Informe de Amnistía para la ONU exhibe a Calderón: no combatió seriamente la tortura e impunidad, acusa

FUENTE: http://www.sinembargo.mx/11-10-2012/394767

Marcelo Laguarda Dávila Ciudad de México, 11 de oct (sinembargo.mx) – “Yo fui, yo fui… confieso lo que ustedes quieran”, les dijo a sus torturadores Marcelo Laguarda Dávila luego de tres días de cautiverio. Eran como 20 agentes de la policía ministerial los que se presentaron en su casa y lo secuestraron con armas largas: “Somos de Los Zetas”, le dijeron al subirlo al coche. Luego lo llevaron a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) a cargo de Adrián de la Garza, procurador general de Justicia de Nuevo León. El tormento inició desde el principio: aturdido, aterrorizado por los golpes y las amenazas, fue llevado sin orden de detención al auditorio de la AEI donde había decenas de detenidos también bajo tortura. Uno de los policías le empezó a vendar la cara, excepto la nariz, y a continuación le lanzó agua para intentar ahogarlo. Allí supo de que lo acusaban: “Confiesa, di que fuiste tu, que lo mandaste matar”. Inmovilizado, sin poder respirar, Marcelo sentía el peso de otro policía encima de su pecho y otro más sujetándole las piernas. Además de la cabeza vendada, método utilizado para torturar denominado “la momia”, le aplicaron toques eléctricos, le reventaron un oído, lo patearon en las costillas y en el tórax, fingieron ejecutarlo tomándolo de los pies y sacándolo por la ventana boca abajo desde un tercer piso, le colocaron reiteradamente una bolsa negra en la cara para asfixiarlo y le colocaron varias veces una pistola en la cabeza para amenazarlo de muerte. “Yo no fui. No se nada, no entiendo nada”, les decía. Después de tres días de cautiverio empezó a flaquear. El dolor en todo el cuerpo era más intenso, no lo dejaban dormir, no le daban de comer ni de beber. Le empezaron a vendar la cabeza para lanzarle nuevamente agua e intentar ahogarlo, lo hicieron tres veces, hasta que por fin les dijo: “Ya, ya, por favor, lo que sea, yo confieso lo que ustedes quieran… Yo fui, yo fui”. A Marcelo se le llenan los ojos de lágrimas. Han pasado dos años de su detención y no se recupera aún de las huellas psicológicas y físicas de la tortura. 


Está en el Penal del Topo Chico, una cárcel de Monterrey controlada por Los Zetas. Por aquella declaración bajo tortura fue sentenciado a 42 años de cárcel: “Aún no puedo creer que este aquí, no puedo creer que me hayan condenado siendo inocente. A todos les dije que fui torturado y a nadie le importó”. BAJAR  AQUÍ INFORME COMPLETO, AMNISTIA Luego de aceptar bajo tortura firmar una confesión, supo de que lo acusaban: de haber mandado asesinar a Víctor Castillo Santillán, compañero de estudios de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y originario de Ramos Arizpe, Coahuila. La historia que le inventaron era verdaderamente cinematográfica: él había contratado a dos Zetas para matarlo el 20 de abril de 2010 y les pagó 2 mil pesos por adelantado. El resto del dinero jamás fue cobrado por los asesinos que, además, nunca fueron detenidos. El móvil eran los celos por una compañera francesa que estaba de intercambio en la misma universidad y que ambos conocían. La versión de los ministeriales fue que Marcelo presentó tres declaraciones: en las dos primeras negó los hechos, pero en la tercera confesó. Más aún, señalaron que él había decidido ir por su cuenta a confesar su crimen, observó a unos policías ministeriales en la calle los detuvo y les dijo espontáneamente mandó ejecutar a su amigo. Marcelo se frota las manos, aún tiene las cicatrices de la tortura en sus dedos. Después de su cautiverio fue llevado al Hospital Universitario para ser atendido. Le tomaron fotos de las huellas de la tortura, imágenes que posteriormente desaparecieron del expediente y luego del largo arraigo lo presentaron ante un juez a quien le dijo lo sucedido: “Tu ya te chingaste”, le dijo el policía ministerial que lo llevó ante el juez, “Ya dijiste que fuiste tu. Ahora tienes que firmar”. Marcelo comunicó al juez que todo había sido bajo tortura, pero no le hizo caso. Los dedos de las manos le dolían y no podía ni siquiera tomar la pluma para firmar, pero el policía ministerial le colocó un encendedor para quemarle las manos: “Ves como si puedes firmar”, le dijo. Los padres de Marcelo buscaron otro médico que se encargo de certificar las huellas de la tortura. Hay pruebas