MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) reveló que en cinco entidades se concentra la mitad de las desapariciones de personas en el país. En esta lista trágica Tamaulipas se sitúa a la cabeza, con 14.8% de los casos; le sigue Coahuila, con 10.8%; muy cerca Veracruz, con 9.2%; Estado de México, con 7.8% y Nuevo León, con 7.4%.
En la lista proporcionada por la dependencia llama la atención que dichos estados están gobernados por el PRI y, salvo Nuevo León, el resto nunca ha sido gobernado por otro partido político.
Dos de cada tres personas que han sido reportadas ante la Procuraduría Social como desaparecidas o no localizadas, pertenecen al sexo masculino.
Un comunicado de la dependencia dio a conocer que Províctima –a punto de cumplir su primer año de operaciones– ha recibido solicitudes para buscar a mil 314 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas.
A escala nacional, diversas fuentes han estimado entre 10 y 18 mil el número de personas privadas de su libertad que no han regresado a casa.
El comunicado establece que la Procuraduría Social ha logrado establecer el paradero de 113 personas, el 73% de ellas con vida, gracias a la creación de un protocolo de búsqueda que señala los pasos que las procuradurías de justicia estatales deberían seguir al momento de recibir las denuncias, en vez de esperar a que pasen 72 horas para comenzar a buscar, como actualmente ocurre.
Algunas prácticas y procesos que incorpora este protocolo son: realizar una entrevista profunda para el acopio de la información necesaria para el desarrollo de líneas de investigación inmediatas; recopilar muestras dactilares y biológicas para el análisis genético, así como fotografías digitales para rastreo en Internet; identificar fuentes de consulta inmediata, como familiares y amistades; generar un análisis de información a la brevedad; alertar sobre la recolección de información técnica de manera oportuna, lo que incluye la recomendación de no cancelar o desactivar servicios como telefonía, cuentas bancarias y tarjetas de crédito, o sistemas de videovigilancia.
Províctima ha firmado convenios con distintos estados para que las procuradurías adopten el protocolo, sin embargo, su aplicación es voluntaria y ninguna ley establece su implementación a nivel nacional.
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