lunes, 22 de abril de 2013

En manos de PGR, uso de la fuerza para liberar Rectoría de la UNAM: Narro

El rector de la universidad llamó a los jóvenes encapuchados a desalojar de inmediato la Torre e indicó que no habrá diálogo con ellos mientras no sean liberadas las instalaciones de las que se apoderaron el pasado viernes.

En manos de PGR, uso de la fuerza para liberar Rectoría de la UNAM: Narro


El rector de la UNAM, José Narro, informó que ya fueron levantadas las actas correspondientes por la toma de la Torre de Rectoría el pasado viernes y que la valoración sobre si se usa la fuerza para liberarla está en manos de la Procuraduría General de la República, por tratarse de un delito federal.

“La demanda está radicada en la PGR y hemos dicho que se trata de un delito federal (la toma de Rectoría)”, indicó.

El rector afirmó que no habrá diálogo con el grupo que mantiene tomada la Torre ya que, consideró, se ha llegado a extremos que “no son tolerables”.


Narro informó que se reúnen evidencias de los actos ocurridos el pasado viernes, y que están en proceso las denuncias presentadas ante las autoridades judiciales y universitarias contra quienes las llevaron a cabo.

Las exigencias

El grupo de inconformes que mantuvo este lunes tomada Rectoría anunció que accederán a entregar el inmueble sólo si las autoridades universitarias acceden al cumplimiento de los tres primeros puntos de su pliego petitorio.

En primer lugar, los inconformes demandan que no se tomen represalias en contra de su movimiento, así como la renuncia total de la acción penal que interpuso la UNAM hacia quienes mantienen tomadas las instalaciones.

La segunda condición está orientada a la solicitud de un diálogo público entre autoridades y estudiantes expulsados del CCH Naucalpan, la fecha lugar y hora del encuentro deberá ser fijada por una  figura universitaria de manera pública.

El tercer punto exige la reinserción inmediata de los expulsados del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan además del cese de lo que llamaron, una campaña política de los medios de comunicación en contra del movimiento.

El grupo demandó también la desaparición del tribunal universitario, así como castigo a los responsables de los actos violentos registrados los días 1 y 5 de febrero en las instalaciones del CCH Naucalpan, en los que resultaron lesionados trabajadores y una alumna.

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