Asimismo, de 1985 a 2010 se registró un acumulado de 36 mil 606 casos.
En conferencia de prensa, para dar a conocer las conclusiones convenidas de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU sobre el tema de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, refirió que se requieren respuestas inmediatas y mayor coordinación entre las autoridades federales y locales, con la sociedad, para enfrentar esta pandemia.
“La ONU ha insistido sistemáticamente, a través de todos sus comités, en la importancia de armonizar la legislación (la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia) con los códigos internacionales de los derechos humanos.
Recordó que con la reforma constitucional de 2011, que pone los tratados internacionales de derechos humanos al más alto nivel, representa una gran oportunidad para armonizar y homologar los delitos cometidos contra las mujeres.
“No puede ser que frente a un mismo delito se tengan penas diferentes por entidad”, subrayó.
Ante Lorena Cruz, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, Martha Lucía Mícher Camarena; Guadalupe Martínez, del Comité de Seguimiento de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, y otras personas, Güezmes adelantó que se está trabajando con los congresos locales para eliminar todas las figuras discriminatorias que aún persisten en los códigos penales de los estados de la República.
Esto, porque “se disminuye las penas por delitos de honor o por otros conceptos que son totalmente discriminatorios para las mujeres”.
Recordó que desde el año pasado, la ONU recomendó al gobierno mexicano, a través del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en México (Cedaw, por sus siglas en inglés), la plena aplicación de la LGAMVLV y del Programa Nacional para Prevenir, Atender y Sancionar y Erradicar la Violencia; activar un Banco Nacional de Datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, con la participación de los 32 estados; invertir más recursos humanos, técnicos y financieros, así como simplificar la ruta para el acceso a la justicia, pues sigue siendo crítica: “hay muchos procedimientos, muchos mecanismos, muchas comisiones, y esto hay que simplificarlo”.
La tercera recomendación es la emisión de las órdenes de protección, “mecanismo que se está usando muy poco para proteger a las mujeres, a pesar de que se presentan las denuncias en casos de violencia”.
Otro tema en discusión es activar el mecanismo de Alerta de Género, el cual tiene que ser técnico y de rápida aplicación en los municipios y territorios donde el problema es grave y hay una falta de respuesta de las autoridades.
“Esta alerta no debería votarse (por las representantes de los 32 institutos de las mujeres en el país y autoridades gubernamentales federales y locales), sino cumplir una serie de requisitos y aplicarse”.
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