de un “puntilleo hemorrágico de forma lineal”, como cuando se reciben descargas eléctricas, y graves contusiones en la mandíbula, el cuello, el tórax y los dedos de las manos. De nada sirvió. Los policías ministeriales adscritos a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) a cargo del procurador Adrián de la Garza, forman parte de la policía más torturadora con 20 de 23 recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH) en los últimos seis meses. Ninguna autoridad atendió debidamente las denuncias de tortura, ni siquiera la CEDH. Un año después, Marcelo Laguarda Dávila fue sentenciado a 42 años de cárcel por un delito que no cometió.

 LA TORTURA, EN AUMENTO

El informe de Amnistía Internacional Amnistía Internacional, cuyo director ejecutivo en México es Alberto Herrera Aragón, presentará este jueves el informe titulado: “Culpables conocidos, víctimas ignoradas: tortura y maltrato en México”, un documento que muestra el incremento alarmante de la tortura durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y la impunidad imperante: “Amnistía Internacional publica el presente documento para ilustrar el hecho evidente de que el gobierno del presidente Felipe Calderón no ha combatido seriamente la tortura y para poner de relieve los retos a que deberá hacer frente el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando entre en funciones en diciembre, para poner fin a la tortura y los malos tratos. La organización presentará este material al Comité de la ONU contra la Tortura, que en noviembre de 2012 someterá a examen el cumplimiento por parte de México de la obligación de poner fin a la tortura”. Añade: “Los datos disponibles indican que las políticas de seguridad pública adoptadas por el gobierno en los últimos cinco años han coincidido con un alarmante aumento del uso de la tortura y los malos tratos a escala federal, estatal y municipal. Como consecuencia de ello, quienes cometen tortura saben que no hay prácticamente ninguna probabilidad de que los hagan comparecer ante la justicia. Además, la información y las pruebas obtenidas mediante tortura siguen siendo aceptadas con frecuencia en los procedimientos judiciales, lo que fomenta su uso continuo”. Y sentencia: “Es hora de reconocer la verdadera magnitud de la tortura y establecer políticas y prácticas de ámbito federal, estatal y municipal que aborden esta realidad”.

 La magnitud de la tortura y otros malos tratos se exhibe primeramente a través de las denuncias ante la CNDH. De 2007 a 2011 fueron 4 mil 841. Un elemento importante para la permanencia de la tortura es la impunidad: La falta de actas de acusación, juicios y sentencias condenatorias por tortura y otros malos tratos es reflejo de la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades para garantizar la investigación y el enjuiciamiento efectivos e imparciales de los casos. Por ejemplo, el creciente número de denuncias presentadas ante la CNDH no da dado lugar a un aumento de las actas de acusación ni de las sentencias condenatorias”. En cuanto a la violencia contra las mujeres, la situación es alarmante: “La violencia contra las mujeres sigue siendo práctica generalizada en México. Los responsables de tortura, incluida violación, asesinato o secuestro de mujeres y niñas raras veces son llevados ante la justicia”. El documento se basa en testimonios, informes, estadísticas y pruebas diversas para demostrar el incremento considerable de la tortura: “Amnistía Internacional lleva años expresando su preocupación por las denuncias de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por personal militar o por la policía a escala federal, estatal y municipal. Las denuncias son generalizadas, y los responsables disfrutan de casi total impunidad”. Los casos son escalofriantes: Miriam Isaura López, detenida por militares en febrero de 2011: “Escuché muchos gritos de una persona de sexo masculino, a lo cual le preguntaban “donde están las armas y donde está la droga”, rato después se escucha “llévatelo y tráeme al que sigue”, escucho que abren la puerta .. me [sic] un trapo mojado en la cara, cuando respiré, sentía la mojada que estaba, se me complicaba respirar, después sentía un chorro de agua sobre mi nariz, trato de incorporarme, pero no podía levantarme porque me sujetaban de los hombros, piernas y … alguien oprimía mi estómago, eso lo hicieron en repetidas ocasiones, mientras me preguntaban lo mismo”. 

