Colaboración de padre 5anto
El contexto de discrecionalidad, corrupción e impunidad con que Petróleos Mexicanos se maneja desde siempre arroja en el caso de Mexlub un ejemplo, tan sólo uno, de lo que implica el desfonde incesante de la paraestratal. El viernes 21, Pemex decidió hacer “borrón y cuenta nueva” con la empresa Impulsora Jalisciense, que ocasionó la quiebra de Mexicana de Lubricantes. Pero este “perdón” por parte de Pemex, advierten legisladores del Movimiento Ciudadano, significa un quebranto de más de 12 mil millones de pesos, así como una evasión fiscal superior a 40 mil millones de pesos
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A dos meses de que concluya la gestión de Felipe Calderón, Petróleos Mexicanos decidió darle “carpetazo” a la relación con la firma privada Impulsora Jalisciense, su socia desde 1993 en la empresa Mexicana de Lubricantes (Mexlub), pese a que hay más de 60 demandas por falta de rendición de cuentas, mala administración de su director Salvador Martínez Garza y un presunto desfalco por más de 40 mil millones de pesos.
El viernes 21, tras varias reuniones en Guadalajara y con el aval de José Agustín Portal, asesor financiero de Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex, la paraestatal más importante del país decidió establecer “borrón y cuenta nueva” con Martínez Garza y su empresa Impulsora Jalisciense, que ocasionaron la quiebra de Mexicana de Lubricantes, luego de obtener ganancias netas por 225 millones de dólares anuales, antes de su privatización.
Pemex no sólo decidió otorgarle el “perdón” a Martínez Garza para no ejercer acción jurídica en su contra. También autorizó el pago de 79.4 millones de pesos para cubrir los adeudos de Sultana de Lubricantes y Lubrimar, dos filiales de Impulsora Jaliscense, a pesar de que con ello se viola el contrato de coinversión firmado el 19 de enero de 1993 entre Pemex Refinación y ésta.
En el acta de la propuesta de “perdón” de Pemex, cuyas medidas principales fueron presentadas originalmente el 15 de febrero de 2012 al consejo de administración de la paraestatal, el comité especial formado para revisar la información relacionada con Mexlub estableció que entre las numerosas irregularidades de la empresa estaban los adeudos a cargo y las garantías otorgadas por Sultana de Lubricantes y Lubrimar.
Ambas compañías son filiales de Impulsora Jalisciense, tal como se determina en el informe de febrero de 2012, elaborado por Pemex. Desde 2003 adeudan un monto total de 79.4 millones de pesos, pero la paraestatal decidió cubrir este saldo pagándoselo a Impulsora Jalisciense, con lo que incurre en una grave irregularidad.
En la cláusula 7.10 del contrato de coinversión de 1993, cuya copia obtuvo este semanario, se enumeran acciones que Mexicana de Lubricantes no podrá realizar “sin el consentimiento previo de Pemex”. En el inciso c) se prohíbe “la celebración, modificación o terminación por la empresa de cualquier contrato con el socio o con alguna de sus filiales o subsidiarias o con cualquiera de los accionistas del socio”.
A la quiebra
Antes de ser privatizada durante el sexenio de Carlos Salinas, Mexlub facturaba en sus cinco plantas productoras de aceites y lubricantes 280 millones de dólares al año, con ganancias netas de 225 millones de dólares, lo que colocaba a esta filial de Pemex como una de las 100 empresas más importantes y con mayores ganancias a nivel nacional (Proceso 1866 y 1868).
Dos décadas después, las ganancias reconocidas entre 1998 y 2000 fueron de apenas 6.4 millones de pesos; es decir, menos de 600 mil dólares al año, cifra inferior al salario de 10 millones de pesos que devengaron por concepto de “sueldos” Salvador Martínez Garza, como director general de Mexicana de Lubricantes, y su secretaria, entre marzo de 1997 y septiembre de 2001.
A pesar de estas irregularidades, el “perdón” de Pemex incluye la “no devolución de los salarios cobrados” por Martínez Garza y su secretaria; el “finiquito de juicios”; la “renuncia de daños y perjuicios de Mexicana de Lubricantes a favor de Pemex Refinación; la aprobación de estados financieros de 2001 a 2011; la disminución de capital, y “el reparto de dividendos”.
