La iglesia católica no entregará a nadie los archivos de la disuelta oficina de Tutela Legal que documentó miles de casos de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado en El Salvador (1980-1992), afirmó el arzobispo capitalino, monseñor José Luis Escobar Alas.
Con orden del juez, la Fiscalía General de la República allanó las oficinas del arzobispado y pretendió incautar los archivos de Tutela Legal, pero ante la oposición de monseñor Escobar Alas acordaron “resguardarlos”, pero siempre en el arzobispado, informó el prelado en conferencia de prensa.
El arzobispo expresó su disposición a facilitar las investigaciones de la Fiscalía, porque “nos interesa el tema de la transparencia (y) no tenemos nada que ocultar”.
Pero luego dijo que “vamos a defender el archivo, no podemos permitir que se manipule el archivo, sea quien sea, respetamos la autoridad, les reconocemos su autoridad (de la Fiscalía), pero nuestro deber es proteger el archivo”.
Agregó que “de alguna forma se está queriendo quitar el archivo a la iglesia y eso no podemos permitirlo. El archivo lo vamos a proteger de una forma total y en cada una de sus partes, sobre todo por la confidencialidad de las personas”.
Escobar Alas dijo que los archivos serán custodiados por especialistas, entre los que figuran varios sacerdotes.
Diversos sectores han criticado la decisión de cerrar la oficina de Tutela Legal del arzobispado, que documentó y denunció diversos crímenes cometidos durante la guerra civil y defendió los derechos humanos de obreros, campesinos y estudiantes, especialmente de los más pobres.
Tutela Legal documentó graves casos de violaciones de los derechos humanos como el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de El Mozote (1981), y la matanza de seis sacerdotes jesuitas (1989), perpetrada por militares.
Con la intervención jurídica de Tutela Legal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la matanza de un millar de campesinos en El Mozote y estableció el pago de indemnizaciones para los familiares de las víctimas, pero una ley de amnistía se interpone en el cumplimiento de la sentencia.
Entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 alrededor de un millar de personas fueron asesinadas en El Mozote y otros caseríos aledaños durante una operación del ahora extinto batallón Atlacatl en el departamento de Morazán, al este del país.
Los soldados, entrenados en Estados Unidos, ingresaron a la zona en busca de las unidades del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional pero mataron a cuanto civil encontraron en el lugar. Muchos de los cuerpos fueron tirados en el interior de una pequeña iglesia que luego incendiaron.
Monseñor Rafael Urrutia, que acompañó al arzobispo Escobar Alas, explicó que están trabajando para organizar los archivos de Tutela Legal y adelantó que podrían ser unos 50.000 casos los que se han documentado.
Luego del cierre de la oficina de Tutela Legal, la iglesia constituyó una comisión especial que se encargará de crear un nuevo organismo que tendrá la defensa de los derechos de las víctimas, “tanto del conflicto armado, como los casos actuales de violación de los derechos humanos”, dijo el prelado en conferencia de prensa.
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