Israel Arzate: Fue detenido arbitrariamente por militares en relación con la matanza de 15 jóvenes en Villas de Salvacar, Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, en febrero de 2010. Pese a existir una serie de irregularidades en torno a su detención, se determinó que ésta era legal. Su interrogatorio y tortura hicieron posible una confesión en vídeo de su supuesta participación en el delito, hecha en un cuartel militar y delante de un agente del ministerio público y un defensor público. Cuando Israel Arzate compareció ante un juez se retractó ante él de la confesión en vídeo y le informó de que los militares lo habían torturado reiteradamente para obligarlo a hacerla. Sin embargo, el juez no ordenó una investigación, a pesar de sus lesiones físicas causadas por tortura, y admitió la confesión en vídeo como prueba. Posteriormente, en una investigación de la CNDH se determinó que Israel Arzate había sufrido durante varios días tortura a manos de los militares, incluidas palizas, descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo, colocación de una bolsa de plástico en la cabeza, amenazas de muerte y amenazas de violación de su esposa, y que tras dictarse acta de acusación formal contra él, los militares lo habían sacado de la prisión civil y lo habían sometido a nuevas torturas. A pesar de ello, el juez justificó la decisión de admitir la declaración en vídeo con el argumento de que la confesión debía ser cierta, pues contenía más datos sobre el delito de los conocería un acusado que fuera inocente”. Ramiro Ramírez, Rodrigo Ramírez, Ramiro López y Orlando Santaolaya: El 16 de junio de 2009 fueron detenidos por militares mexicanos cuatro hombres en Playas de Rosarito, Baja California. Según los hombres, no los detuvieron cerca del lugar del delito, como afirmaron los militares; además, los torturaron a fin de que se auto inculparan. Luego los presentaron a los medios de comunicación delante de un alijo de armas y los sometieron a arraigo en la base militar del 28 Batallón de la II Zona Militar en Tijuana. Tras pasar 41 días en arraigo en esa base, los acusaron formalmente de tenencia de armas y secuestro y los enviaron a la prisión federal de Tepic, donde continúan en espera del resultado de la causa abierta contra ellos. Durante el arraigo, estuvieron incomunicados, sin acceso a abogados ni a sus familias, durante dos semanas. Los detenidos dijeron a sus familiares que los habían sometido a palizas, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ejecución y privación del sueño a fin de que se inculparan unos a otros y firmaran confesiones falsas. No había más personal médico que unos médicos militares que supervisaban la tortura y reanimaban a los detenidos cuando perdían el conocimiento”. Shohn Huckabee y Carlos Quijos: En diciembre de 2009, miembros del Ejército mexicano detuvieron a Shohn Huckabee y Carlos Quijos en Ciudad Juárez, Chihuahua, cerca del paso fronterizo con Estados Unidos. Según Shohn Huckabee, los soldados les pusieron droga en su vehículo y los llevaron a un cuartel militar, donde los sometieron a palizas, descargas eléctricas y simulacros de ejecución para conseguir de ellos información sobre su supuesta vinculación con bandas de narcotráfico. Shohn Huckabee dijo que no tenían ninguna relación con tales bandas y que se enteraron por primera vez de la existencia de la droga cuando los obligaron a fotografiarse con dos maletas de marihuana al día siguiente. Ambos hombres fueron entregados al ministerio público federal en virtud de las pruebas presentadas por los soldados. Ni el ministerio público ni los jueces cuestionaron jamás seriamente la versión de lo ocurrido ofrecida por el ejército. Se hizo caso omiso de relatos de testigos presenciales que contradecían la versión militar, y también murieron o desaparecieron testigos presenciales en circunstancias no aclaradas. Los indicios de tortura no se han investigado jamás de manera efectiva. Ambos hombres