Enrique Peña Nieto no consiguió su objetivo de tomar posesión de la Presidencia de la República con el Pacto por México ya firmado. Pero lo logró un día después de rendir protesta. Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, accedió a signar el acuerdo con el PRI y el PAN pese a la oposición dentro de su partido. Esto ya generó un nuevo cisma en el sol azteca, al grado de que su Congreso Nacional debió ser pospuesto hasta que las tribus se pongan de acuerdo. Si bien Zambrano insiste en la viabilidad del pacto, otros actores políticos lo consideran una muestra de regresión.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El único cambio entre las versiones original y final del Pacto por México –negociado por el PRI, el PAN y la corriente Nueva Izquierda del PRD, y firmado el pasado domingo 2– es de redacción.
El fondo sigue siendo el mismo: Aprobar las reformas estructurales propuestas por Enrique Peña Nieto en temas fiscales, de seguridad social y combate a la pobreza. Eran 105 compromisos. Quedaron 95.
Tampoco cambió el tenso ambiente de la Comisión Política Nacional del PRD, que el viernes 7 acordó posponer su XIV Congreso Nacional programado originalmente para los días 14, 15 y 16 de diciembre.
En entrevista con Proceso Jesús Zambrano, presidente del PRD, dice que la posposición del congreso se debe a que las corrientes internas en desacuerdo con el Pacto por México –que son la mayoría– se están “dando un tiempo” para analizar el documento y lograr acuerdos para suscribirlo porque, añadió, él sigue convencido de la viabilidad del contenido.
Para su secretario general, Alejandro Sánchez Camacho, la firma de dicho pacto tomó al PRD “en una etapa complicada” porque en estos días se analiza la agenda nacional del partido, se prepara la renovación de sus órganos directivos en el Distrito Federal y se definen las estrategias para las elecciones de 2013; además hay una agenda legislativa que se pretende impulsar en el Congreso de la Unión.
Por eso “la firma está atravesando esta agenda, lo que nos convoca a encontrarnos en dos escenarios: profundizar una crisis o construir un acuerdo político nacional”, destaca en entrevista con este semanario.
Zambrano y su corriente Nueva Izquierda quisieron justificar la decisión de firmar el pacto con una encuesta de la empresa Mendoza Blanco y Asociados. El presidente perredista no mostró la encuesta, sólo mandó a los militantes un correo electrónico con un resumen:
“El conocimiento del pacto entre la ciudadanía es muy alto: ocho de cada 10 encuestados saben de él y sigue a la alza. Casi siete de cada 10 creen que será benéfico para el país. Aumenta el porcentaje de personas que cree que el PRD saldrá beneficiado con su participación; en relación con otros momentos, hoy seis de cada 10 personas lo creen; y si sólo se considera a quienes saben del pacto, serían siete de cada 10.”
El 4 de diciembre, en su cuenta de Twitter, Andrés Manuel López Obrador se refirió a ese documento: “El pacto, ese plato de mentiras que quieren que nos traguemos, consiste en cooptar a todos y borrar a la oposición: Totalitarismo. Guácala”.
Otro cisma perredista
Lo que el 28 de noviembre en Querétaro fue un fracaso del equipo de Enrique Peña Nieto, cuando se suspendió a última hora la firma del Pacto por México, se volvió un triunfo el domingo 2, cuando PRI y PAN convencieron a Zambrano de firmarlo.
Pero Sánchez Camacho desconoció el acuerdo porque Zambrano lo había rubricado “a título personal”. Comenzaron los reclamos en la Comisión Política Nacional contra el presidente del PRD porque a las negociaciones previas a la firma sólo invitó a Jesús Ortega, Guadalupe Acosta Naranjo y Carlos Navarrete, miembros de su corriente.
Izquierda Democrática Nacional, a la que pertenece Sánchez Camacho, obtuvo el apoyo de los opositores a Nueva Izquierda para rechazar el contenido del pacto y la forma en la que Zambrano lo negoció con el gobierno. La situación se tensó tanto que el viernes 7 anunciaron la posposición del XIV Congreso Nacional.
Zambrano dice a Proceso que el motivo real de la posposición fue que la negociación del Pacto por México le impidió “seguir de cerca los temas a tratar en el Congreso, como los documentos básicos del partido y la línea política”.
En un comunicado el PRD indicó: “En consideración a que la agenda política nacional y los temas de discusión del XIV Congreso Nacional requieren una mayor reflexión y análisis de las propuestas que se someterán a consideración en el perredismo nacional, mismas que garanticen una actuación responsable y socialmente eficaz del PRD, la Comisión Política y el Secretariado Nacional resolvieron posponer el congreso”.
El texto de tres puntos firmado por Zambrano y Sánchez Camacho indica que en los próximos días se dará a conocer a la militancia una ruta de operación política para la reconstrucción de su agenda política para los próximos meses, incluida la agenda electoral de 2013.
Sánchez Camacho consideró que profundizar la crisis interna perredista significaría retirar la firma del pacto y que Zambrano dejara el cargo. Pero hay quienes opinan “que se quede la firma del pacto como está, nos sumemos a la dinámica del pacto nacional y cabildeemos en mesas de negociación aproximaciones de una salida donde las partes sientan reflejadas sus posiciones sin que una se proclame triunfadora sobre la otra.