Pemex recibirá 399 millones de pesos, producto de la reducción de capital social en Mexicana de Lubricantes, así como 100 millones de pesos por concepto de pagos diversos, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir del acuerdo, firmado el viernes 21. Esta última cifra es inferior a los 173 millones de pesos que la paraestatal pagó por concepto de honorarios a “asesores jurídicos” entre 2001 y 2009, los cuales hicieron su agosto con el litigio interno.
Entre estos 24 despachos jurídicos, los más beneficiados fueron el de Aguinaco, Zaldívar y Aramburu S.C., que cobró 71.08 millones de pesos por la defensa de Pemex ante la Comisión Federal de Competencia, por incumplimiento de una resolución ante la práctica monopólica de venta exclusiva de lubricantes en las gasolineras de Pemex, así como el bufete González Fernández Abogados, que cobró 17.4 millones de pesos por la “asesoría jurídica” frente a la Cofeco.
Al despacho Chavira y Asociados S.C., se le pagaron 18 millones de pesos por un juicio crediticio interpuesto por Banorte y otras demandas mercantiles promovidas por Lubricantes Industriales del Golfo y Bardhal. Al despacho Barrera Siquieros y Asociados se le canalizaron 16.2 millones de pesos por otros litigios.
En otras palabras, los ganadores de la quiebra de Mexicana de Lubricantes y de los más de 60 pleitos por administración fraudulenta fueron los despachos de abogados que, en conjunto, recibieron más de lo que Pemex va a cobrar como “reembolso”.
Saqueo sistemático
En el acuerdo CAPR-055/2012 de la sesión 148 del consejo de administración de Pemex, realizada el 21 de agosto pasado, se presentaron como condiciones para aprobar el “borrón y cuenta nueva” una serie de medidas de “gobierno corporativo” en Mexicana de Lubricantes.
Entre esas acciones están la designación por parte de Pemex-Refinación de dos consejeros independientes en el consejo de administración de Mexicana de Lubricantes; la constitución de un comité de auditoría, presidido por un consejero independiente; otro comité de remuneraciones y la designación de un subdirector de finanzas.
Impulsora Jaliscense estuvo de acuerdo con estas condiciones y, a cambio, aceptó la aprobación de los estados financieros de 2001 a 2011; la disminución de capital y el reparto de dividendos; el desistimiento de todos los juicios, “sin reserva de acción legal alguna de las partes”; la modificación del contrato de suministro de aceites básicos, celebrado el 3 de octubre de 1996; el fin del contrato de maquila, y la “apertura del mercado de lubricantes en las estaciones de servicio dando por terminada la exclusividad con Mexicana de Lubricantes”.
El martes 18 la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo impulsado por Ricardo Monreal y Ricardo Mejía Berdeja, diputados de la bancada del Movimiento Ciudadano, para formar un grupo plural al interior de la Comisión de Energía con el objetivo de “transparentar todos los manejos comerciales y financieros de Petróleos Mexicanos” de 1993 a la fecha.
En la exposición de motivos, Monreal y Mejía Berdeja sintetizan las anomalías existentes en Mexlub y cuestionan la negociación establecida entre Pemex Refinación y Martínez Garza.
“¿A qué intereses responde esta renegociación? ¿Cómo se pretende llevar a cabo un ‘borrón y cuenta nueva’ cuando los nuevos términos de negociación implican la remisión del incumplimiento sistemático de obligaciones de todo tipo?”, cuestionan los legisladores.
Monreal y Mejía, avalados por la mayoría de los diputados presentes, establecieron en el punto de acuerdo que “parece totalmente sospechoso que en pleno proceso de transición, ante el regreso del partido y, muy posiblemente, de la cuestionada cúpula política que fomentó la fragmentación de Pemex, resurja la idea de la coinversión con una empresa que ha estado robando sistemáticamente durante años a la paraestatal”.
Los legisladores de la bancada de izquierda establecen que un arreglo de este tipo, que implica perdonar un quebranto de 12 mil 87 millones de pesos y una evasión fiscal superior a 40 mil millones de pesos (Proceso 1866), se relaciona con la negociación entre el gobierno saliente de Felipe Calderón y el entrante de Enrique Peña Nieto.
“El ‘nuevo PRI’ se estrena con viejas prácticas: condonar cualquier error, aceptar migajas, pasar por alto administraciones fraudulentas y adoptar una actitud encubridora y promotora de la impunidad, cuando se trata de amigos o aliados políticos”, sentencia el punto de acuerdo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario