Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) propusieron este miércoles al gobierno de Colombia eliminar el carácter presidencialista del Estado colombiano, entre una serie de reformas para “la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional”.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) propusieron este miércoles al gobierno de Colombia eliminar el carácter presidencialista del Estado colombiano, entre una serie de reformas para “la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional”.
Uno de los representantes de la insurgencia, Rodrigo Granda, leyó un comunicado en el que expresó la postura sobre este tema. “La reestructuración democrática del Estado comprende la redefinición de los poderes públicos y de sus facultades, así como del equilibrio entre ellos, eliminando el carácter presidencialista del Estado”.
Las FARC-EP entregó a la prensa a la entrada del Palacio de las Convenciones en La Habana un documento en el que recogieron propuestas relacionadas con el segundo punto de la agenda de los Diálogos de Paz: participación política.
De acuerdo con Granda, “estas propuestas tienen el propósito de avanzar hacia el necesario e inaplazable proceso de democratización real del Estado y del régimen político colombiano”.
Las propuestas son: reestructuración democrática del Estado y reforma política; garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno; garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final (de las pláticas).
Agregó que “es necesaria la democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación; estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios; y participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica”.
Pidieron también “garantías de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos”; estímulo a la participación social y popular en los procesos de integración de Nuestra América; cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional y derecho a la protesta y la movilización social y popular y convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”.
En cuanto a las garantías para la oposición, las FARC aclaran que “se promoverá el derecho a la oposición política y el derecho a ser gobierno. Se emprenderán acciones para garantizar su pleno ejercicio. Se reconocerán todas las organizaciones, partidos políticos y movimientos políticos y sociales opositores”.
Las dos delegaciones retomaron el pasado martes las conversaciones con la discusión de la participación política, el segundo punto de la agenda pactada antes de iniciar los diálogos en el Palacio de Convenciones de la capital cubana. Aunque esta semana las delegaciones discuten por separado antes de presentar sus propuestas.
Las FARC-EP y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos lograron 16 acuerdos sobre el tema agrario, punto que ha centrado el proceso que comenzó el pasado 19 de noviembre en La Habana, con Cuba y Noruega como garantes y como observadores, Chile y Venezuela.
El narcotráfico, la atención a las víctimas, el fin del conflicto armado y los mecanismos de verificación y refrendación de lo acordado en la mesa, son los otros puntos de la agenda.
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