“Eso permitiría tener una comisión política y un consejo y un Congreso Nacional que sean puentes de convivencia entre las dos grandes posiciones, que precisamente son los esfuerzos que se están haciendo en estos días. Se están creando bases para que el PRD permanezca como un partido de izquierda alternativo. Y eso pasa por un Congreso Nacional donde se vea que pueden convivir.”
Zambrano insiste en que el fondo es que desatendieron al partido por negociar con el gobierno.
“El asunto del pacto nos llevó a desatender lo del congreso y cosas pendientes, documentos básicos, línea política, estatutos y organización; los dejamos de lado, no se generaron las mejores condiciones para tener a tiempo bien ordenados los documentos.”
Consideró que el Congreso se realizará a finales de enero o principios de febrero. La idea, añadió, es serenar los ánimos de los perredistas inconformes con el acuerdo y que se abra un debate amplio para discernir los temas relacionados con el partido.
El primer “round”
Un día después de que Enrique Peña Nieto tomó protesta como presidente, en medio de enfrentamientos entre jóvenes, grupos de choque y policías federales y capitalinos, se firmó el pacto en el Castillo de Chapultepec.
El documento fue rubricado, en este orden, por: Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática; María Cristina Díaz Salazar, presidenta del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional, y Gustavo Madero Muñoz, presidente nacional del Partido Acción Nacional.
El Pacto por México consta de 18 cuartillas. Lo único que cambia respecto del proyecto original es la redacción, acepta Zambrano.
En el borrador del documento se proponían plazos específicos para lograr cada uno de los acuerdos. Después de las escenas de violencia durante la toma de posesión de Peña Nieto el sábado 1, llama la atención que se retirara la propuesta de crear la Ley de Suspensión del Ejercicio de Derechos Humanos y Garantías. Sólo quedó el acuerdo de elaborar una ley sobre el uso legítimo de la fuerza pública, “como sucede en otros países”.
La interpretación final aborda estos puntos con una redacción más relajada. No menciona la creación de la ley de suspensión del ejercicio de derechos humanos y garantías, simplemente señala:
“Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional. Para reglamentar el Artículo 29 Constitucional se expedirá una nueva ley que permita normar los términos y condiciones de tal suspensión (compromiso 23).
“Ley Reglamentaria del Artículo 33 Constitucional en materia de expulsión de extranjeros. Se creará una nueva ley que reglamente el procedimiento para que un extranjero pueda ser expulsado del país (compromiso 24). Reforma a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos. Se adecuará la actual ley para que sea consistente con la reciente reforma constitucional (compromiso 25).”
Antes se pedía “reformar los impuestos directos e indirectos”, ahora bajo el rubro de “eficiencia recaudatoria” se establece el compromiso 69: “Se mejorará y simplificará el cobro de los impuestos. Asimismo se incrementará la base de contribuyentes y se combatirán la elusión y la evasión fiscal”.
El pacto signó un acuerdo para la seguridad y la justicia: “El principal objetivo de la política de la seguridad y la justicia será recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia. En específico se focalizarán los esfuerzos del Estado mexicano para reducir los tres delitos que más lastiman a la población: asesinatos, secuestros y extorsiones. Para cumplir con estos objetivos se implementarán las siguientes acciones:
“Implantar un Plan Nacional de Prevención y Participación Comunitaria. Se focalizará en los municipios con más violencia del país el avance de un nuevo Sistema de Seguridad Social Universal; programas de combate a la pobreza, las Escuelas de Tiempo Completo, el Programa de Empleo para Jóvenes y la recuperación de espacios públicos junto con las comunidades. De igual forma se alinearán todos los presupuestos para la prevención del delito para que se convierta en una verdadera prioridad nacional”, se explica en el documento difundido por la Presidencia.
El esquema de reforma a los cuerpos de policía incluye la creación de policías estatales coordinadas “para cuidar los barrios, unidades habitacionales, mercados, zonas turísticas y otros espacios públicos, y las policías estatales asuman todas las labores de seguridad pública bajo un esquema de homologación de funciones y capacidades. Se impulsará un esquema en coordinación con las autoridades municipales.
“Se creará la Gendarmería Nacional como un cuerpo de control territorial que permita el ejercicio de la soberanía del Estado mexicano en todos los rincones del país, sin importar su lejanía, aislamiento o condición de vulnerabilidad (compromiso 76).”
Habrá en todo el país un sistema de justicia penal, acusatorio y oral, y códigos penales y de procedimientos penales únicos.
En el tema de los gobiernos de coalición “se impulsará una reforma constitucional para otorgarle al presidente la facultad constitucional de optar entre gobernar con minoría política o gobernar a través de una coalición legislativa y de gobierno. En este caso, el presidente y su partido construirán un acuerdo con una o varias de las fuerzas opositoras en el Congreso para conformar una mayoría estable para que ratifique lo siguiente: Un programa de gobierno que garantice su ejecución integral”.
Cuatro días después los priistas tomaron la tribuna del Senado para protestar porque los panistas y perredistas “reventaron” la sesión donde se pretendía aprobar el dictamen de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por el que se acota la estructura de gobierno. Aunque se aprobó en lo general, los senadores hicieron vacío en la votación y no se alcanzó el quórum para votarla en lo particular.
Con eso se impidió que los priistas ganaran la votación para suprimir el último párrafo del artículo 27 de dicha ley, que condicionaba la facultad del Senado para ratificar los nombramientos del comisionado de Seguridad Pública y al secretario técnico de la Comisión de Seguridad Nacional, que dependerán de la Secretaría de Gobernación.
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