MÉXICO, D.F. (proceso.co.mx).- El gobierno de Enrique Peña Nieto y los tres principales partidos políticos, PRI, PAN y PRD negocian amplias reformas constitucionales para acabar con los monopolios de Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con un reportaje publicado por The Wall Street Journal.
El diario estadunidense destaca que los negociadores ultiman los detalles de las medidas, que fortalecerían a los reguladores del gobierno, subastarían dos nuevas cadenas nacionales de televisión y eliminarían las restricciones a la inversión extranjera en telefonía fija, entre otros pasos.
Sin embargo, el reportaje firmado por David Luhnow y Juan Montes, advierte que el gran acuerdo contra los monopolios en las telecomunicaciones “podría frustrarse bajo la presión de Slim o del dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, y el de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Asimismo, la implementación de algunos cambios podría llevar años. Igualmente, incluso si las reglas de juego son iguales para todos, las empresas que dominan el mercado tendrán ventajas consolidadas que elevarán los costos para los nuevos participantes”.
A continuación el texto íntegro del reportaje:
CIUDAD DE MÉXICO.- Los partidos políticos de México están uniendo fuerzas para ir detrás de los tres empresarios más poderosos del país, incluido Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. Están negociando amplias reformas constitucionales para fomentar la competencia en los mercados de telefonía y televisión.
Negociadores de los tres grandes partidos políticos de México, entre los que figura el gobernante Partido Revolucionario Institucional, ultiman los detalles de las medidas, que fortalecerían a los reguladores del gobierno, subastarían dos nuevas cadenas nacionales de televisión y eliminarían las restricciones a la inversión extranjera en telefonía fija, entre otros pasos.
Las empresas de Carlos Slim controlan 75% del mercado mexicano de telefonía fija y 70% del de telefonía móvil.
Dos fuentes cercanas a las negociaciones afirmaron que quedaban algunos temas por resolver, pero se mostraron optimistas de alcanzar un acuerdo. Un proyecto de ley podría incluso presentarse en el Congreso la próxima semana.
“Estamos muy cerca. Creo que se resolverá de manera positiva”, indicó Jesús Zambrano, presidente del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, en una entrevista. Dos miembros del PRI, el partido del presidente Enrique Peña Nieto, prefirieron no referirse a los detalles, pero concordaron en que un acuerdo estaba cerca.
Los cambios buscan impulsar la competencia en dos mercados clave de la economía mexicana dominados por monopolios durante años. América Móvil SAB, AMX.MX -0.07% de propiedad de Slim, controla 75% de las líneas de telefonía fija y 70% de sus teléfonos móviles y banda ancha. A su vez, Grupo Televisa SAB y TV Azteca SAB, forman un duopolio televisivo.
El pacto aún podría frustrarse bajo la presión de Slim o del dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, y el de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Asimismo, la implementación de algunos cambios podría llevar años. Igualmente, incluso si las reglas de juego son iguales para todos, las empresas que dominan el mercado tendrán ventajas consolidadas que elevarán los costos para los nuevos participantes.
La falta de competencia en las telecomunicaciones, que se traduce en mayores precios y un servicio deficiente, le resta a México cerca de 1,8% de crecimiento económico al año, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OCDE ha presionado a México para que adopte muchos de los cambios que ahora se están considerando. “Si Slim puede competir en Europa, ¿por qué no ponerle a competir aquí en México?”, preguntó Rubén Camarillo, legislador del conservador Partido Acción Nacional, PAN.
Entre los cambios que se evalúan, informó Zambrano, está la creación de un nuevo regulador de las telecomunicaciones, que tendría la facultad de dividir empresas que estime demasiado poderosas, incluida América Móvil, el gigante telefónico de Slim. Añadió, sin embargo, que aún no hay un acuerdo al respecto.
Incluso medidas modestas para desafiar a los empresarios más poderosos constituirían un hito en un país donde el gobierno lucha desde hace tiempo por regular a las grandes compañías.
Cientos de resoluciones de Cofetel, el actual regulador de las telecomunicaciones, contra las empresas de Slim han quedado estancadas en los tribunales durante años. Slim ha dicho que tiene todo el derecho de usar los medios legales para defender sus compañías.
Las llamadas a América Móvil no fueron devueltas.
Entre los cambios propuestos se encuentra una reforma constitucional que impediría que las empresas ignoren resoluciones regulatorias mientras las cuestionan en la Justicia. También se establecerían tribunales especializadas para resolver disputas en las telecomunicaciones.
Televisa y TV Azteca combinadas acaparan 95% de los televidentes y han resistido los intentos por generar una mayor competencia anteriormente.
Cada empresa ejerce influencia no sólo a través de sus programas, sino también a través de un pequeño grupo de legisladores que trabajaron en los medios antes de ingresar a la política. El grupo se llama popularmente la “Telebancada”. Ninfa Salinas, la hija de Ricardo Salinas, es una senadora.
Las reformas son parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Peña Nieto por reafirmar el poder del Estado frente a los poderosos intereses especiales. El arresto esta semana de la titular del sindicato de maestros, acusada de malversar hasta US$160 millones del sindicato, es un importante paso en esa dirección, afirmó Zambrano, el presidente del PRD. La líder sindical bloqueó cambios al sistema educativo durante años.
Televisa indicó que le da la bienvenida a la competencia y considera que licitar nuevas cadenas de televisión es “saludable” para el país.
El proyecto de ley también eliminaría el actual límite de 49% sobre la inversión extranjera en telefonía fija y contempla la creación de una red de telecomunicaciones que le permitiría a las empresas eludir la red de Slim, que durante años ha cobrado altas tarifas para acceder al servicio, según la OCDE y los reguladores mexicanos.
—Anthony Harrup contribuyó a este artículo.
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