MÉXICO, D.F. (apro).- La dirigencia nacional del PRD exigió a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Miguel Mancera Espinosa, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sancionar a los policías federales y de la capital que incurrieron en abusos graves durante los disturbios del 1 de diciembre, entre ellos la utilización de balas de goma.
En el marco del Día Internacional de Derechos Humanos y una semana después de que el dirigente nacional perredista Jesús Zambrano firmara el Pacto por México, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del PRD emitió un comunicado en el que alerta sobre el talante represor del gobierno de Peña Nieto y hace un balance de la crisis en la materia que dejó el panista Felipe Calderón.
“Peña Nieto ha dado muestras de que reprimirá la protesta social y el ejercicio de las libertades”, se advierte en el comunicado firmado por Zambrano Grijalva y Lucio Borreguín González.
El jefe del Ejecutivo, se advierte en el documento, ha dado muestras de seguir “la ruta trazada por Calderón”, al proponer las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública para concentrar las tareas de seguridad en Gobernación, así como su intención de que el Ejército siga en las calles, aparte de que los hechos del 1 de diciembre “lo muestran decidido a valerse de la violencia institucional”
Luego de exigir investigaciones sobre los hechos ocurridos el 1 de diciembre, por los que 70 personas fueron detenidas y de ellas liberadas 56 apenas el domingo anterior, el PRD se refiere a la urgencia de que la Procuraduría General de la República (PGR) indague a los policías federales que no acataron el protocolo para uso de la fuerza.
“La negligencia y la indolencia de la PGR indicarían el solapamiento a conductas ilegales y autoritarias que fueron un sello de los gobiernos del PRI en 1968 y 1971”, se acusa en el comunicado.
La dirigencia perredista también sostiene que la firma del Pacto por México “no puede servir como pantalla para encubrir el autoritarismo, que contradice los planteamientos expresados en el pacto en materia de derechos humanos. El PRD no debe mantener silencio ante el retorno del PRI de (Gustavo) Díaz Ordaz y Luis Echeverría”.
Además de exigir al nuevo jefe de gobierno local, Miguel Mancera, esclarecer los desmanes ocurridos el 1 de diciembre, tanto para sancionar a los responsables del vandalismo como a los uniformados que realizaron las detenciones arbitrarias y otros abusos, el PRD nacional recomienda derogar el delito denominado “contra la paz pública”.
El Distrito Federal “debe mantenerse como un espacio de respeto de los derechos civiles, fruto de las luchas democráticas y los gobiernos el PRD. Por eso resulta ineludible una iniciativa para la derogación del delito ‘contra la paz pública’ del Código Penal, que contiene los mismos presupuestos para el de terrorismo y disolución social usado en 1968”.
El instituto político urgió a la CNDH a “investigar la participación de civiles al lado de la Policía Federal Preventiva, los disparos de balas de goma contra los manifestantes por parte de la Policía Federal, así como el uso indebido de la fuerza pública que provocó varios heridos en las inmediaciones de San Lázaro”.
Del balance de la situación de derechos humanos, con motivo de un aniversario más de la declaración universal, el documento partidista reconoce que pese al discurso oficial “en México prevalece la impunidad y se practican de forma sistemática la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, ataques a la población civil por parte de los cuerpos policiacos y de seguridad, tanto federales como estatales, así como por las policías Federal y Judicial, el Ejército mexicano y la Marina”.
Del legado de Calderón, quien “va a pasar a la historia de México como el presidente más sanguinario”, el PRD subrayó que durante el sexenio pasado se reportaron “34 mil quejas por cateos ilegales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones y tortura”, hechos atribuidos a la PF y el Ejército federal, que constituyeron violaciones a las libertades civiles y derechos de integridad, intimidad, privacidad e inviolabilidad del domicilio.
En el desglose de los agravios durante el gobierno de Calderón, se destaca la utilización de los cateos “de manera intensiva e indiscriminada desde que éstos fueron elevados a rango constitucional”.
Asimismo, las denuncias por torturas crecieron 500%, en tanto que las quejas por “desapariciones forzadas ascendieron a más de 2 mil y 24 mil personas fueron reportadas como desaparecidas”.
El PRD también hizo referencia a los distintos informes sobre el controvertido número de muertes ocurridas durante el sexenio pasado en la lucha contra el crimen organizado, así como las desapariciones:
“La CNDH tiene un registro de 46 mil ejecutados; 16 mil cuerpos no identificados y mil 400 inhumados en fosas clandestinas. La Red todos los derechos para todas y todos (Red TDT) afirma que hay más de 95 mil muertos y 15 mil desapariciones forzadas. El semanario Zeta, con datos del Sistema Nacional de Información, concluye que existen 101 mil 109 casos de ejecuciones, 83 mil relacionados con el crimen organizado”.
Las entidades con mayor número de ejecuciones, subrayó, son Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y Baja California, y los que llevan una contabilidad ascendente en ese sentido son Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Durango, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y Coahuila.
En cuanto a los desplazamientos por la violencia, según el PRD, “la ACNUR sostiene que hay 250 mil desplazados, y la Red Todos los Derechos para todas y todos, afirma que se trata de 780 mil personas en esta situación. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad habla que van desde 260 mil a un millón”.
Después de destacar la preocupación del Consejo Noruego para Refugiados por los desplazamientos, el PRD asegura que los estados con mayor número de desplazados son Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Veracruz y que, como localidad, Juárez es la que más padece el problema: en 2010, 24 mil 500 casos; en 2011, 26 mil 500; además, se tiene un registro de 116 mil hogares vacíos, aparte de que 11 mil negocios han cerrado en esa ciudad fronteriza.
Además, el PRD reconoce que durante el sexenio calderonista, los periodistas fueron un gremio vulnerado por la violencia: de acuerdo con datos de la organización Artículo 19, unos 95 periodistas fueron asesinados; 136 amenazados, aparte de que se contabilizaron un total de 324 agresiones contra comunicadores; en tanto, Amnistía Internacional reportó 47 casos de agresiones contra defensores de derechos humanos de 2010 a la fecha.
Por último, el PRD resaltó que también fue víctima de la violencia política. “Los crímenes contra sus militantes por causa de su libertad política crecieron 230% con respecto del sexenio de (Vicente) Fox. Al menos 60 compañeros fueron asesinados en total, principalmente en el estado de Guerrero”.
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