fueron condenados a cinco años de prisión. A Shohn Huckabee se le permitió regresar a Estados Unidos para cumplir su condena, pero al final de 2011 fue excarcelado a instancias de una junta de libertad condicional que tuvo en cuenta los convincentes datos que probaban su tortura”. Gerardo Torres Pérez: Fue detenido por la policía federal y la policía judicial y estatal de Guerrero, junto con más de 41 personas más, tras disparar y matar los agentes a dos manifestantes durante una protesta de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Chilpancingo, estado de Guerrero, el 12 de diciembre de 2011. De camino a la comisaría, él y otros 23 detenidos recibieron golpes y patadas. Tras vendarle los ojos, seis agentes de la policía judicial del estado lo llevaron a un lugar aislado, a las afueras de la ciudad. Lo amenazaron de muerte y le propinaron puñetazos en el estómago, las costillas y los brazos para obligarlo a apretar el gatillo de un arma automática y poner sus huellas dactilares en casquillos de bala usados, a fin de culparlo falsamente de los disparos efectuados previamente. Luego lo pusieron de nuevo bajo custodia y presentaron cargos contra él sobre la base de estas pruebas falsas. A raíz de la preocupación suscitada dentro y fuera del país ante la evidencia de la responsabilidad policial de la muerte por disparos de manifestantes desarmados y de los malos tratos infligidos a detenidos, el 13 de diciembre de 2011 Gerardo Torres Pérez quedó en libertad, junto con los otros 23 manifestantes sometidos a malos tratos, como golpes y patadas, durante su detención. Las conclusiones de la CNDH, basadas en un examen médico y otros datos, confirmaron la tortura y la falsificación de pruebas por parte de la policía judicial.62 Se ha presentado una denuncia por tortura, y en el momento de redactar el presente documento continuaban las investigaciones”. José Manuel Esqueda Nieto y Gustavo Fuentes Moreno: Fueron detenidos el 27 de diciembre de 2011 por personal militar en un restaurante cerca de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, en relación con un vehículo que contenía, presuntamente, armas. Según el relato de Gustavo Fuentes Moreno, llevaron a los dos a un solar vacío y los golpearon brutalmente para obligarlos a confesar que eran propietarios del vehículo y a proporcionar información sobre sus supuestos contactos con delincuentes. Josué Manuel Esqueda Nieto murió ese mismo día debido a las lesiones causadas por las palizas, y Gustavo Fuentes Moreno necesitó atención hospitalaria por ellas.67 En junio, la CNDH publicó la recomendación 29/2012 contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la tortura y homicidio de Josué Manuel Esqueda Nieto. La Sedena aceptó la recomendación y abrió una investigación, pero en septiembre no había informado a los familiares de las víctimas de ningún avance”. Jethro Ramsés Sánchez Santana Jethro Ramsés Sánchez Santana: El 1 de mayo de 2011, la policía municipal de Cuernavaca, estado de Morelos, detuvo a Jethro Ramsés Sánchez Santana, estudiante, y a un amigo suyo. Según el amigo, que quedó después en libertad, ambos fueron entregados primeramente a la policía federal, que los dejó luego en manos de militares. De acuerdo con la información disponible, Jethro Sánchez fue torturado. Cuando su familia quiso buscarlo y presentó una denuncia, los militares negaron tener conocimiento de su detención. Sólo después de que la policía declarara que ambos hombres habían sido entregados a personal militar inició el sistema de justicia militar una investigación. Ante la clara evidencia de la entrega y la decidida campaña de la familia, los militares arrestaron a varios soldados, gracias a lo cual se localizaron los restos de Jethro Ramsés Sánchez Santana y se practicó una autopsia que indicó que había sido enterrado vivo. Se han presentado cargos contra tres militares en relación con la tortura y homicidio del estudiante, pero no contra otros presuntamente