El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, confirmó que la exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, será trasladada a un hospital privado para someterse a una prueba de resistencia física por una supuesta isquemia miocárdica que se le detectó.
Se trata, explicó, de un estudio que no puede ser practicado en la unidad médica del penal de Tepepan.
Mancera comentó que los abogados y médicos de Gordillo Morales hicieron la solicitud del traslado la mañana de este viernes, y que una vez que se tenga definido a qué hospital será llevada, se realizará un operativo especial de seguridad para su traslado.
Una vez que se le practique el estudio, que podría efectuarse en un solo día, la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) regresará al penal, añadió el mandatario.
El médico que atiende a la maestra envió el lunes pasado una solicitud a la dirección del penal de Tepepan para autorizar el traslado de Gordillo Morales al hospital privado para la realización del estudio y confirmar si padece isquemia miocárdica.
Hace unos días, Marco del Toro, abogado de Gordillo, señaló que su defendida tiene diversos padecimientos y que su estado de salud es “delicado”.
La petición para el traslado al hospital fue turnada a la subsecretaría del Sistema Penitenciario, a cargo de Mayela Almonte, quien dio la autorización.
La isquemia miocárdica ocurre cuando se reduce el flujo de sangre al músculo del corazón por un bloqueo total o parcial de las arterias, esto disminuye el suministro de oxígeno y puede dañar el músculo del corazón reduciendo su capacidad de bombeo.
Una prueba de resistencia revela problemas asintomáticos del corazón y consiste en subirse a una caminadora o bicicleta estacionaria mientras se monitorean el ritmo cardiaco, la presión arterial y la respiración.
Con esta prueba se corre el riesgo de un infarto, por lo que es necesario que el hospital que lo realice cuente con lo necesario para atenderlo en caso de que se presente.
Gordillo fue detenida el pasado 26 de febrero por la Procuraduría General de la República (PGR) acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada por el desvío de al menos dos mil 600 millones de pesos del SNTE.
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