El Gobierno irlandés ha dado otra vuelta de tuerca a los recortes en el sector público. Y, tras arduas negociaciones, ha conseguido hacerlo con el respaldo inicial de algunas de las principales organizaciones sindicales en el sector, como SIPTU, que ha anunciado que llevará esta “propuesta de acuerdo” para que la debatan los miembros del sindicato. La clave de la propuesta es que centra los nuevos recortes salariales en los empleados públicos que cobran más de 65.000 euros al año, que suponen menos del 20% del total.
La propuesta pactada en la Comisión de Relaciones Laborales, organismo que hace las funciones de árbitro entre el Gobierno y los sindicatos, establece una reducción progresiva para estos altos funcionarios que parte del 5,5% en los primeros 80.000 euros, para acabar en una rebaja del 10% a partir de 185.000 euros. Tras el descuento, que se aplicaría en julio de este año, el Ejecutivo irlandés les congelará las retribuciones durante tres años, hasta el verano de 2016.
Para la inmensa mayoría de los empleados públicos irlandeses, el Gobierno irlandés limita ahora la intervención directa en salarios a congelaciones parciales (de tres meses para los que cobran menos de 35.000 euros al año y de dos trimestres para los que reciban entre 35.000 y 65.000 euros) en este periodo de tres años, pero establece otras medidas de aplicación general, que tienen un efecto indirecto en la retribución: a los que tienen una jornada laboral inferior a 35 horas, les asigna un mínimo de 37 horas semanales; para el resto, ese mínimo se amplía a 39 horas a la semana.
Además, el Ejecutivo que dirige Enda Kenny ha reducido el importe al que se paga las horas extraordinarias y el trabajo en domingos, también mediante una escala progresiva. “Es un acuerdo justo y equilibrado para reparar nuestras finanzas públicas”, expuso el ministro irlandés de Hacienda, Brendan Howlin, que advirtió que será “vinculante” para todos los empleados públicos; media docena de organizaciones sindicales, como las que representan a las enfermas, abandonaron las negociaciones en protesta por los nuevos recortes.
El Gobierno irlandés estima que con estas medidas ahorrará otros 1.000 millones de euros al año en las retribuciones de los empleados públicos. A mediados de 2010, sindicatos y Gobierno alcanzaron un acuerdo, conocido como el pacto de Croke Park, en el que fijaron los criterios para rebajar el gasto en salarios públicos y establecieron la Comisión de Relaciones Laborales como vía para consensuar cualquier cambio en esta política, como ha sucedido ahora. Según el organismo que supervisa estos acuerdos, desde el inicio de la crisis el sector público irlandés ha perdido más de 28.000 puestos de trabajo, casi un 9% de los 320.000 que alcanzó en 2008. Y el gasto en remuneraciones ha descendido en 3.100 millones, un 18% desde el nivel máximo, registrado en 2009. La mayor parte de este descenso se debe a las dos pagas que perdieron los empleados públicos irlandeses antes del pacto de Croke Park, equivalentes, de media al 14% de su retribución.
Este nuevo ahorro en la remuneración de la plantilla del sector público irlandés se enmarca en las negociaciones con la troika, que sostiene que Irlanda puede ser el primer país rescatado (recibió un crédito de 85.000 millones de euros, más de un tercio para su sector bancario) que deje de necesitar la supervisión de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Para ello, debe lograr financiarse de forma regular en los mercados y progresar en la reducción del déficit público, que ya ha bajado del 13,4% al 7,7% entre 2011 y 2012.
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