implicados también en el delito, incluidos los que intentaron ocultarlo. En agosto, la CNDH formuló la recomendación 38/2012 contra la Sedena por la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y homicidio de Jethro Ramsés Sánchez Santana. Ese mismo mes, la Suprema Corte de Justicia determinó que el asunto debía verse en el sistema de justicia civil”. COMISIONES SIN INDEPENDENCIA La ineficiencia de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y de la Nacional (CNDH) a la hora de denunciar, reparar y hacer justicia en los casos de tortura y otras violaciones, queda de manifiesto en el informe de Amnistía Internacional. Por falta de independencia, estas instituciones funcionan bajo el mando del gobierno en turno, sometidas al arbitrio de gobernadores, alcaldes o presidentes, sin concluir eficazmente su trabajo otorgando el acceso a la justicia a la víctima y la posibilidad de recibir una reparación del daño ocasionado. “Los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas de los agentes de policía, el personal militar, los peritos técnicos, los forenses o los jueces, así como los abogados defensores y los representantes de las comisiones de derechos humanos nacional y estatales, siguen siendo inadecuados, y las reformas judiciales no han abordado apenas la impunidad resultante de esta falta de rendición de cuentas”, dice el informe. Añade: “Amnistía Internacional no conoce ningún caso de ámbito federal ni estatal en el que se hayan entablado acciones disciplinarias contra militares, agentes de policía, abogados defensores o jueces por no haber tomado medidas adecuadas al recibir información que indicaba que el acusado era víctima de tortura y otros malos tratos. Esta falta de rendición de cuentas supone que no hay todavía elementos de disuasión suficientes para impedir que los funcionarios del sistema judicial y legal incumplan su deber de tomar medidas adecuadas ante la evidencia de tortura y otros malos tratos. Al mismo tiempo, el hecho de que se sigan admitiendo en los procedimientos judiciales pruebas obtenidas mediante tortura y malos tratos genera incentivos para continuar dependiendo de la tortura como medio de llevar a cabo investigaciones criminales”. El informe ofrece la magnitud de la tortura en México, la impunidad existente,  los abusos contra migrantes, las desapariciones forzadas y secuestros. Analiza las deficiencias de la legislación que no otorgan la posibilidad del debido proceso a los acusados bajo tortura. En cuanto a las confesiones obtenidas con coacción, Amnistía Internacional considera que el sistema no protege los derechos de los ciudadanos: “En el sistema de justicia federal y en los 21 estados donde continúa en vigor el antiguo sistema procesal, sigue aplicándose la norma de la “inmediatez procesal”. En virtud de ella, se concede más importancia a las declaraciones iniciales hechas bajo custodia del ministerio público que a la declaración posterior hecha ante el juez. De este modo se fomenta el uso de la tortura para obtener confesiones y se impide a los acusados defenderse de manera efectiva de los cargos basados en ellas. Este principio debería invalidarse en el nuevo sistema procesal, pero los jueces continúan aplicándolo a fin de admitir pruebas obtenidas mediante tortura antes de la comparecencia ante el tribunal”. En cuanto al arraigo, el informe exhibe una crítica contundente que exhibe mediante estadísticas el abuso de este método: “El ministerio público puede recluir al presunto delincuente en un centro especial o establecido al efecto por un periodo de 40 días, prorrogables a 80, por orden de un juez. Durante el arraigo, los fiscales imponen severas restricciones al acceso de los detenidos a sus familias, a abogados y a servicios médicos independientes, lo que agrava su aislamiento y acrecienta la dificultad de presentar denuncias de malos tratos y documentarlas. La CNDH dijo haber recibido más de mil denuncias relacionadas con órdenes de arraigo ejecutadas por la PGR entre 2009 y 2011.55 Durante la administración de Calderón, el número de órdenes de arraigo concedidas al ministerio público federal aumentó considerablemente: de 542 en 2006 a mil 896 en 2010”. Las detenciones ilegales son practicadas por la mayoría de las autoridades, sin ordenes: El ejercicio indebido de las atribuciones de detención sigue siendo generalizado y continúa facilitando la tortura y los malos tratos. Las leyes que regulan la detención sin orden judicial, particularmente la detención en flagrante delito, siguen siendo excesivamente amplias. Por ejemplo, se puede detener a un presunto delincuente sin indicios razonables de vinculación directa e inmediata con el delito. Se suponía que las reformas de justicia penal iban a poner fin al ejercicio indebido de estas atribuciones de detención tan ampliamente definidas, pero hasta ahora no ha sido así”. TORTURA DEL EJÉRCITO Y LA MARINA El Ejército es una de las instituciones más denunciada por violaciones a los derechos humanos. Entre enero de 2006 y enero de 2012, el Ejército detuvo a 43.778 de presuntos delincuentes: “los cuales fueron llevados a cuarteles militares o sometidos, si no, a interrogatorio, en vez de ser puestos inmediatamente a disposición del ministerio público, como exige la ley. Asimismo, como indican algunos de los casos mencionados en este documento, los agentes del ministerio público civil pueden entrevistar a los detenidos en cuarteles militares, en vez de asumir su custodia, como exige la ley, o poner a las personas bajo orden de arraigo bajo custodia militar. Estas detenciones militares carecen en gran medida de supervisión, pues no hay más funcionarios civiles presentes y sólo se dispone de médicos militares para tratar o registrar las lesiones, lo que crea un clima propicio para la tortura y otros malos tratos”. El gran problema en este apartado, es según Amnistía Internacional la jurisdicción militar, un sistema que otorga impunidad a los torturadores o militares acusados de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales: “Existen convincentes datos que muestran que el sistema de justicia militar ha desestimado denuncias de abusos sin llevar a cabo una investigación efectiva o imparcial y que raras veces se han tomado medidas contra los responsables de la tortura o los malos tratos”. Señala que la Sedena afirmó haber recibido o iniciado mil 060 denuncias contra militares por delitos contra civiles en 2010 y 449 denuncias en 2011,  lo cual dio lugar a un total de 118 investigaciones criminales iniciales, entre ellas las de 17 soldados implicados en casos de tortura: “De los militares afectados, 98 se enfrentaban a cargos penales, algunos por violencia contra personas causante de muerte, y al menos 9 se enfrentaban a cargos de tortura. Durante 2010 y 2011 se condenó a 9 militares en relación con delitos contra civiles. Según la Sedena, durante la administración de Calderón se ha condenado ante tribunales militares por abusos contra los derechos humanos a 38 soldados. Sin embargo, 11 de estas sentencias condenatorias corresponden a casos ocurridos antes de la administración de Calderón, y al menos 19 de las 27 restantes están en proceso de ser recurridos. Por consiguiente, sólo hay confirmadas ocho sentencias condenatorias de militares por delitos de derechos humanos –ninguno de tortura– cometidos durante la administración del presidente Calderón, cuando se han presentado más de 7 mil denuncias de delitos de derechos humanos contra las fuerzas armadas”. La Sedena y la Semar son las instituciones con mayor número de denuncias por violaciones a derechos humanos. La Marina va por la senda del Ejército: “Por ejemplo, en junio de 2011, Amnistía Internacional documentó una serie de detenciones y desapariciones forzadas que afectaban al menos a seis hombres, llevadas a cabo por miembros de la marina en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, y de las que habían sido testigos familiares de las víctimas. La Semar negó toda responsabilidad, pero posteriormente reconoció que había habido “contacto” con las víctimas. La PGR informó en noviembre de 2011 a Amnistía Internacional de que la marina había llevado a esas personas a una estación de autobuses, donde habían quedado en libertad. Por consiguiente, la PGR había cerrado su investigación sin aclarar más la actuación de los miembros de la marina ni determinar el paradero de las personas que continuaban desaparecidas y, por ello, más expuestas aún a sufrir tortura o malos tratos.73 En agosto de 2012, la CNDH formuló la recomendación 39/2012 contra la Semar por la detención arbitraria y desaparición forzada de seis hombres. Sin embargo, en el momento de redactar el presente documento se seguía negando a los familiares de los hombres desaparecidos información creíble sobre su paradero y no había tampoco nueva información sobre la adopción de medidas para hacer rendir cuentas a los responsables”. El informe recomienda: “Es también esencial que todos los casos que se encuentran actualmente bajo la jurisdicción militar se transfieran de inmediato al sistema de justicia civil. Asimismo, todos los casos sometidos al sistema de justicia militar en que hayan concluido los procedimientos judiciales deben ser objeto de una revisión completa en el sistema de justicia civil. Es esencial que todas las sentencias judiciales sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas, incluidas tortura y otros malos tratos, estén basadas en investigaciones completas, imparciales e independientes y en procedimientos judiciales que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos que protegen los derechos de la víctimas y los acusados”. 

SÓLO 10 POR CIENTO El mayor problema con el uso de la tortura y su permanencia en México es la impunidad y el miedo a denunciar. Solo un 10% de los casos son denunciados, señala Javier Enriquez Sam, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad que presento su informe: “En nombre de la guerra, contra la delincuencia: un estudio del fenómeno de la tortura en México”, realizado en colaboración con ACAT-France. Sam Enriquez señala en entrevista que la tortura es una de las violaciones más frecuentes, particularmente durante arrestos y detenciones arbitrarias, que pretenden arrancar confesiones de culpabilidad que lamentablemente siguen constituyendo la prueba principal en los procedimientos judiciales. El incremento es alarmante, coincide en señalar al igual que Amnistía Internacional. En principio, durante 2010, sólo la CNDH hizo mil 161 recomendaciones por este motivo frente a las 330 de 2006, lo que muestra un aumento muy alto. “En el sexenio de Felipe Calderón son muy altos los índices de tortura, particularmente en el norte del país como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila; y también Guadalajara, Michoacán, Estado de México y Distrito Federal; y como una constante Oaxaca, Chiapas y otros estados. “Queda muy evidenciado que los estados del Norte es donde el Ejército desplegó más sus unidades, se movilizó a las fuerzas armadas hacia esta parte. Esto ubica quienes fueron los principales responsables de los casos de tortura: Ejército y Marina, eso no excluye a la policía federal, las estatales o municipales”. El incremento tiene que ver con la llamada guerra contra el crimen organizado: “La tortura se fue para arriba, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”. En la mayoría de los casos de tortura se da contra gente inocente, particularmente jóvenes que se les detiene sin orden de aprehensión o en un operativo e incluso los sacan de sus casas y se les acusa de vender droga o estar vinculado a un grupo de la delincuencia organizada: “En el proceso de traslado empiezan a torturarlos para generar las condiciones para que se declaren culpables de delitos que ni siquiera saben. A veces piensan que se les esta secuestrando o que son delincuentes, pero en realidad, se trata de policías, militares o marinos”. Dentro del modus operandi de la tortura, los secuestrados son trasladados a varios puntos: “primero llegan a una sede de policía, luego a otro cuartel y así los llevan de un lado a otro y son torturados en los diferentes momentos y lugares por donde van pasando, hasta que los entregan”. Lo más común, comenta Enriquez Sam es la fabricación de delincuentes. Además de la tortura institucionalizada en todo México, existe además la indefensión de los detenidos que son presentados ante los medios de comunicación como culpables: “Es un show que violenta el derecho a la presunción de inocencia. Realmente no saben si son o no responsables. Es una marca, un estigma que le queda a la gente de ser presentada ante los medios”. Lo que se ha visto, según testimonios de personas torturadas es que han sido tableados con las tablas que las policías o las fuerzas armadas le confiscan a los delincuentes: “Los métodos de tortura son diversas, antiguamente era muy evidente la manifestación de las lesiones, pero hoy han tratado de esconderlas más, aunque a partir del sexenio de Felipe Calderón la tortura se vuelve brutal y visible, dejan huellas por todos lados: golpes, los cuerpos con hematomas por todos lados, tortura sexual en hombres y mujeres con el arma, con las manos, botellas… de muchas maneras”, dice. La tortura aplicada por las policías y las fuerzas armadas inicia con vendar al secuestrado o detenido, para después desnudarlo: “Es una manera de afectar la psique de la persona porque al desnudarlo quedan a la deriva de cualquier cosa que quieran hacerte. El trauma psicológico se presenta rápidamente”. Enriquez Sam afirma que en el proceso de tortura participan varias personas de la cadena institucional: el policía, militar o marino; los funcionarios de esas instituciones que son testigos de la tortura, los ministerios públicos, los jueces e incluso los abogados de oficio. “Los jueces no valoran la inocencia de la persona, más bien, piensan que son delincuentes y se merecían ser torturados. Es una actitud autoritaria, sin iniciar un proceso para valorar su inocencia. Los jueces se prestan para no ser imparciales. Deberían de rechazar la forma en la que los presentan todos golpeados, pero no”. Por tanto, existe una normalización de la tortura: “Al haber demasiada policía en las calles, demasiado Ejército y demasiada Marina, la gente tiene miedo y se somete. Hay una confusión de la población que dice: qué bueno que están para protegernos, pero cuando ven que están también para golpearlos e ir a la cárcel por una declaración falsa bajo tortura”. Añade: “En el caso de la tortura está en la impunidad. Mientras no haya sanciones a los torturadores será imposible que se detenga. Nunca se ha enjuiciado a nadie por torturar, por lo tanto los policías saben que no les va a pasar nada y siguen torturando. El futuro en México tampoco es bueno, no se ve un cambio de estrategia con Enrique Peña Nieto. Si su asesor va a ser el general Oscar Naranjo pensamos que la tortura se va a mantener e incluso puede empeorar”. Mientras tanto en el temible Penal del Topo Chico, Marcelo Laguarda Dávila condenado a 42 años de prisión por firmar una confesión bajo tortura por un delito que no cometió, tiente la esperanza de conseguir su libertad. Su caso ha sido denunciado por Human Rights Watch y algunas cadenas norteamericanas como HBO y National Public Radio, también el periódico The Washington Post han expuesto su caso paradigmático. Ha encontrado una nueva forma de sobrevivir. En la cárcel ha creado un grupo literario y se encarga de apoyar a otros presos con la lectura y la cultura, fomenta clases de pintura, canto y los invita a escribir. Sus heridas no han sanado: “La tortura es lo peor que hay. Yo sentí que me iba a morir, pero me aferré a la vida y firmé. Y aquí estoy esperando un milagro, esperando mi libertad. Soy inocente, soy inocente”. 

FUENTE: http://www.sinembargo.mx/11-10-2012/394767.